“¿Es tan complicado decir dónde están y cómo funcionan para mantener el apoyo?”, preguntó el ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, en una rueda de prensa que tuvo lugar en medio de un debate entre la Secretaría de Estado y la Coordinadora Popular y Solidaria por los datos de las ollas populares que, a partir de ahora, se exigirán como condición para seguir brindando insumos.
La cartera tomó la decisión de que aquellas ollas populares sobre las que el Mides no tenga información básica como dirección, días de funcionamiento y cantidad de personas a las que atiende no les brindará más alimentos para cocinar y repartir. En cambio, desde la coordinadora se afirma que los datos que se tienen son públicos y que, si se quiere información más precisa, le corresponde al personal del Mides recabarla.
El martes, en rueda de prensa, Lema repasó que el Mides brinda apoyo alimentario a la población a través del Instituto Nacional de Alimentación (Inda) con 57 comedores en todo el país y con asistencia a más de 500 instituciones. Pero, además, manifestó que “el gobierno también apoya” a las ollas populares, pese a que actualmente “todos los indicadores en la demanda de alimentación dan a la baja”.
Según manifestó, se pidieron “los datos a todas las ollas” pero desde la Coordinadora Popular y Solidaria “se los niega y, según trascendió, por una decisión política”. “Nosotros no entendemos el misterio, es individualizar las ollas, dónde están ubicadas, cuántas veces por semana funcionan y cuántas porciones aproximadamente” brindan, “esos son los datos, no se piden ni datos personales ni nada”. Lema afirmó que la información es necesaria, porque el apoyo brindado a cada iniciativa parte de “la plata de todos los uruguayos”.
“Nosotros lo que buscamos es mantener el apoyo”, agregó el ministro. Según supo la diaria, la idea de la cartera es poner en práctica este cambio de manera progresiva para que cada una de las ollas, a cambio de continuar recibiendo los insumos, brinde los datos requeridos. En este sentido, existe la creencia de que algunas ollas van a apartarse de la política de la coordinadora y, por separado, enviarán la información.
La coordinadora convocó a una movilización
En los últimos días, la Coordinadora Popular y Solidaria emitió un comunicado en el que señaló que “a nadie le puede ser ajeno que los aumentos de precios y el deterioro del poder de compra de la gente ha tenido como protagonistas a los insumos de la canasta alimenticia” y que, en definitiva, “el dinero rinde menos, pero rinde mucho menos a la hora de conseguir alimentos”. Por ese motivo, “todos los meses más de 1.200.000 porciones de comida se sirven en ollas y merenderos en un país donde en la última semana se tuvo que presenciar el espectáculo insultante e indignante del festejo de quienes se han enriquecido en el marco de esta situación, exportadores de alimentos, especuladores, lavadores, desvergonzados de todo tipo”.
“Frente a un fenómeno de esta magnitud quedan muy en evidencia las ausencias estatales cuando vemos a un ministerio reconocer que en ningún momento quiso cuantificar o mapear la realidad de las ollas. Es lastimoso y da vergüenza que jerarcas del Mides con sueldos de seis cifras estén desde hace dos años mendigando los datos y cifras que su notoria ineptitud no ha podido arrojar”, agrega el escrito.
“Los datos del último informe son públicos pero ellos desestiman nuestra tarea solidaria y al mismo tiempo quieren que hagamos el trabajo del que ellos han huido”, dice el texto de la coordinadora, que señala que si el Mides “quiere saber más de las ollas, que haga su trabajo”, porque ellos no son “una oficina ministerial”.
En conclusión, la organización decidió “convocar a una gran movilización del pueblo solidario para el próximo martes 11 de octubre”, bajo el entendido de que “a la desinformación, a la mentira, a la desigualdad y al hambre” se le debe poner “el cuerpo en la calle”.
Debate partidario
Pero el debate no se remite únicamente al Mides y la coordinadora de ollas populares, ya que los principales partidos políticos también hicieron notar su versión de los hechos. El diputado del Frente Amplio Gonzalo Civila manifestó a la diaria que le preocupa “esta ofensiva discursiva contra las organizaciones de ollas” por parte del gobierno. Dijo que “hay un dato muy fuerte y es que en el país hay cientos de ollas populares” y “esa situación evidentemente no es producto de un hobby o de una invención de la gente, sino que es producto de una necesidad”, lo que “es suficientemente alarmante y grave como para que el gobierno se conduzca en esto con mucho cuidado”.
“Hay gente que está intentando, a través de la solidaridad organizada, cubrir una necesidad básica elemental que tenemos todas las personas y que no está satisfecha. Esto revela la gravedad de la situación social y la reserva de solidaridad que hay en nuestro pueblo. Frente a esto, el discurso del gobierno centrado en los datos que proporcionan o no proporcionan las ollas me parece que intenta correr el eje del elemento central, que es que el gobierno debería estar muy preocupado por cómo resolver y atender” la situación, apuntó Civila.
“Hay, por un lado, una política económica que concentra la riqueza, que es la principal explicación y causa de que situaciones como esta persistan, y, por otro lado, un estilo de relacionamiento del gobierno de mucha desconfianza con la gente que intenta abordar esta situación desde la solidaridad, y de pretender desconocer a la propia organización social”, añadió.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano dijo estar “de acuerdo en la intención del ministerio de controlar a aquellas organizaciones que bajo el halo de la actividad solidaria usan recursos del Estado y en que estas den debida cuenta de adónde y a quiénes van esos recursos”. Además, destacó que “el Estado, de forma poco usual y en cierto modo motivado por la pandemia, está dando sostén a lo que antes, tradicionalmente, era sólo a partir del impulso solidario de la gente”, en el sentido de que “muchas de estas ollas se mantienen porque el Estado está atrás ayudando”.
Sin embargo, dijo que “quizás lo que haga falta es sentarnos en una mesa” y buscar “la mejor forma” de conseguir los datos de las ollas y no cortar el suministro de alimentos, porque “de estas actividades de las organizaciones está dependiendo gente que de algún modo está en dificultad”. “Deberíamos acercar un poco las posiciones para encontrar una solución intermedia a esta situación”, dijo y agregó que “tiene que haber un esfuerzo de las coordinadoras de bajar la pelota al piso” y “las autoridades de gobierno” deben recurrir “a ese mismo camino”.
“Nosotros, obviamente, tenemos cierta espina de que en el pasado se instaló un discurso vinculado al hambre y también no podemos dejar de tener presente que en algún momento estas mismas ollas fueron instrumento para juntar firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración”, dijo en referencia a que algunas acciones de la coordinadora de ollas populares “han tenido notoriamente reminiscencias políticas”, lo que actualmente “genera cierta desconfianza”. No obstante, manifestó que no se puede desconocer “la tarea que ellas generan”. “Entonces, me parece que si el servicio se presta bien, hay que seguir prestándolo”, dijo Viviano. En última instancia, manifestó: “Quiero creer que estas organizaciones no van a ser al extremo tan tozudas de poner en juego el bienestar de la gente por un capricho”.