Tras el incesante pedido de comerciantes, intendencias, industriales y trabajadores, el gobierno dio a conocer este miércoles por la tarde nuevas medidas para el litoral por la diferencia cambiaria con Argentina.
Entre esas medidas, el Poder Ejecutivo definió ampliar la “ley de frontera” basándose en una facultad otorgada por la misma ley, que dio beneficios durante la pandemia a empresas ubicadas en zonas fronterizas. Esto implica que los emprendimientos ubicados “dentro de un radio máximo de 60 kilómetros del paso de frontera”, que se dediquen al “comercio al por menor” y cuyos ingresos brutos no estén por encima de 1.300.000 dólares anuales, serán exoneradas de “100% de los aportes patronales jubilatorios”, así como del pago de otros impuestos.
Por otro lado, se implementará un “aumento del monto correspondiente a la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi)” a las estaciones de servicio de la frontera. Desde 2022 la reducción era de 30%, sin embargo, “dada la modificación de los precios relativos de las naftas en la región, se aumenta la reducción del Imesi a 40% del precio de venta”, además de “monitorear la evolución de las ventas de nafta en estos puntos”.
Las medidas se presentaron luego de una reunión que el mandatario mantuvo con los intendentes Omar Lafluf y Nicolás Olivera -de Río Negro y Paysandú, respectivamente-, algo que enojó al intendente salteño, Andrés Lima, porque no fue invitado al convite.
En diálogo con la diaria, opinó que “capaz que no querían escuchar a nadie que dijera algo distinto de las propuestas que el gobierno quería presentar”. “Es la única explicación que uno puede entender de que no nos hayan invitado. No querer escuchar una campana es un error. No entender que las medidas que se han tomado no son suficientes, porque no van a la cuestión central, el tiempo lo va a decir”, añadió.
En tanto, aseguró que si la decisión del gobierno nacional era elaborar un paquete de medidas, “creo que no costaba nada invitar a la Intendencia de Salto. Hubo una omisión por parte del gobierno más allá de que hay diferencias, está claro”.
Para el jefe comunal, las medidas que tomó el gobierno establecen beneficios para el comerciante pero “se olvidan de la cuestión fundamental que es la diferencia de precios y cómo impacta en el consumidor final”. A su vez, consideró que lo fundamental de esto es ver “de qué manera” se hacía “competitivo” al comercio uruguayo para que el ciudadano no cruce al otro lado del río.
Por su lado, el presidente del Centro Comercial de Soriano, Gustavo Filippini, señaló a la diaria que las medidas dejan un “sabor con gusto a poco”. “Son bastante insuficientes para lo que estamos necesitando en este momento donde hay una diferencia muy grande y la gente cruza abrumadoramente a comprar del lado argentino”, se quejó, y aseguró que este miércoles hicieron llegar los cuestionamientos al mandatario.
CIU pidió “kilo cero” y Lacalle Pou lo descartó
Mientras tanto, la Cámara de Industrias (CIU) expuso en un comunicado que 35% de los comercios reportaron caída de ventas en la zona fronteriza con Argentina y 27% con Brasil en 2022 en comparación a 2021, según un estudio que realizaron. “Una de cada tres empresas informa que el contrabando incidió en la caída de sus ventas el año pasado”, apuntaron.
En ese sentido, indicaron que “un dato no menor” que surge de dicho estudio es que hay sectores que identificaron que el contrabando está abasteciendo “hasta 40% de sus ventas, situación que se va agudizando según la región de nuestro territorio analizado y el paso del tiempo”.
Para la CIU, esta problemática “no sólo afecta a la producción y al comercio, sino también al consumidor, en tanto adquiere productos que no han sido sometidos a ningún control que salvaguarde su salud”. “Todos sabemos que el contrabando no sólo constituye una infracción aduanera, sino también un delito, y como tal debe ser objeto de fiscalización y sanción. Ante ello, debemos preguntarnos como sociedad qué preferimos, si mayor fiscalización aduanera o menor nivel de actividad y empleo”, apuntaron.
En ese marco, pidieron que las autoridades apliquen “todo el control” y el “peso” de la legislación, para “minimizar los efectos irreversibles de la prolongación en el tiempo de este tipo de prácticas”. Por eso, indicaron que el gobierno tendría que decretar el cero kilo, “adecuando la normativa existente, como se llevó adelante en la pandemia sanitaria por un tiempo determinado, hasta que se fortalezcan los controles existentes y a la espera de una regularización cambiaria con nuestros vecinos, con el objetivo de frenar un flagelo, que tan negativamente impacta en la industria y el comercio nacional”.
No obstante, Lacalle Pou contestó este jueves que el pedido de la cámara no se puede cumplir. “Vamos a ser honestos, cualquiera de nosotros con un sueldo chico, bajo, tiene que darle de comer a nuestra familia y si cuesta tres veces menos del otro lado, ¿a dónde vamos a comprar? A donde nos dé la plata. Otra cosa es cuando hay gente que tiene nivel económico que se trae el surtido. Estamos tratando de desestimar eso. Cuando planteamos el cero kilo nadie quiere, razonablemente, nadie quiere”, concluyó.