Con los votos del oficialismo, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados rechazó el recurso de apelación que elevaron ediles frenteamplistas de Rocha por la resolución de la intendencia de ese departamento que aprobó la excepcionalidad para un proyecto de desarrollo urbanístico en el balneario Garzón, cercano al departamento de Maldonado, propuesto por Garzón Marítimo SAS. El martes el plenario de la cámara baja tratará el asunto.
La apuesta de la empresa es a construir y desarrollar “un emprendimiento turístico, hotelero y residencial sustentable de primer nivel dentro de los padrones”, según un documento difundido en primera instancia por Montevideo Portal. La inversión de este megaproyecto, con “cuidado” en el medioambiente, iba a ascender a 2.900.000 dólares de forma directa, mientras que indirectamente se planean invertir otros 7.900.000 dólares en los próximos 10 años.
El recurso presentado por los ediles frenteamplistas contra la decisión del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, de exceptuar a Garzón Marítimo SAS del cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial, se basa en el artículo 303 de la Constitución, que dispone que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento”.
Si bien hasta el miércoles había posiciones definidas en la oposición y el oficialismo, faltaba que el diputado cabildante Eduardo Lust definiera su voto. Según explicó a la diaria, su voto iba a ser jurídico y no político, y finalmente rechazó el recurso presentado por los ediles rochenses y se enfiló con los diputados multicolores.
Lust fundamentó su voto en que “hay un problema formal”, dado que la resolución de la comuna es un acto administrativo, por lo que piensa que es “susceptible” de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que “desde el momento en que afecta un fraccionamiento –en última instancia, es eso lo que hace– cambia las reglas de juego, y hay personas que tienen el requisito del interés legítimo –no un derecho subjetivo, pero sí un interés legítimo– directo y personal, que son los vecinos o los propietarios de las otras fracciones que compraron creyendo que los fraccionamientos siempre iban a ser de 50.000 metros, pero ahora, en el medio del fraccionamiento, permiten a una empresa fraccionar en una superficie menor”.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Lust consideró que “es claro” que el interés “legítimo” les permite a los ediles presentar un recurso administrativo, así como “la nota directa y personal que exige la Constitución también la tienen”, en su concepto, “porque ellos podrían, perfectamente, impugnar esta resolución por vía recursiva”.
“Los propietarios de los fraccionamientos de 50.000 metros que se reunieron conmigo me expresaron que aún no habían presentado recursos porque estaban esperando la resolución de esto, y que sus abogados –que los tienen– les habían dicho que como la resolución departamental nunca les fue notificada –ellos se enteraron por la prensa de esta situación– el plazo para recurrir no les había corrido. Entonces, para mí, es claro que en el caso de Rocha hay un tema formal: el acto administrativo es susceptible de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y un requisito del artículo 303 para admitirlo es que no vaya”, apuntó.
Tucci: “Se está burlando la ley”
La posición de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), encabezada por el cabildante Norbertino Suárez, era contraria al procedimiento que se llevó adelante desde la comuna rochense, por lo que el exdirector de Ordenamiento Territorial de Rocha, Antonio Graña, consideró en diálogo con la diaria que “lo político está por encima de lo jurídico”.
Por su parte, el diputado frenteamplista e integrante de la comisión Mariano Tucci alegó que si se reduce todo a lo jurídico “la política se transforma en un reducto exclusivo de los abogados”. Según afirmó, el Frente Amplio “bajo ningún punto de vista” está en contra del “desarrollo local” de los departamentos, “siempre y cuando se dé en el marco normativo de respeto de la Constitución y de la ley”.
Tucci opinó en la sesión del miércoles que piensan “exactamente igual” que la Dinot: “Nosotros consideramos que se está burlando la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, más allá de las autonomías de los gobiernos departamentales”, y pidió hacer lugar al recurso presentado.
La diputada frenteamplista Cecilia Bottino será quien haga el informe en minoría en el plenario de mañana, según confirmó a la diaria. Allí dará cuenta de que se aprobó una reforma de un plan local sin seguir los procedimientos previstos por la ley, omitiendo así la participación pública, “lo que por sí solo acarrea la nulidad”. Además, sostuvo que debieron observarse “todos” los procedimientos establecidos por la ley para su aprobación, y además expresó que debe tenerse especialmente en cuenta que la omisión en las instancias obligatorias de participación social “acarreará la nulidad del instrumento de ordenamiento territorial pertinente”.
Para el FA, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se tomó atribuciones que no le correspondían porque la ley “no se lo permitía”. Según la oposición, el proyecto no cumple con la normativa departamental “ni con las directrices departamentales, ni con el plan de las lagunas, ni con la ordenanza costera”. La aprobación surgió luego de que los 16 ediles blancos levantaron la mano, mientras que la oposición y el único edil de Ciudadanos, sector colorado, no acompañaron la iniciativa.
Para exdirector de la Dinot, “es una doble excepción”
Según explicaron en el Parlamento los ediles frenteamplistas, el régimen de excepcionalidad se fundamenta en la inversión privada a desarrollar, asumiendo que “es contrario a toda planificación de la zona costera del departamento de Rocha y la inversión inicial de 2.900.000 dólares que invocan no está justificada ni indicada en forma precisa”. Respecto de los tributos, expresaron que si se realiza bajo el régimen de excepcionalidad propuesto implica “la valoración de la tierra” y “debería establecerse a priori un sistema tributario que recoja la plusvalía por el gobierno departamental, generando una nueva normativa”.
El fraccionamiento, que se encuentra ubicado entre las áreas protegidas de la Laguna Garzón y de la Laguna de Rocha, frente al mar, fue aprobado en la década del 50. Tiene 167 hectáreas y 1.804 solares y está bajo la categoría de turismo de baja intensidad. Es decir que para construir es necesario tener cinco hectáreas de área mínima y continua.
El decreto de la Intendencia de Rocha dispone para 87 padrones del fraccionamiento, que serían cerca de 350 solares, que no llega a 20% de la totalidad del fraccionamiento, la excepción de construir en un área mínima de 1.000 metros; o sea que de 50.000 metros de área mínima pasaron a 1.000 metros de área mínima para 87 padrones del fraccionamiento, expusieron los curules.
“De modo que esta es una doble excepción. Es una excepción del fraccionamiento respecto a sus vecinos y aledaños. Los otros fraccionamientos que existen en la zona, en la faja costera, que también están bajo la categoría de turismo de baja intensidad –Santa Rita, Costa Dorada, Santa Isabel, Las Garzas, etcétera– no tienen esta excepción”, expresó Graña ante los legisladores.
Por su parte, el edil frenteamplista Eduardo Veiga opinó que el “proceso político está agotado”, y aclaró que no están en contra de que se revisen los planes sino que no comparten “la forma en que se hace”. “Si hay que revisarlos que se haga, pero con los procedimientos legales. No estamos trancando el desarrollo. Queremos que las cosas se hagan bien”, concluyó.