El esposo de la vicecanciller Carolina Ache, el empresario Tomás Romay Buero, no presentó la declaración jurada de bienes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Ante el reclamo del organismo, dijo que estaría dispuesto a hacerlo si la información se mantiene en reserva y no se publica íntegra en la web, según informó este jueves el semanario Búsqueda.
Ache entregó la primera declaración jurada como vicecanciller en abril de 2020 y allí detalló un patrimonio total de 630.000 dólares (con el dólar a 43 pesos) e informó estar casada “con separación de bienes por capitulaciones matrimoniales”, por lo que no cuenta con “bienes gananciales”. Asimismo, el espacio para los datos que debía completar su esposo está vacío, a pesar de que la ley obliga a brindar la información a las autoridades y sus cónyuges.
La Ley 17.060, conocida como “ley cristal”, establece que las declaraciones serán públicas y se podrán encontrar en la página web con los datos identificatorios de bienes, derechos y obligaciones omitidos, por razones de seguridad.
Ache respondió por escrito la consulta del semanario y explicó: “Se trata de un trámite en curso, donde mi marido y yo hemos comparecido en tiempo y forma. Presenté mi declaración jurada tal como me fuera requerida y mi marido compareció señalando su total predisposición a presentar la suya, al amparo de las disposiciones de la propia Ley 17.060, particularmente su reserva. Estando a la espera de la respuesta de Jutep, que hasta ahora no se ha expedido”.
Esta ley está en cuestión desde que el senador nacionalista Juan Sartori se negó a entregar la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, hija de un magnate ruso. De hecho, Sartori anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad, alegando que él no puede obligar a su esposa a llenar la declaración jurada.
Ache no iría por ese camino, según recoge el semanario, pero plantea argumentos similares, en tanto afirma que su marido no es empleado público, que tienen separación de bienes y que carece “de potestades como para obligarlo a cumplir”. De todas formas, subraya que a pesar de que entienden que Romay no está obligado, “de buena fe compareció y expresamente manifestó estar dispuesto a presentar su declaración jurada”, siempre que no se haga completamente pública.
Así las cosas, Ache cuestionó que la Jutep publique las declaraciones juradas “en su integridad, subiéndolas escaneadas a la web”, si la normativa “indica que debería publicarse una versión resumida”, y también expresó su sorpresa por el hecho de que “trascienda un trámite aún a estudio”.
Según informa Búsqueda, la Jutep está lejos de poder dirimir la situación del empresario Romay porque tiene una sola abogada que está trabajando en un informe que pidió la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades en la concesión a Katoen Natie en el puerto de Montevideo.