La sorpresa de esta semana fue sólo el más reciente de una serie de ases bajo la manga que Cabildo Abierto (CA) ha puesto sobre la mesa en momentos clave, haciendo valer el peso decisorio que tiene en el Parlamento. A poco de votarse en el Plenario de la Cámara de Diputados la Rendición de Cuentas, el lunes se supo que CA no estaba dispuesto a acompañar la iniciativa si no se aprobaba un aditivo propuesto a último momento, que establecía incrementos salariales a los soldados y cabos de primera por un monto de 500 millones de pesos, y 250 millones adicionales para la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y el Hospital Militar. CA tiene el 20% de las bancas de la coalición gobernante en la Cámara de Representantes y 17% en la de Senadores.
Legisladores del Partido Colorado se mostraron molestos por lo que calificaron como una “extorsión constante” de Cabildo, pero lo cierto es que la estrategia le ha resultado efectiva al partido del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, ya que prácticamente en todos los casos obtuvo lo que quiso o algo muy similar a lo que era su intención inicial. Esta semana, logró el compromiso de que su propuesta de aditivo sea considerada por la Cámara de Senadores cuando estudie la rendición.
La base electoral de apoyo de Cabildo
“Cabildo Abierto no es un partido militar. Es un partido que tiene algunos militares, su candidato principal es militar, pero también tiene trabajadores, estudiantes, jubilados, gente de todos los sectores políticos”, declaraba Guido Manini Ríos a Montevideo Portal en la campaña rumbo a las elecciones de 2019. Sin embargo, tanto su base electoral como sus acciones parlamentarias ponen en duda la primera afirmación.
En un artículo titulado “Cabildo Abierto: oportunidades y desafíos para la construcción partidaria en un sistema de partidos institucionalizado”, publicado en el libro De la estabilidad al equilibrio inestable: elecciones y comportamiento electoral en Uruguay 2019, los politólogos Felipe Monestier, Lihuen Nocetto y Fernando Rosenblatt analizan el fenómeno del “voto militar” a CA. Allí no sólo concluyen a partir de las entrevistas realizadas que “el vínculo entre CA y las Fuerzas Armadas parece haber sido un factor importante para explicar la capacidad de organización y movilización electoral del partido”, sino que hacen un análisis cuantitativo de los datos electorales que muestra “la existencia de una relación entre la concentración de militares en el territorio y el desempeño electoral de CA”.
Los académicos hallaron que el porcentaje de votos a CA fue en promedio casi seis puntos porcentuales más alto en localidades que cuentan con una unidad militar. Asimismo, cuando analizaron los votos observados en comparación con las series electorales comunes, y teniendo en cuenta que los funcionarios que custodian las urnas son integrantes de las Fuerzas Armadas y representan el 20% de los votos observados, concluyeron que el voto de CA crecía nueve puntos porcentuales en series observadas. Los politólogos concluyen, por lo tanto, que “existen indicios robustos para vincular la organización militar con el desempeño electoral de CA” y que “los datos y la evidencia presentada indican la importancia del voto militar en los resultados obtenidos por CA”.
Una agenda parlamentaria coherente
Las acciones legislativas de CA han estado orientadas en gran medida a otorgar beneficios a los militares. En las negociaciones parlamentarias por el presupuesto y las rendiciones de cuentas, CA ya había actuado para que se contemplara de mejor forma a las Fuerzas Armadas.
En ocasión de la discusión del Presupuesto Nacional, en 2020, cuando compareció a comisión el ministro de Defensa Nacional, Javier García, los senadores cabildantes Guillermo Domenech y Raúl Lozano se quejaron porque, a su entender, el aumento que se otorgaba a los soldados en el proyecto era “modesto” y dejaba “gusto a poco”.
Cuando se discutió la Rendición de Cuentas anterior, en 2022, CA pidió el doble de dinero para subir salarios de militares de lo que propuso para docentes: antes de que el proyecto fuera enviado al Parlamento, solicitó al Ejecutivo que sumara una partida anual de 1.350 millones de pesos para incrementar sueldos de los rangos medios de las Fuerzas Armadas y 650 millones de pesos para subir la remuneración de docentes que trabajan en contextos críticos. Cuando terminó de votarse aquella rendición, el senador cabildante Raúl Lozano se jactó, en la audición que tiene CA en Radio Oriental, de las mejoras que habían conseguido. “Desde Cabildo Abierto logramos algunas importantes mejoras en lo que tiene que ver con esa prima por unidad para el personal militar que era de $ 200, y se llegó a $ 300 la jornada”, destacó, y mencionó además que se votaron “nuevos rubros para el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, para mejorar su situación y mejorar también lo que tiene que ver con las remuneraciones de algunos técnicos y profesionales”, así como la creación, en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de “un plan de viviendas para el personal de las Fuerzas Armadas que se presentó al ministro de Defensa”.
Otro esfuerzo de CA en pro del bolsillo de los integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas se dio en ocasión de la discusión de la reforma jubilatoria, y fue el primer cortocircuito importante en la interna del gobierno. Nuevamente, CA salió victorioso, y logró que los militares se jubilaran con menos años de actividad y por mayor monto de lo que preveía originalmente el proyecto del Poder Ejecutivo.
Hubo otros intentos que no tuvieron que ver directamente con lo presupuestal, pero que tuvieron como beneficiarios a los militares: por ejemplo, durante la discusión del proyecto de reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que continúa a estudio del Parlamento, Cabildo propuso sin éxito que los militares en actividad pudieran ocupar cargos públicos.
Defensa de los militares presos por violaciones a los DDHH
Otro capítulo del accionar legislativo de CA vinculado a la “familia militar” estuvo centrado en la defensa de los militares presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura. En esta área de actuación, a diferencia de la primera, sus logros son magros.
En una de sus primeras acciones parlamentarias, en abril de 2020, Manini Ríos utilizó la media hora previa de la sesión del Senado para defender a Lawrie Rodríguez, procesado con prisión por el asesinato de Iván Morales Generalli, un dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33) que murió en el Regimiento de Caballería 6 a causa de las torturas. “Voy a aludir a un tema que me tiene preocupado. Lawrie Rodríguez es un capitán retirado del Ejército de 75 años de edad, que fue intervenido recientemente del intestino y tiene otras dolencias. Claramente integra el grupo de mayor vulnerabilidad ante la epidemia que vive Uruguay de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias del país”, comenzó su discurso, y calificó el procesamiento como una “violación a los derechos humanos”. “¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario e imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades? ¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, reclamó.
Coherente con este discurso, en agosto de 2021 Cabildo Abierto presentó un proyecto para otorgar prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años, que iba a beneficiar en los hechos a la mayoría de los represores de la dictadura presos, pero no encontró eco en sus socios de coalición para aprobarlo tal cual lo remitió. Finalmente, este mes, el Parlamento encontró consenso para votar un texto muy distinto del presentado por Cabildo, que recoge sugerencias de la academia y del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.
Tampoco tuvo andamiento el intento de CA de derogar la norma interpretativa de la ley de la caducidad, que dio mayor impulso al juzgamiento a los represores de la dictadura. En agosto de 2020, Cabildo remitió una iniciativa a la Cámara de Senadores con ese objetivo, que no fue aprobada, y en octubre de 2022 envió un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados, que tampoco fue tratado.