A fines de diciembre, el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva dijo a la diaria que ve con buenos ojos la posibilidad de que este año el oficialismo impulse una nueva ley de urgente consideración (LUC), el formato que fue el caballito de batalla del gobierno en 2020, con el argumento de que 2023 “será de mucha conflictividad”, entonces sería inteligente “ver lo que hay pendiente y meterlo todo en una LUC parte dos”. Dentro de la coalición la idea no encontró muchos adeptos, pero el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía está más que de acuerdo.
En diálogo con la diaria, Zubía subrayó que él “hace tiempo” viene hablando de una “LUC dos”. Indicó que la primera LUC operó “básicamente” con disposiciones sobre el ámbito policial, pero en lo que respecta al sistema judicial “no hubo normas importantes relativas al proceso penal”, uno de los temas que más le inquietan. Por lo tanto, para Zubía se debe pensar en una “LUC dos” en ese sentido, y hace tiempo que viene trabajando al respecto con el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust y con el diputado del PN Mario Colman, pero tienen “poca fuerza de cañones”.
“Lo ideal, con las dificultades que esto tiene, sería crear una cosa orgánica, pero aquí tenemos un problema político. Con Lust y Colman, representando a cada uno de los partidos de la coalición, estamos haciendo estos esfuerzos pero a títulos muy personales. Está faltando lo de siempre: la estructuración de una política más decidida del Poder Ejecutivo”, subrayó. Zubía resaltó que “las grandes reformas las sigue haciendo el Poder Ejecutivo”, y lo que pueden hacer en el Parlamento son “reformas menores, porque está faltando la potencia de fuego, que es la que concita el presidente de la República”, Luis Lacalle Pou.
El diputado sostuvo que el cambio “más importantes de todos” sobre el nuevo Código del Proceso Penal tiene relación con que hoy cualquier persona puede ir presa “durante 180 días sin que se diligencie ninguna prueba en su contra”. Zubía remarcó que eso es “alarmante” y sería “para tirar bombas brasileras y hacer una buena manifestación”, pero no se dice “ni una sola palabra”. Resaltó que el nuevo código posibilitó violar el artículo 15 de la Constitución de la República, que dice que “nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente”.
El artículo 224 del Código del Proceso Penal (Ley 19.293, de 2015) establece los requisitos para disponer la prisión preventiva: el tribunal podrá decretarla “si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse”.
Zubía subrayó que “encima el código es violado”, dado que habla de “semiplena prueba” pero no se cumple con el “diligenciamiento”, ya que una cosa es la existencia, que puede estar en el concepto teórico, y otra es el diligenciamiento, que es llevarla “a la fase empírica”; es decir, “tiene que venir la viejita, señalar con el dedo y decir que ese fue el que la rapiñó”. “Pero hoy todo el sistema jurídico se come los mocos frente a la violación constitucional del diligenciamiento de semiplena prueba. No se diligencia semiplena prueba y el tipo va al Comcar”, agregó, y sentenció: “La semiplena prueba se la pasan por las partes. Sin embargo, el sistema se ha callado”.
“Fiscalía de cárceles” y “control militar” en “lugares clave”
Zubía subrayó que este tema es uno de los que pondría en una segunda LUC, “para empezar”, ya que luego hay otra cantidad de temas vinculados “a los plazos, a las garantías y a los recursos”. Recordó que también quiere impulsar la creación de una “fiscalía de cárceles”, dado que las prisiones son “tierra de nadie”, es decir, “hay violaciones a los derechos y dificultades brutales”.
Por último, Zubía señaló que está “conforme” con la cantidad de normas de la LUC que “racionalizaron la operativa policial”, y los resultados los divide en dos: las rapiñas, los hurtos y el abigeato “y algún otro delito más ha disminuido”, pero los homicidios “es un tema aparte”, dado que luego de dos años en los que “dieron resultado determinadas medidas policiales”, en 2022 “los homicidios crecieron exponencialmente”, reconoció. Por lo tanto, para solucionarlo propone colocar a las Fuerzas Armadas “en determinados puntos de Montevideo”.
Recordó que una ley del segundo gobierno de Tabaré Vázquez (19.677) posibilitó el trabajo de militares en funciones de Policía en la frontera. Zubía subrayó que no se trata de que los militares salgan “a la calle, así como así, como en los años 70 [lo hicieron] las Fuerzas Conjuntas”, sino que en “determinados lugares clave, en una calle, haya un control militar con detención, identificación de vehículos y cacheo de personas”. “Es control militar. ¿Te hace recordar a los 70? Problema tuyo. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos, y seguimos con un año entero de cifras que empiezan a ser alarmantes”, finalizó.