La asociación de ex presos políticos Crysol y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comparecieron este miércoles ante la comisión de Educación y Cultura de la cámara baja, que estudia la creación de una sección de archivo público con material de la última dictadura cívico-militar dentro del Archivo General de la Nación (AGN). La antesala de esta comparecencia estuvo marcada por quejas provenientes de organizaciones sociales y de la oposición, que pidió en el Senado –donde la iniciativa ya tiene media sanción– que se recibiera a los actores sociales vinculados al tema.
Waldir Tabárez, integrante de Crysol, expresó a la diaria que están de acuerdo con que se conozca “toda la información disponible”, porque incluso puede ayudar en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Sin embargo, a diferencia de lo planteado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, consideró que no se puede decir que los documentos contengan “la verdad”, sino que se trata de “la verdad de la dictadura”, porque la información que surge “en algunos casos son confesiones arrancadas bajo tortura, información de lo que dice Inteligencia, que nadie tiene muy claro cómo se elaboró”.
Asimismo, Crysol reclamó que “haya un cuidado muy especial de la antigüedad y de la dignidad de las personas, que está claro que tiene que ver con la protección de los datos públicos y privados”. Asimismo, plantearon que en la institución que maneje estos archivos exista participación de las organizaciones sociales, “no sólo porque somos parte interesada, sino porque además tenemos la experiencia que tenemos en el trabajo de este tipo”.
Este último pedido surge porque al derogar la Ley 18.435, que refiere a la creación del Archivo Nacional de la Memoria, se elimina “de plano” y “sin fundamentos” –según Crysol– la participación de las organizaciones sociales en la administración de los archivos, las cuales “en todo este tiempo han representado a las víctimas”.
Este archivo es dirigido por un consejo integrado por cinco personas: los directores del AGN, la Biblioteca Nacional y el Museo Histórico, un delegado del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y un representante de una organización de derechos humanos designado por el Poder Ejecutivo, y el consejo es el que define los “criterios” para “el acceso informativo a los documentos”. Empero, desde el gobierno afirman que nunca se cumplió con esto.
Por su parte, para el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea, los datos sensibles “son muchos más que lo que pueden decir los militares sobre lo que nosotros dijimos o dejamos de decir bajo tortura, sino que está nuestra familia, que hay que cuidarla”. Puso como ejemplo las fotos de niños visitando a “papá o mamá que estaban presos”.
A su vez, expuso que los historiadores, que han estudiado los archivos, han dicho que un método que usaban los militares durante la dictadura era el de atribuir la información que brindó un colaborador a otro preso. “Eso existió, y hay casos que son muy claros en los interrogatorios. Ni siquiera podemos hablar de que es la verdad de los militares: es una versión que escribieron los militares y que les servía a sus intereses”, analizó Errandonea.
Habrá cambios
Según supo la diaria, entre las modificaciones, que primero tendrán que ser discutidas a la interna de la coalición y luego con el Poder Ejecutivo, se planteará que “se proteja la dignidad humana” y que se incorpore a la referencia normativa la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 9 de esa ley, en su literal D, apunta que como “información reservada” podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda “poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
El diputado colorado Felipe Schipani sostuvo que estuvieron “alineados” con los planteos que hicieron desde la asociación de ex presos políticos y desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En diálogo con la diaria, expresó que el “temor compartido” es que “no haya algún tipo de recaudo” a la hora de difundir la información.
Por su parte, el diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo expresó que si no se toma algún tipo de medida de protección, “se revictimizaría a las víctimas de la dictadura”. Una vez que se presenten las modificaciones del oficialismo, el Frente Amplio tomará una postura, dijo, por su parte, el diputado Agustín Mazzini.
Miguel Irrazábal, diputado del Partido Nacional y presidente de la comisión, señaló a la diaria que lo “importante” es que se “reglamente bien” la ley para que proteja la “dignidad” de las personas involucradas, porque “puede haber un contexto que puede ser mal visto”.
Para la próxima sesión, que será en la primera semana de diciembre, invitaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Observatorio Luz Ibarburu, archivólogos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que depende de Presidencia.