Una vez que culmine el carnaval en Artigas, la fiesta más popular del departamento, el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC) tienen decidido presentar una denuncia penal contra la Intendencia de Artigas por una sucesión de presuntas irregularidades de las que, a la espera de una investigación administrativa, la comuna, por el momento, ha deslindado su responsabilidad.
A pedido del FA, el viernes pasado sesionó de forma extraordinaria el plenario de la Junta Departamental para tratar dos casos que traen un dolor de cabeza a la comuna artiguense que dirige Pablo Caram. Por un lado, lo que refiere a las compensaciones extras a la ahora exfuncionaria municipal Stefani Severo; por otro, el terreno municipal que se cedió desde la comuna a una familiar de Severo, que también es pareja de Rodolfo Caram, secretario general de la intendencia y primo hermano del jefe comunal.
El fin que tenía la sesión era llegar a un acuerdo multipartidario para que Caram comparezca al órgano legislativo departamental para dar las explicaciones por estos dos casos. Sin embargo, al no haber quórum por decisión de la bancada nacionalista, el llamado no se pudo concretar. José González, edil del FA, señaló a la diaria que cuando fueron a proponer un llamado a sala y el pasaje al Tribunal de Cuentas para indagar las eventuales irregularidades, se llamó a cuarto intermedio y luego de eso los blancos no dieron lugar a la propuesta de la oposición.
Sólo quedaron los siete ediles frenteamplistas, dos colorados, el único de Cabildo Abierto y dos del Partido Nacional (PN), el coordinador de bancada Nelton Barreda y David da Costa, quien, según supo la diaria, es afín a que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas por Caram.
Semanas atrás, el director general de la comuna artiguense, Emiliano Soravilla, había dicho que se inició una investigación administrativa en la intendencia, realizada por “técnicos”. No obstante, sostuvo que con base en los documentos que analizaron las autoridades, todo indicaría que no hay delito ni irregularidad.
En este discurso se basan los dirigentes nacionalistas para no llamar, por el momento, al intendente a sala. Según comentó Barreda, aguardan por la investigación administrativa: “No vamos a hacer ninguna declaración. Después cada uno hará sus conjeturas. Es un tema importante”, expresó, y agregó que ya hay dos abogados trabajando en el tema. “Si vemos que hay alguna irregularidad vamos a estudiar y ceder o no a un llamado de sala. No soy partidario de llamar a sala si todavía no terminó la investigación”, consideró.
Este miércoles, Braulio Gil, exjefe del Departamento Jurídico de la intendencia artiguense, dijo que “resulta imposible” que pueda existir documentación que respalde “tal liquidación”. En una audición en la radio Cuareim, Gil estableció que no conoce “ninguna norma jurídica” que autorice a un empleador público o privado “a tener un funcionario diariamente durante 17 horas en su lugar de trabajo”.
Adiós, carnaval
En tanto, el edil frenteamplista González expresó que están “puliendo” la denuncia penal para presentarla luego del carnaval, que suele llevarse toda la atención mediática. En lo mismo está el PC, comentó a la diaria el edil Daniel Argañaraz, quien fue el primero en deslizar la idea de denunciar penalmente la gestión de Caram.
El frenteamplista añadió que apenas vuelvan del receso de la Junta Departamental, que se dará el 19 del corriente mes, plantearán otra vez una citación al intendente para tratar los dos temas. Por el mismo camino irá CA. La semana pasada, su líder Guido Manini Ríos señaló en una audición de radio Cuareim que hay que ir “hasta el fondo” del asunto porque los artiguenses están “hartos” de “gente que comete irregularidades, desprolijidades, que usa los dineros públicos de mala forma y no termina pagando nadie”. En el mismo sentido se había manifestado la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, que es oriunda de Artigas.
Sergio Suárez, edil cabildante, indicó a la diaria que tomaron la palabra del líder y, por lo tanto, fueron “claros” ante sus correligionarios en que se tienen que hacer “todas las averiguaciones”. En ese marco, no se descarta elevar una denuncia penal como lo harán el FA y el PC, pero todo está a la espera de una reunión de la junta cabildante artiguense. “Va a estar arriba de la mesa la denuncia penal. Tenemos que investigar a fondo y llegar a las alturas, tenemos que dar la tranquilidad a la población”, dijo.
La decisión de llamar a sala a directores y al propio intendente ya está tomada: “Es para que haya cristalinidad. Tiene que ser a fondo porque tenemos que rendirle cuentas a la ciudadanía”, expresó Suárez, que si bien responde a CA, fue electo edil por el PN en virtud de la alianza que formó en las elecciones departamentales del 2020.