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Cámara de Senadores (archivo, junio de 2023).

Foto: Mara Quintero

Senado aprobó proyecto para prohibir a delegados uruguayos de comisiones binacionales hacer política partidaria

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Gandini había propuesto que la norma rigiera sólo para la CTM de Salto Grande, pero el FA planteó que se extendiera a todas las comisiones binacionales y se terminó aprobando por unanimidad.

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La polémica por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande tuvo varias repercusiones en el Parlamento: además de la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores que se realizó la semana pasada, este martes se trató en el Senado una moción grave y urgente para aprobar un proyecto de ley con el objetivo de extender las prohibiciones constitucionales para hacer política partidaria a los delegados designados en dicha comisión y, finalmente, tras una propuesta del Frente Amplio se extendió a otras comisiones binacionales, como la del Río Uruguay (CARU) y la del Río de la Plata (CARP).

Asimismo, por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó que para la elección de los delegados uruguayos rija el artículo 187 de la Constitución, que plantea que “los miembros de los directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos”.

La carta magna indica que “si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado. La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada cámara podrá establecer otro sistema de designación”.

Tras el cuarto intermedio en el que se acercaron las partes, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini leyó en cámara que esta norma, que ahora pasó a ser estudiada por la Cámara de Representantes, atañe a los delegados en las comisiones binacionales con Argentina y Brasil que “reciban fondos públicos para su funcionamiento”, por ejemplo, la CARU y la CARP –que reciben fondos por parte de la cancillería– y CTM de Salto Grande –que recibe presupuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas–.

La discusión de fondo

Gandini explicó que hace ya algunas semanas el Partido Nacional presentó este proyecto de ley, que es de su autoría, “a la luz de algunas informaciones que ocuparon el debate público referido exclusivamente a los delegados de la CTM de Salto Grande y con el objetivo de separar cualquier pretensión de actividad político-electoral con la lógica de tarea de gestión de los responsables de esta entidad binacional tienen y que a veces tienden a mezclarse”.

El proyecto busca extender las prohibiciones que el artículo 77 de la Constitución de la República establece para determinados cargos, en particular, para situaciones similares a las de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. “Quien ocupa un ente autónomo o servicio descentralizado, tanto de características del 221 –industriales o comerciales– o 220 –que son los que están vinculados a la educación– no pueden hacer política, es decir, que durante el ejercicio de su cargo en funciones no pueden integrar autoridades de partidos políticos, participar en actividades de esa naturaleza, formar parte de un club político, mucho menos integrar listas, hacer discursos en un acto, ser candidatos”, enumeró.

Gandini explicó que además la Constitución establece plazos para que quienes están en esos cargos puedan presentarse a elecciones de cargos públicos. “Todos sabemos que llegado el 27 de octubre, cuando se cumple un año antes de las próximas elecciones nacionales, todos quienes integran entes autónomos y servicios descentralizados y quieran ser candidatos a diputados o senadores deben renunciar”, explicó. A eso, a pedido de la oposición, se sumó que también deberá regir por el artículo 187, donde se necesitan los tres quintos del Senado para que el delegado pueda asumir.

También explicó que la moción de urgencia era porque los senadores buscaban que la ley comenzara a regir antes del 27 de octubre para que “aquellos que ocupan esos cargos puedan tomar la decisión de quedarse o renunciar a su cargo para hacer política”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani expresó que el proyecto que presentó Gandini les parece adecuado, “dadas las circunstancias”, para poder “avanzar en tener niveles mayores de rigurosidad para el trabajo que realizan los delegados en CTM Salto Grande”. “Es importante que tengan estas inhibiciones”, expresó.

Por su parte, el colorado Germán Coutinho expresó que aprobarían el proyecto “principalmente para dar una señal clara”, y añadió que “nos quedamos con ese sabor a poco que podría haber tenido un proceso distinto de este, para poder aportar mucho más”, dado que “es un tema muy importante”.

En tanto, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech indicó en la sesión que llegaron a la “conclusión” de que debían apoyar el proyecto “porque la política debe vestirse de austeridad” y “las posiciones políticas no deben dar lugar a excesos que desvirtúan el sentido de la política donde se juegan los intereses superiores del país”. En ese marco, aseguró que la CTM de Salto Grande “ha dado lugar a situaciones que nosotros rechazamos”.

Por su lado, el senador blanco Sergio Botana dijo que votaría el proyecto “con un claro mensaje de lo que se debe hacer y lo que no” porque quieren “que esto no quede aquí”, dado que “no es bueno que tengamos en el país espacios del territorio nacional en los que no rige la jurisdicción del país, sino por otro derecho, que tiene prácticas propias y tribunales propios”.

En ese sentido, el blanco expresó que se está “frente una situación de esas que se ha tolerado pacíficamente pero que no debe ser así”. Así las cosas, Botana invitó a que la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta “debata” para, eventualmente, hacerle un planteo a Argentina de cambiar el estatuto jurídico de la CTM de Salto Grande.

“Debemos cambiarlo, modificarlo, sin que eso signifique una sola traba al funcionamiento de una empresa y una actividad esencial para la vida misma de nuestros dos países, que es la generación energética y la interconexión”, concluyó.

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