Población afrouruguaya en dictadura: el ataque a una comunidad

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Olguita Celestino tenía 16 años cuando junto a su familia fue desalojada del conventillo Mediomundo y no duda en que lo ocurrido allí y en Barrio Reus al Sur –también conocido como Ansina– fue de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura porque sus efectos dañinos continúan, aunque aparecen poco en los informes referidos a ese período histórico de Uruguay.

“Fue en silencio y se mantuvo así por muchísimas décadas. No sólo afectó a la población en ese tiempo, sino a todas las generaciones siguientes Afectó en los vínculos familiares y personales, con muchos teniendo que separarse por diferentes situaciones, en la educación gente que tuvo que abandonar su escolaridad para salir a trabajar y de todo eso aún no se habla en muchos casos. O sea, toda esa situación marcó un antes y un después a cientos de personas afrouruguayas, cambiando las costumbres y la vida de más de un barrio céntrico. Eso está fuera de discusión”, asegura en diálogo con la diaria.

Para la historiadora María José Bolaña, quien forma parte del departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), lo ocurrido es el único ataque a una comunidad en dictadura. “Durante el periodo de terrorismo de Estado hubo políticas de realojos, de relocalizaciones en diferentes puntos del Uruguay y se ejerció el terrorismo sobre movimiento sociales, sindicatos y partidos políticos, pero como ataque a una comunidad étnico-racial, con una fuerte identidad local, es la política de mayor violencia de la época de la dictadura y marcada por el racismo. Se los veía como negros a los que se les podía hacer lo que se quiera y hubo un aparato represivo racista”, dice.

Bolaña engloba lo ocurrido en dos palabras: destierro y pobreza, con consecuencias que llegan al presente. “La dictadura afianzó un proceso de desalojo de forma violenta y compulsiva que llevó al destierro de gran parte de la comunidad afro. Es un trauma principal, una violencia espacial y cultural que afecta las raíces y las relaciones sociales”. Y la pobreza “es un elemento crónico y estructural dentro de una sociedad racista como la uruguaya, pero durante la dictadura aumentó, los sectores de menor calidad educativa y acceso a servicios y vivienda se vieron más afectados”.

La socióloga Mónica Olaza coincide en esa mirada, señala que la desterritorialización de personas afrodescendientes en dictadura es un hito fundamental en la historia de esa población –la principal minoría del país–. Menciona que si bien en las décadas de 1960 y 1970 hubo muchos desalojos en la zona céntrica de Montevideo, fruto de la especulación inmobiliaria, el fenómeno “estuvo acompañado de una invisibilidad de las personas en acuerdo con su cultura, su etnia y su raza, ya que si bien las razas no existen como tales, lo menciono pensando en cómo se construyen simbólicamente lugares en la sociedad”.

“Son espacios simbólicos para el propio colectivo y el resto de la sociedad, porque todos los vemos como lugares emblemáticos y donde se creaba cultura afro. Creo que no se lo pensaba como cultura, sino que la idea era ‘sacar a estos negros de acá, que vayan a tocar su tambor a otro lado’ que no fuera un zona central de la capital”, agrega.

Para Olaza “fueron tratados como no personas, porque las personas tienen derechos y los suyos fueron avasallados” y esto se dio incluso en el uso del lenguaje: “era peyorativo, estigmatizante y no ocurría con las personas blancas. Hay testimonios muy dolorosos”.

Los relevamientos realizados por El Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Udelar dan cuenta de 366 personas (156 mujeres y 165 hombres, entre ellos 106 niños y adolescentes) desplazadas del conventillo de Ansina, y 139 (71 mujeres y 68 hombres de las cuales 65 eran niños y adolescentes) del Mediomundo. La antropóloga Alejandra Guzman expresó en una entrevista publicada en Lento en 2021 que el universo de desalojos forzados de fines de los ‘70 trasciende los conventillos Mediomundo y Ansina, porque incluyó otros inmuebles de los barrios Sur, Palermo, Ciudad Vieja, Cordón, Aguada y Villa Muñoz. Entre 1980 y 1982, se realizaron 244 desalojos de un listado de 444 fincas ruinosas, sin contabilizar Reus al Sur.

