En el marco de la sesión del miércoles de la Comisión de Constitución de la cámara baja, que recibió a 14 delegaciones por el proyecto de tenencia compartida, representantes del Comité de los Derechos del Niño -una coalición de 14 organizaciones no gubernamentales- se posicionaron en contra de la iniciativa y dijeron a los legisladores que de ser aprobado “vulneraría” derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tales como “el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud, entre otros aspectos consagrados en la Convención [sobre los Derechos del Niño] y asumidos como obligación por parte del Estado uruguayo”.
Gastón Cortés, uno de los dirigentes del comité que expusieron sus argumentos ante la comisión, destacó entre los perjuicios que implica esta iniciativa “la vulneración del derecho a ser oído, del derecho a ser protegido ante toda forma de violencia y lo que tiene que ver con el principio del interés superior del niño”. Por otra parte, hizo hincapié en la falta de “exposición de motivos”, “evidencias de investigación, estudios o sistematización de jurisprudencia que muestren que la Justicia, actualmente, no cumple con lo dispuesto en la normativa vigente”, por ejemplo, en materia de regímenes de tenencia o visitas.
“Resulta preocupante que se tomen en cuenta relatos sin datos, evidencia o investigación que respalden afirmaciones que, entendemos, no tienen fundamento”, afirmó Cortés, y dijo que es por estos argumentos que el Comité ha sido parte de la campaña “Una ley innecesaria que daña la infancia”. En la opinión del Comité, el proyecto de ley del Partido Nacional y Cabildo Abierto “no resulta necesario en lo que respecta a la corresponsabilidad” porque “la normativa actual y vigente ya prevé la corresponsabilidad de ambos padres en los cuidados y la posibilidad de tenencia compartida, siempre que contemple el interés superior de cada niño, niña y adolescente en particular”.
En esa línea, Cortés señaló que las organizaciones integrantes del Comité ven “con preocupación la creación de un principio de corresponsabilidad y que se lo coloque por encima del interés superior del niño, invirtiendo el orden de protección”. “El proyecto pretende que los niños deben adecuarse a los intereses de los padres y de las madres y no a lo que es mejor para cada niño o niña, que, en algunos casos, puede llegar a ser contrario a lo que manifiestan los progenitores”, aseveró.
Cortés aseguró que en la opinión del comité “algunos artículos del proyecto de ley resultan regresivos en lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, por ejemplo, el 12, que “relativiza o restringe de manera inaceptable el derecho a ser oídos y a que se tenga en cuenta su opinión, ya que se establece que se garantizará en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma”. Sobre este punto, resaltó que “la Convención establece que no se puede generar ningún parámetro de restricción en relación a este derecho”.
La violencia intrafamiliar
La presentación del comité hizo foco en las situaciones de violencia intrafamiliar que viven niñas, niños y adolescentes en nuestro país, sobre el cual hay datos concretos y empíricos, a diferencia, señalaron, de las denuncias falsas y obstrucciones de vínculos que usan como fundamento las organizaciones impulsoras de la iniciativa. En ese sentido, se remitieron a los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), “que muestran que más de 7.000 casos de violencia fueron identificados en nuestro país” en el último informe.
Estos casos de violencia, continuó Cortés, “tienen que ver con maltrato y con abuso y explotación sexual”, y “lo más grave es que la mayor parte de esas situaciones, 93%, se dan en el ámbito intrafamiliar”. “Quiere decir que la familia tiende a ser el lugar más peligroso para los niños”, aseguró.
Cortés puso como ejemplo los homicidios, y subrayó que al 15 de setiembre de este año “seis niños y niñas fueron asesinados por sus padres, un niño fue asesinado por la expareja de su madre, cuatro niños y niñas presenciaron el femicidio por parte de su padre hacia su madre en contextos previamente denunciados de violencia doméstica”, los que representan “datos extremadamente alarmantes”.
Al respecto, Fabiana Condon, integrante del comité, explicó que “el articulado del proyecto de ley habilita que se dispongan visitas, aun cuando existen medidas de no acercamiento y de comunicación”, y señaló que ese es el aspecto que el Comité entiende “de mayor gravedad y riesgo en este proyecto”. “Es importante que se sepa que es muy frecuente en la práctica que la denuncia provenga del sistema educativo o del sistema de salud al detectar que ese niño o niña está en una situación de riesgo. Incluso, si la denuncia es realizada por la madre, por el padre o por otro adulto de referencia, también debe ser tomada en cuenta”, enfatizó.
Condon sostuvo que de la experiencia del trabajo con niños, niñas y adolescentes surge que “quienes abusan sexualmente niegan el ejercicio del abuso para seguir abusando y para garantizar de alguna manera ser exonerados de responsabilidad penal”, y que también “hay muchos papás y muchas mamás que contribuyen a la explotación sexual de sus hijos; son personas que reclaman las visitas para asegurarse el silenciamiento de sus hijas y sus hijos”.
En esa línea, expresó que “lo que se establece en el artículo 6, de plantear la prueba fehaciente, también preocupa porque la investigación de estos hechos es muy difícil, en especial cuando los niños continúan expuestos a situaciones de violencia y no hay garantías de protección”.
Por lo anterior, y en la misma línea que la Asociación de Magistrados del Uruguay, Condon dijo que la visión del Comité es que esta ley “es adultocéntrica”. “¿Por qué lo es? Porque prioriza el relato de adultos que dicen ser víctimas de denuncias falsas”, sentenció.