Mientras la discusión por la reforma de la seguridad social está en las gateras del Parlamento, los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, estudian y elaboran sus aportes al anteproyecto entregado por el Poder Ejecutivo a los líderes de cada partido a fines de julio.
El viernes, una reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, sumada a las declaraciones de este último un día antes, generaron suspicacia respecto a qué tan a bordo estarán los cabildantes a la hora de votar el proyecto en ambas cámaras, una vez ingresado.
Según informaron desde CA, este jueves sesionará la mesa política del partido, luego de la que se espera sea anunciada en detalle la “docena de puntos” que el excomandante en jefe del Ejército entregó al mandatario durante su encuentro en Suárez y Reyes, así como un documento completo con los aportes al anteproyecto.
Sin embargo, de acuerdo a un resumen al que accedió la diaria en el que se explicitan al menos una parte de las propuestas -según fuentes, en esas dos carillas “faltan varias cosas”-, se habla de que si bien “se comparte la idea de establecer una reforma integral, abarcando todos los subsistemas de seguridad social”, CA entiende “imprescindible establecer en forma clara”, cuáles son “las especificidades y cómo las mismas son contempladas en el proyecto”.
En otras palabras, entienden que hay una “falta de definiciones y modificaciones al régimen vigente en las Cajas Paraestatales”, como la Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Para esto, CA propone que dentro del “sistema universal” debería darse, por un lado, una “igualdad de prestaciones” para activos y pasivos y un “financiamiento único” y que se establezca que los “recursos fiscales”, es decir, los impuestos que sustentan la seguridad social, sean “para todos”, eliminando así “el concepto de que son recursos genuinos del BPS [Banco de Previsión Social]”.
La edad
En los siguientes puntos del resumen, CA hace foco en un tema central del anteproyecto y quizá uno de los que más opiniones ha suscitado: el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, que de acuerdo al articulado presentado por el gobierno se haría de forma gradual para los nacidos a partir de 1967, que se jubilarían con 61 y así hasta llegar a los nacidos en 1971, que lo harían ya con 65 años.
Según CA, los nacidos en 1967 “ya fueron afectados por la reforma de 1996” y proponen “mantener el régimen actual para aquellos que configuren cualquier causal” antes del 31 de diciembre de 2034, y comenzar con este aumento gradual para los nacidos a partir de 1974.
De la mano con esto, proponen que la “convergencia”, es decir, la transición de un sistema a otro -que implicaría la desaparición de las cajas paraestatales- se haga en un plazo de 30 años y no de 20, como está previsto en el anteproyecto.
Respecto a las pasividades, Cabildo hace referencia al concepto de “compatibilidad de jubilación y trabajo” y pide que se hagan “cambios en el anteproyecto que permitan la acumulación con servicios que ya integran una jubilación y la compatibilidad entre las actuales causales de edad avanzada y otra u otras pasividades”.
El Partido Independiente también se pronunció
De acuerdo a un texto elaborado por el Partido Independiente (PI), fechado el 29 de agosto, el socio minoritario de la coalición de gobierno tendría posturas contrarias respecto de cuatro puntos del proyecto, según publicó El Observador: las modificaciones al régimen de pensiones por viudez, las pensiones por discapacidad, jubilaciones anticipadas, e incluir “ciertas ocupaciones” en el análisis de las bonificaciones en la Agencia Reguladora de la Seguridad Social.
Respecto al primer punto, el PI indica que no comparte “las modificaciones propuestas al régimen de pensiones de sobrevivencia”, diferencias que alcanzan “tanto a las propuestas que implican la reducción de los montos de estas pensiones como a los criterios sobre la duración de las pensiones de sobrevivencia”, un punto de contacto con lo expresado en su momento por Manini Ríos, quien entendió que el anteproyecto “afecta a las viudas”.
Por otra parte, el texto sostiene que desde el partido del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tampoco se comparte “la reducción propuesta de las prestaciones referidas a las pensiones por discapacidad total” y que no es “razonable” reducir “en más de veinte puntos el monto de estas prestaciones”. Para el PI, “deben existir otros mecanismos de control para evitar los abusos, pero reducir en forma tan significativa el monto de estas prestaciones no es el camino aceptable”.
Sobre el no aumento de la edad jubilatoria para los trabajadores rurales y de la construcción, que podrán seguir retirándose a los 60 años, el PI considera que es importante “que si se reconoce que los trabajadores que desempeñan una actividad que la normativa reconoce que debe admitir el retiro a los 60 años, no debe haber una penalización por retirarse a esa edad”, es decir, que se asegure que estos trabajadores no pierdan por retirarse anticipadamente.
Para la colectividad liderada por Mieres, la Agencia Reguladora de la Seguridad Social propuesta en el anteproyecto, “debería incluir en el análisis de las bonificaciones a ciertas ocupaciones que, por su naturaleza, no permiten la consolidación de aportes para acceder a una causal jubilatoria” y cita el ejemplo de “actores, músicos y otros trabajadores vinculados a espectáculos culturales; así como el caso de los guardavidas o los deportistas profesionales”.