Estos números no alcanzan a representar el desplazamiento producido por el decreto-ley de alquileres, que contaba con unos 14 a 15.000 desalojados en lista de espera para vivienda pública, informó Guzman. En ese sentido recordó que el Intendente Aquiles Lanza “hablaba de aproximadamente 3.700 personas viviendo en alojamientos provisorios”. El 7 de junio pasado, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez –única legisladora afrodescendiente en el Parlamento uruguayo– habló de este tema en la media hora previa de la sesión de esa jornada. Dijo que la población afrodescendiente del país, “debido entre otros factores a las desigualdades raciales y a la discriminación histórica, sufrió profundamente las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura”.

Coincidió con otras personas consultadas que pensar en la vulneración de derechos de la comunidad afrouruguaya en el marco de la dictadura “implica necesariamente hablar de los desplazamientos forzados de familias afrodescendientes desde el centro de la ciudad de Montevideo hacia su periferia” y que “la verdadera intención de las autoridades de la dictadura era la segregación racial, más de 800 personas afrodescendientes fueron obligadas a abandonar sus hogares”. “Estos hechos lamentablemente son poco conocidos por gran parte de la sociedad uruguaya, a pesar de que se trata de uno de los capítulos de racismo, discriminación y violación de los derechos humanos, más tristes de nuestro país”, con consecuencias socio-demográficas que “continúan repercutiendo en el desarrollo social y económico de este sector poblacional”. “No es posible avanzar sin reconocer y hacerse cargo para evitar que situaciones como estas se repitan en nuestro país”, concluyó.

Concientización y exilio

Romero Rodríguez, histórico activista y fundador de la organización Mundo Afro, sostiene que en la dictadura “lo positivo es que hubo una profunda concientización de algo que la propia comunidad negra rechazaba y que es la existencia del racismo en el Uruguay”.

“En ese momento construir conciencia negra no era difícil, porque los jóvenes de mi generación inmediatamente captamos que había algo más que la dictadura y que era el racismo. Era tan duro el racismo que generaba conciencia más rápido, hacían razias y los negros siempre eran candidatos a ser detenidos”. A esto se suma que en lo político, los activistas no tuvieron mucho contacto con la izquierda uruguaya al considerar que no percibía ni comprendía la magnitud del racismo en el país y también tomaron distancia del partido Colorado, que desde la década de 1950 tenía cercanía con parte de la comunidad afro de Montevideo.

“La resistencia a la dictadura generó más conciencia sensitiva en la comunidad negra que en la sociedad blanca. Esta conciencia existe entre militantes de izquierda, ex presos políticos y las familias de los desaparecidos, pero no en toda la sociedad, porque había departamentos enteros en que la dictadura tenía base social”, agrega.

Julio Pereyra, especialista en estudios afrolatinoamericanos y caribeños y delegado por la Udelar en el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia señala que en la dictadura cívico-militar la población afrouruguaya no tuvo un régimen especial aparte de todos los ciudadanos, pero sí se le debe sumar una experiencia propia que es el componente del racismo. “También y pensando en las restricciones en relación al derecho de reunión es el impacto que esto tuvo en las formas del relacionamiento de las familias afrouruguayas, que históricamente constituyen familias numerosas y con vínculos extendidos más allá del parentesco directo. Al miedo a la violencia por contravenir estas reglas se sumaba el de la saña surgida por el odio racial”, agrega el académico.

Para Pereyra es preciso “entrar a hilar más fino en la narrativa sobre la resistencia del pueblo uruguayo frente a la dictadura para lograr que esta pueda quebrar la barrera impuesta por una mirada ‘narcisista blanca’”.

En la misma línea, la socióloga Olaza menciona que no cuenta con registros de personas afro que hayan sido presas políticas, pero que por supuesto las hubo y que así como las mujeres presas políticas visibilizaron su situación años después de finalizada la dictadura, cuando los relatos sólo se referían a ex presos hombres, aparecerán los testimonios sobre personas afro que fueron presas políticas y que posiblemente hayan tenido un trato aún peor por esa condición.

Pereyra destaca otro elemento del que poco se habla: “la relación entre el proceso dictatorial y el exilio en busca de trabajo de la población afrouruguaya, en particular hacia Argentina, constituyendo en esos años una comunidad muy importante en Buenos Aires, entre otras ciudades”.

