La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande es un organismo binacional, integrado por argentinos y uruguayos, cuyo propósito es “realizar lo necesario para el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay”, según se lee en su sitio web. Para el funcionamiento de la parte uruguaya, los recursos económicos se definen al inicio de cada período de gobierno, a través de la ley de presupuesto quinquenal.
Sin embargo, también puede obtener partidas extras, como la que Presidencia de la República le concedió el pasado 17 de agosto, por una suma de hasta 200 millones de pesos “por concepto de refuerzo de rubros para el ejercicio 2023”, dinero que saldrá de Rentas Generales.
La resolución, que lleva la firma del presidente Luis Lacalle Pou, fue criticada desde el Frente Amplio (FA), fundamentalmente por dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP). El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, afirmó en la red social X que “este tipo de manejo de los recursos, fruto del clientelismo, lastima a las instituciones y la democracia”.
A esta altura, que se vayan el balde y la cadena no parece tan grave, el problema es que además, si siguen así, se va un montón de gente al pozo. Este tipo de manejo de los recursos, fruto del clientelismo, lastima a las instituciones y a la democracia pic.twitter.com/mnkc0Np9V7
— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 27, 2023
El senador Daniel Caggiani fue un poco más allá. Afirmó en X que “lo de Salto Grande es de una corrupción generalizada que sólo se sostiene por el respaldo del presidente Lacalle Pou” al presidente de la delegación de Uruguay en la CTM, el nacionalista Carlos Albisu. Se trata de “una vergüenza que de seguir así va a tener consecuencias políticas”, agregó.
En diálogo con la diaria, la diputada Bettiana Díaz señaló que el MPP le planteará a la bancada del FA convocar a comisión a las autoridades de la cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria para que expliquen “cómo se están tomando las decisiones financieras” en torno a Salto Grande.
Díaz aseguró que “esa plata es para bancar clientelismo político”, porque, “desde que asumió, la coalición creó por lo menos 30 cargos políticos” en la CTM. A su entender, “lo que hacen con estos fondos es blindar esos salarios altísimos”.
La legisladora también contrastó la suma de hasta 200 millones de pesos con las asignaciones presupuestales del proyecto de Rendición de Cuentas, todavía en discusión en el Parlamento. “Mientras que [el Ministerio de] Economía le transfiere 200 millones de pesos a la CTM Salto Grande, al Hospital de Clínicas le asignó 120 millones de pesos, cuando pedía 170”, señaló.
Carlos Albisu: “No es cierto”
Ante el cuestionamiento, Albisu divulgó un comunicado, al que tuvo acceso la diaria. En primer lugar, el presidente de la delegación uruguaya, que estuvo como delegado de la oposición en el período anterior, indicó que Salto Grande “hoy se financia con una partida fija de 744 millones de pesos al año” y señaló que ese monto no se ha actualizado desde 2015, “pese al incremento de todos los costos de insumos”. “La represa recibe del gobierno nacional el mismo presupuesto que casi una década atrás”, subrayó.
No obstante, Albisu mencionó que, además de la partida fija de 744 millones de pesos, Salto Grande recibe un complemento de 200 millones de pesos de UTE, “también fijos desde 2015”. Al no actualizarse, “cada año que pasa se cubre una porción menor del presupuesto que tiene asignado Salto Grande”.
Por otra parte, respecto de la acusación de Díaz de que la partida extra autorizada por Presidencia tiene como objetivo “blindar” los “altísimos” sueldos de los cargos políticos, Albisu sostuvo en el escrito que “no es cierto que la cantidad de funcionarios actuales genera un desfasaje de dinero” y negó que la partida extra se utilice “para complementar pagos de salarios”.
Según Albisu, los 200 millones de pesos “son para ponerse al día con los costos de funcionamiento”. La resolución de Presidencia remarca que el Tribunal de Cuentas no formuló ninguna observación a la transferencia excepcional de dinero.
Albisu, que en las últimas elecciones departamentales fue candidato a la intendencia de Salto por el Partido Nacional, dijo que Salto Grande es “el principal productor energético del país” y destacó que produce “el equivalente a 360 millones de dólares al año”, cuando “su funcionamiento solamente cuesta 30 millones de dólares anuales”. “Estamos frente a una de las empresas más eficientes del país”, resaltó.
Contrataciones directas: “Está más que comprobado”
Antes de Albisu, quien presidió durante diez años la delegación uruguaya en la CTM fue Gabriel Rodríguez, en representación del FA. En conversación con la diaria, dijo que el presupuesto anual de Salto Grande “se asigna en el Presupuesto [Nacional] al inicio de cada período de gobierno”, pero en 2020 “no se cambió la partida y quedó la misma que venía de 2015”.
Asimismo, Rodríguez señaló que, “al ser fija en pesos”, la partida anual se vuelve insuficiente “a medida que avanzan los años”, por lo que “vas a ir necesitando algo de partida presupuestal extra”. Comentó que durante su gestión “en algún año” se solicitó “algún refuerzo”, aunque “nunca de ese monto”, en referencia a los 200 millones de pesos.
Rodríguez opinó que “lo más grave es el abuso en el ingreso de personas” en la CTM, algo que “está más que comprobado” y que en Salto “todo el mundo lo sabe”. Mediante cartas abiertas dirigidas a Albisu, el expresidente de la delegación uruguaya ha calculado un incremento de “casi un 12%” de la plantilla de la CTM, a partir de la contratación de 35 personas en forma directa, sin concursos y “todos con vinculación política con los partidos de la coalición, principalmente el sector de Albisu”.
Consultado este lunes en entrevista con Azul FM, Albisu afirmó que “la mayoría de los ingresos han sido por concurso”, aunque admitió que “otros sí han sido directos”, sobre todo, “gente de confianza en lugares estratégicos”.
Rodríguez aseguró que en el último tramo de su gestión “dejamos concursos iniciados con consultoras” para poder “cubrir cargos de profesionales”, pero tras el cambio de gobierno “anularon los concursos y llenaron muchos de esos cargos en forma directa”. Sin embargo, aclaró que el cuestionamiento es ético y no legal, dado que Salto Grande “se rige por una normativa que ella misma vota”.
En una de las cartas abiertas, Rodríguez señaló que los sueldos de “las personas favorecidas” por la administración de Albisu oscilan entre 120.000 y 400.000 pesos. “En una cuenta rápida, lo que Uruguay aporta a ese grupito de amigos, familiares y correligionarios en salarios es superior a 1,5 millones de dólares por año”, apuntó.
A diferencia del período anterior, cuando Albisu fue delegado en la CTM en representación de la oposición, la actual delegación uruguaya no tiene un representante del FA. El vicepresidente es el colorado Nicolás Irigoyen y el delegado es el nacionalista Daniel Arcieri.
Bustillo: “Hablá más fuerte que no te escucho”
Consultado sobre el tema por el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se excusó: “Hablá más fuerte que no te escucho”. Siempre sonriente, Bustillo sostuvo que por “el ruido, la música, los himnos” no podía escuchar la pregunta de Sarro, quien luego informó que el canciller se comprometió a responder “otro día”.
“No te escucho!!!!!” , fue el atajo que encontró en broma el Canciller Bustillo, cuando le preguntamos por el polémico aumento de gastos, salarios y personal en la comisión mixta de Salto Grande. Después nos prometió una respuesta otro día. Entre legisladores del Frente Amplio… pic.twitter.com/uR6REzz5DS
— leo sarro press (@leosarro) August 27, 2023
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