A raíz de un tribunal de honor de setiembre de 2006 que juzgó al excomandante en jefe Ángel Bertolotti, el periodista Samuel Blixen, del semanario Brecha, publicó este viernes detalles de una de las mayores crisis desatadas a la interna del Ejército Nacional, durante los primeros meses del primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Fue en julio de ese mismo año que el entonces presidente del Círculo Militar, el general retirado Ricardo Galarza, no estrechó la mano de Bertolotti durante un evento público y sostuvo que el comandante en jefe era “un traidor, un mentiroso y un comunista”. Según detalla la nota, este incidente fue el corolario de un proceso iniciado en febrero de 2005, cuando Vázquez, antes de asumir, se reunió con Bertolotti y le transmitió su intención de zanjar el tema de los derechos humanos y el pasado reciente.
Durante esta reunión, según se extrajo de las declaraciones de Bertolotti ante la Justicia y que luego repitió en el tribunal, el militar se fue con la idea de que el presidente electo sólo quería saber el lugar de los enterramientos, que no le interesaban los nombres de los responsables.
Luego de asumido Vázquez, Bertolotti comenzó el proceso interno con la instalación de una comisión, constituida por dos generales, Pedro Barneix y Carlos Díaz, quienes se encargarían de recabar la información. Mientras tanto, el prosecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, se reunía con generales y militares que habían tenido participación en la dictadura, instancias en que se les aseguró que no se iría detrás de los militares.
Según se extrae del tribunal, Bertolotti consideraba que estaba en una situación por lo menos compleja al tener que negociar con el Poder Ejecutivo y no dejar que la Justicia interfiriera; sin embargo, cuando la Interpol se definió por detener y extraditar a Argentina a los militares Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira, la situación se complicó y Fernández explicó al general Juan Córdoba –con quien se habían reunido previamente para decirle que nadie iría preso– que escapaba a su influencia, pues se trataba de un tema judicial. “Nosotros no queríamos, y yo personalmente no quería, un golpe de Estado”, le dijo entonces Córdoba –testigo en el tribunal de honor de Bertolotti– al prosecretario de Presidencia como una forma de advertir que la posibilidad estaba presente.
En ese entonces, Bertolotti propuso que los militares requeridos negociaran con el gobierno y les entregaran las “cuatro cabezas”, pasar ocho años en una cárcel uruguaya y no ser enviados a Argentina. Fue entonces que Córdoba le dijo a Bertolotti que “si [las detenciones] son por temas de la lucha antisubversiva, yo les voy a dar protección”; en el tribunal, el general reiteró su postura: “Yo no transmitiría esa orden a mis subordinados y no la iba a cumplir, y si él [Bertolotti] mantenía la orden, yo dejaba el cargo o él me relevaba”. Asimismo, aseguró que “los oficiales generales no compartían la actitud asumida por el Poder Ejecutivo, y así se lo plantearon al comandante en jefe”.
Otro de los testigos del tribunal de honor fue el coronel Juan Pomoli, de cuyas declaraciones se extrae un plan que estaba siendo urdido para secuestrar al mayor José Arab, señalado como quien conocía el paradero de los restos de María Claudia García. Pomoli señaló “la planificación de un posible secuestro al [sic] ex mayor Arab con la anuencia del Teniente. Gral. Bertolotti”, para lo que se disponía ya un automóvil en Rivera.
Sin embargo, otra de las revelaciones de las declaraciones de Pomoli en el tribunal de honor tiene que ver con las reuniones que se mantuvieron en una chacra propiedad del general Raúl Villar, en Canelones, donde aparentemente se habría planeado un atentado contra la vida del presidente Vázquez.
El malestar de los generales para con el comandante en jefe Bertolotti se acrecentó a raíz de la vigilancia que este impuso sobre la chacra de Villar, quien “hacía reuniones, tenía un campo de entrenamiento, se juntaba con militares e iba a atentar contra el presidente con una moto cargada de explosivos, y por si fallaba tendrían un avión con explosivos”.
El general Carlos Díaz, entonces, advirtió a Bertolotti que si no le comunicaba al general Villar sobre el operativo, él mismo lo haría. Entonces, el comandante en jefe suspendió la vigilancia y más tarde pidió disculpas a Villar. Si bien no se comprobó el plan de magnicidio, de acuerdo a Bertolotti en el tribunal, en ese ambiente de crispación no se podía descartar nada, y ratificó que las reuniones “paralelas” de mandos militares se hicieron más frecuentes cuando la Justicia inició las investigaciones por la desaparición de Adalberto Soba.
Según consigna Brecha en el artículo, Bertolotti sostuvo en su tribunal de honor que “hasta 2004 se respetó en un todo la ley de caducidad y, cuando algún juez buscó soluciones alternativas, se crearon situaciones conflictivas que siempre el Poder Ejecutivo las solucionó a pedido de los comandos, previendo preservar la vigencia de compromisos tácitos asumidos”.