La artista y activista afro Chabela Ramírez, dice que la gente del barrio Palermo, donde vive, tomó con mucho miedo la dictadura “ya que a la presencia militar agresiva, se le sumaba el maltrato natural que asumen los racistas en el poder y se duplicaba el maltrato por negros pobres. Lo mismo sucedía en los centros educativos a los que asistíamos, por lo que mucha gente se fue para Buenos Aires, que era lo más lejos donde podían llegar por el bolsillo y el idioma”.

Recuerda que los desalojos forzados “se vivieron con mucha angustia, indignación e impotencia. Temías por hermanos, primos, amigos, que los llevaban a Jefatura porque tenían el mismo nombre, aparentemente, de una persona que buscaban, los castigaban después de que los tenían horas, al soltarlos les decían que esa persona no era negra y a los días volvían a hacerles lo mismo”.

Piensa que a 50 años del golpe, “después de la trata transatlántica que duró cuatro siglos y no ha sido reparada, esta es la segunda violación a los derechos humanos que hemos sufrido y no ha tenido solución bio-psicosocial para nosotros. Hay pocas medidas para un porcentaje mínimo de las personas damnificadas, que con mucho esfuerzo consiguió la sociedad civil organizada, pero cualitativamente no está representado todo ese daño y ese dolor vivido. Con una vivienda se puede solucionar el dónde pero no el cómo, las muertes por tristeza, las enfermedades generadas”.

Pereyra también considera que el desplazamiento forzado de cientos de personas afro es una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. “Esta es una de las violencias llevadas a cabo por el Estado uruguayo de la cual la inmensa mayoría de la población del país no asume su dimensión”, sostiene. “Remarcarle al Estado uruguayo su responsabilidad para con estas mujeres y hombres y que en sus manos tiene las recomendaciones hechas desde la Institución de Derechos Humanos, a partir de la acción decidida de las víctimas de esta violencia acompañadas por diversas organizaciones afro, la Udelar, el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia de Montevideo”, subraya el académico.

Medidas de reparación

Las recomendaciones que menciona Pereyra son parte del informe Memoria y reparación integral de la comunidad afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado. Las medidas efectivas de reparación integral se agrupan en cinco categorías: reparación simbólica, reparación del daño al proyecto de vida, derecho a la vivienda, derecho a la salud y derechos culturales. Las recomendaciones indican que la reparación abarque a las víctimas directas, sus hijos y nietos.

Además de las instituciones estatales mencionadas, en la redacción de este informe tuvo un rol central el grupo “Volver a mi barrio”, integrado por personas desplazadas en dictadura de los conventillos Mediomundo y Ansina, la mayoría residentes en Cerro Norte, donde fueron trasladados a viviendas precarias a inicios de la década de 1980. Antes de esto y tras los desalojos, varias familias fueron trasladadas al Hogar Uruguayana, en donde funcionó la fábrica Martínez Reina. Allí la mayoría vivieron en un régimen de semiencierro carcelario, en piezas que rememoran muy parecidas a celdas, de las que los militares de guardia instalados en el lugar tenían llaves y podían entrar cuando quisieran. Del lugar podían salir a estudiar o trabajar, con horarios de salida y entrada y otro para salir al patio y recibir visitas.

“La fábrica de Martínez Reina en Capurro fue el primer gueto en el Uruguay, era como un campo de concentración. Esas personas vivieron primero el desarraigo porque vivían en barrios donde las mujeres iban caminando a sus trabajos en general domésticos en Pocitos y Parque Rodó y estaban en una zona que tiene muchos servicios, escuelas, liceos, universidades, Utu o la escuela Don Orione por ejemplo. También tenían clubes como Atenas, Welcome y Las Bóvedas, entre otros. Era un sistema de contención social de adolescentes muy interesante y todo eso se perdió. Gente que ya vivía en condiciones de pobreza la sumieron en la marginalidad social. Les cambió el hábitat a todos esos seres humanos y se ven las consecuencias de eso en la violencia que se transmite cuando los medios informan de los barrios a los que se debieron trasladar”, dice Romero Rodríguez.

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