El comienzo inminente del receso parlamentario dejará varias cosas en el tintero que deberán ser retomadas en 2024, ya con la campaña electoral en curso. Entre estos asuntos, está el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, presentado por el Frente Amplio (FA), que busca llevar la carga horaria de 48 a 40 horas semanales mediante una reducción gradual, que llegará a su conclusión el cuarto año de vigencia de la ley.
Así como en anteriores ocasiones tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el PIT-CNT enviaron delegaciones a la comisión de Asuntos Laborales del Senado, que tiene a estudio el articulado, este jueves le tocó a la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y a la Cámara de Comercio y Servicios, y ambas cámaras empresariales, como se esperaba, se mostraron contrarias al proyecto.
El vicepresidente de la CIU, Gabriel Murara, dijo a la diaria que “hoy la legislación vigente te permite acomodar los horarios y hacer arreglos de productividad con los funcionarios, con el personal, con todos”, y que si bien hay ejemplos de empresas “que lo han hecho en algunos sectores”, no se trata de “todas las empresas, como abarcaría este proyecto”.
Además, según Murara, se vuelve importante “hacer una separación para analizar cualquier posibilidad entre sectores transables y no transables”, porque en el caso de los primeros –es decir, aquellos que se pueden importar o exportar–, en Uruguay hoy hay “una situación de muy baja competitividad, con varios países del mundo que no trabajan estos horarios que se están hablando acá” y que “trabajan ocho horas, por lo menos”, países “como China, India, Indonesia, Taiwán”, con los que “tenemos que competir”.
“Todo esto puede afectar en forma muy importante el empleo” y la “salud económica y financiera” de “muchas empresas, y sobre todo de las pymes, que son las que tienen menos capacidad de reacción a todo esto”, aseguró. Desde “el punto de vista industrial”, la CIU planteó que es un sector en el que “la mayoría de la gente trabaja de 45 horas semanales para arriba”, y no “un promedio de 39 horas y media”, como se habla “en la exposición de motivos”.
Diego Yarza, de la Asesoría Laboral de la Cámara de Comercio, que integró la delegación que fue a la comisión, dijo a la diaria que si bien están dispuestos “a estudiarlo”, el proyecto no es algo que esté “dentro de la agenda de las empresas”, que en este sector “tienen otras preocupaciones más grandes, que son el tema, principalmente, del litoral, y todo el problema del déficit cambiario que tenemos con Argentina y en frontera”.
Entonces, en una situación en la que está “bastante mermada la rentabilidad de las empresas por todos estos problemas cambiarios con Argentina”, si se le suma “un aumento de entre un 10% y un 20% por el tema de la reducción de jornada sin pérdida salarial, como pretende el proyecto, a las empresas les va a repercutir” y esto “se va a traducir en pérdida de empleo y en aumento del informalismo”.
Asimismo, Yarza vio un problema en que la ley pretenda ser “de orden público”, lo que “rigidiza” el hecho de que las partes “no puedan pactar algo contrario a lo que indica la ley”, así “pierde fuerza la negociación colectiva” porque “le saca contenido”, consideró, y si “dentro de dos años eso después se quiere modificar, necesita otra ley, cuando esto es contenido de la negociación colectiva”.
Bianchi: “No hay un criterio razonable”
En esta misma línea fue la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, que dijo a la diaria que el proyecto “es inviable” y que al ser declarado de orden público “no podés pactar en contrario”, además de que “con el costo país que tenemos no lo podemos financiar”, así como tampoco “las empresas”. Bianchi criticó que “no hay un criterio razonable” al imponer que “trabajo menos pero cobro lo mismo; no somos Holanda”, lanzó.
De acuerdo con Bianchi, “desde el punto de vista técnico es una muy mala ley, muy breve, casi sin exposición de motivos”, y afirmó que desde la redacción del proyecto “se hubieran puesto a trabajar en serio”, porque “es una cosa muy importante, muy estructural, para no haber sido más serios en la presentación”.
Caggiani: “Si la negociación colectiva mejora, en realidad sí puede cambiarlo”
“Lo que no puede haber es un estándar peor o diferente”, explicó a la diaria el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, en el sentido de que “si la negociación colectiva mejora, en realidad sí puede cambiarlo”. “Lo que quiere decir que es de orden público es que rige para todos los sectores de actividad, tanto público como privado”, pero si se negocian “39 horas de trabajo semanal, eso corre; lo que vos no podés negociar es trabajar 44”.
Si bien no hubo “espacio para el debate” porque luego venían otras delegaciones, “lo importante” para Caggiani fue que se solicitaron “estudios” a ambas cámaras “de todos los impactos negativos que ellos habían estado informando”, para así “tener sobre todo conocimiento más fehaciente a ver cuáles son los estudios realmente importantes que existen en ese sentido”.