Fue el jueves cuando, tras una reunión, la Mesa Política de Cabildo Abierto (CA) hizo públicos los 12 puntos que elevaron al Poder Ejecutivo respecto al anteproyecto de reforma de la seguridad social, entregado a los partidos políticos con representación parlamentaria a fines de julio.
Uno de los hombres de Guido Manini Ríos, el actual subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, estuvo este lunes en Esta boca es mía donde fue consultado por las propuestas de CA y la posición del partido de cara al anteproyecto. En este sentido, Elgue recordó que el “Compromiso por el país”, el documento firmado por los líderes de los partidos que integran la actual coalición de gobierno antes de la segunda vuelta de noviembre de 2019, establece que debería ir hacia el nuevo sistema “en base a un sólido trabajo técnico y un amplio apoyo político”.
El documento consigna, según Elgue, que el sistema a desarrollar debería ser “sostenible y justo”, es decir, “no hay algo que sea incompatible entre la justicia y la sostenibilidad”, y es por eso que uno de los primeros y principales planteos de CA “es que esa reforma integral debe establecer prestaciones iguales para todos los activos, prestaciones iguales para todos los pasivos y un financiamiento común”.
Consultado sobre por qué no plantearon estos reparos durante la discusión y elaboración del proyecto, Elgue explicó que CA integró la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), conformada para trabajar “en el diagnóstico y en las recomendaciones”, pero que luego “hubo un equipo que trabajó en la redacción; de ese equipo de redacción del anteproyecto quedamos excluidos”, equipo en el que “hay redactores que pertenecen al Frente Amplio”, según el jerarca.
Así, Cabildo entendió que “las recomendaciones de la CESS no son tomadas” en el anteproyecto, y aclaró que no están “en contra de la reforma”, sino que “la CESS hizo recomendaciones” y a la hora de plasmarlas en el anteproyecto “no aparecen”.
Es por eso que, según Elgue, apuntan “a esa universalidad” del sistema, y a “proporcionar cierta certeza jurídica”, puesto que se estarían modificando “varios regímenes, porque estamos llevando todos los sistemas a quedar todos bajo un mismo sistema”. En este sentido, recordó que “hay tres cajas paraestatales que tienen una situación económica diferente, que en el anteproyecto van también hacia el sistema común pero no están establecidos los procedimientos para salir de sus situaciones actuales”.
Asimismo, otra de las propuestas de la CESS que, según el cabildante, no fueron tenidas en cuenta es que el ámbito temporal de aplicación de la reforma tendría que ser “entre cinco y diez años”, porque “no hubo acuerdo entre los integrantes que votaron el diagnóstico”. Sin embargo, en el anteproyecto “se establece que es a partir del 1º de enero de 2027”; entonces, para Elgue, si la reforma es aprobada este año, “serían cuatro años como máximo” para ponerla en marcha; es por eso que desde CA entienden “que por un tema de justicia y consideración de las personas, tiene que ser a partir del año 2034”.
Así, podrían enumerarse las demás propuestas de CA respecto a las pensiones por viudez, a las prestaciones por hijo, a las pensiones por incapacidad, pero quizá una de las centralidades de la docena de puntos sea el tema de la “convergencia”, es decir, el tiempo en el que las personas pasarán del sistema actual al nuevo, previsto a 20 años en el anteproyecto, pero que Cabildo propone hacerlo en 30.
Respecto a esto y a la posibilidad de que el cambio sea a partir de 2034, Elgue explicó que pidieron al Banco de Previsión Social realizar una “simulación” para “cargar estas variantes comparadas con las variantes del anteproyecto” y hacer las evaluaciones correspondientes. Asimismo, llamó a establecer “un análisis técnico que determine la especificidad de cada profesión”, y “en base a ese análisis técnico que considere, por ejemplo, la salud ocupacional y otros factores, ahí veremos cuáles son los años de retiro y cuáles son las bonificaciones”.