Avanzada la temporada turística y antes del fin de semana de Carnaval, el Ministerio de Turismo (Mintur) presentó un proyecto de ley para regular el alojamiento turístico en viviendas particulares. La iniciativa, que ingresó el viernes al Parlamento, no propone intervenir en el vínculo entre inquilino y propietario a través de aplicaciones, como Airbnb, sino establecer un registro de las propiedades que por alquilarse de manera “habitual” y “profesional” ocasionan una “competencia desleal” en el sector hotelero.
Bajo el concepto de “economía colaborativa”, sostiene el proyecto, “comienzan a desarrollarse actividades que son verdaderas actividades empresariales, desarrolladas de forma habitual y profesional, desvirtuando el sentido de la economía colaborativa”. Esos casos son los que pretende regular el Mintur, y no “el alojamiento puntual como intercambio cultural en forma esporádica o de la persona que alquila su casa en temporada para poder descontar gastos de sus impuestos”.
En conversación con la diaria, Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, señaló que el proyecto es “un viejo anhelo” de los operadores hoteleros, que con “la llegada de las plataformas digitales empezaron a tener una competencia que ellos consideraron desleal”. Señaló que “en muchos casos” se reservan por aplicaciones “lugares donde un solo propietario tiene 15 apartamentos”, es decir, “como si tuviera un hotel pero no figurando como tal y no tributando como tal”.
Monzeglio aclaró que la iniciativa “no va contra el señor que tiene su casita en la playa o la familia que tiene un apartamento y lo alquila 15 días en enero para pagar la contribución inmobiliaria o los gastos del año”, sino contra “las personas que hacen un negocio lucrativo con una cierta cantidad de propiedades que se ofrecen consuetudinariamente a través de las plataformas y que configuran una competencia desleal para la hotelería debidamente reglamentada”, subrayó.
Sujeto a modificaciones durante el tratamiento parlamentario -aún no fue designado a ninguna comisión-, el proyecto cuenta con el respaldo del sector empresarial. En diálogo con la diaria, Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, afirmó que debido a “la proliferación de las plataformas” actualmente “hay muchísima gente que ofrece a los turistas alojamiento que no es formal y que no cumple con la reglamentación que se le pide a cualquier hotel”. Se trata de un “problema” que “ha sufrido el mundo entero”, apuntó.
En tanto, Óscar Andino, secretario del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay en Maldonado, señaló a la diaria que, aunque desconocen el contenido de la propuesta, evalúan como positiva la idea de regular el alojamiento en viviendas con fines turísticos para “dar más garantías a los trabajadores” y al mismo tiempo mitigar “la competencia desleal que existe con los empresarios hoteleros”.
El contenido del proyecto
“El elemento diferenciador a la hora de regular es la habitualidad”, marca el proyecto, que propone la reducción del plazo máximo del arrendamiento por temporada de nueve a tres meses.
Asimismo, se propone que el propietario titular de la vivienda con fines turísticos “debe solicitar el cambio de uso al gobierno departamental correspondiente, de acuerdo a las normas de ordenamiento territorial vigentes”. Se pretende “aunar esfuerzos” entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales en “la búsqueda de un justo equilibrio con el alojamiento formal, de forma tal que contribuya a lograr la calidad de los servicios conforme a la demanda turística”.
La solicitud del cambio de uso residencial a uso turístico implicaría la inscripción en un registro. De hecho, está previsto que cada titular propietario “o tercero administrador” de una vivienda de uso turístico presente una declaración jurada en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Mintur, organismo que a su vez creará un sector específico de “viviendas de uso turístico y empresas extrahoteleras”. El número de inscripción otorgado por el registro deberá exhibirse en todas las ofertas que se realicen “a través de cualquier canal de oferta turística tanto física como electrónica”.
En caso de incumplimientos a la ley, podrán aplicarse las sanciones previstas en la Ley de Regulación de la Actividad Turística, promulgada en 2014.
El proyecto no es visto por el Mintur como la solución definitiva. Según Monzeglio, la dinámica de los cambios tecnológicos en materia de oferta “es tan rápida y ágil” que “prácticamente es imposible tener una legislatura que vaya a la par”. “No podemos saber si dentro de tres meses aparece otro elemento que también, de alguna forma, distorsione la comercialización”, señaló. El jerarca indicó que fueron estudiadas regulaciones de otros países, como España, que tiene “una cantidad increíble de casas y apartamentos de alquiler” y fue donde “empezaron a surgir los principales problemas”.
En tal sentido, Cantera mencionó que el proyecto del Mintur “toma en cuenta la legislación que ya está aprobada en ciudades como Nueva York o Barcelona”. Apuntó que si bien por ahora Uruguay tiene un desarrollo turístico “menor”, lo que permite “la posibilidad de planificar el crecimiento del turismo”, ya existen “complejos de edificios enteros” que “se venden prácticamente como si fuera un hotel”, con desayuno, limpieza y otros servicios, pero que “sin embargo no son hoteles”.