Hace dos años que el diputado de Cabildo Abierto (CA) Martín Sodano presentó un proyecto de ley para que aquellas personas que hayan cometido delitos asociados al consumo problemático de drogas puedan acceder a tratamientos de rehabilitación como medida alternativa a la privación de libertad. Desde entonces y hasta este jueves, por parte del Frente Amplio (FA) y otros partidos se hicieron aportes para generar un nuevo texto, que es el que está hoy en discusión.
Este jueves, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, acudió a la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados y, según pudo reconstruir la diaria, manifestó reparos respecto del proyecto, sobre todo en lo que respecta a la institucionalidad que se quiere crear, un “Consejo Nacional Asesor en Adicciones” presidido por el Ministerio del Interior, que trabajará junto a otros organismos en el asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de adicciones.
Según dijo a la diaria la diputada del Partido Nacional Carmen Tort, en general se coincidió con Radío en que “lo importante es que exista el dinero para poder trabajar con las drogas”, y el jerarca quedó en “enviar una devolución por escrito”, puesto que, “en realidad, le encontró varias cosas al proyecto”. Más allá de que “sabe que está bueno”, Radío ve “que es un poco irrealizable por el tipo de institucionalidad, que encuentra difícil”, según Tort.
Además, indicó Tort, “hubo una discusión terminológica del cupo-cama”, puesto que “Radío hablaba de que en realidad a la persona con consumo problemático no es que se la atiende en una cama”, además de pedir -justamente- que no se hable de “adicción” sino de “consumo problemático”, porque resulta “menos estigmatizante”.
Los “reparos” del FA
Consultado por la diaria, el diputado del FA Nicolás Viera explicó que, más allá de los aportes de la oposición que se tomaron, aún tienen “reparos sobre cuestiones a grandes rasgos, más allá del articulado”, como, justamente, “que crea una nueva institucionalidad con respecto al tratamiento de personas privadas de libertad con relación conflictiva con la droga”.
Esta es “una definición política que tiene que tomar el Parlamento en caso de que termine definiéndose a favor de ese proyecto”, opinó Viera, porque “es como crear una cosa paralela que va a terminar generando más problemas, porque con la integración que tiene es prácticamente inviable que se reúna”, y aún más difícil que se pueda “delinear una política de Estado en la materia que se pretende, cuando existe la Secretaría Nacional de Drogas, que es la encargada por ley de llevar adelante esa política”.
“Después, hay algunos argumentos que maneja el diputado Sodano que yo no los comparto, porque me parece que él entrevera de alguna manera lo que debería ser una política pública” con “los dispositivos”, sostuvo Viera. Como ejemplo de esto, señaló que “Sodano dice que el mayor trabajo sobre el tema lo realizan las organizaciones religiosas privadas y que son las que tienen la mayor cantidad de camas y de asistencia”, pero acá “se están comparando cosas que no son comparables”. Según Viera, “la Secretaría de Drogas tiene que ser el organismo rector de la política pública, pero no tiene por qué tener camas disponibles para internar a gente con consumo problemático”.
En este sentido, Viera señaló que Radío “puso muchos de estos temas arriba de la mesa” y dio “su visión contraria a algunos de estos aspectos”, aunque “igualmente fue muy cuidadoso en decir que es el Parlamento que tiene que tomar la decisión”.