Tras tomar declaración a tres integrantes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) este miércoles, la fiscal Gabriela Fossati determinó que existe evidencia suficiente para pedir la imputación judicial del presidente del sindicato, Federico Kreimerman, por tirar una bomba de humo durante una manifestación realizada el 13 de junio en rechazo al proyecto Neptuno.
A la salida de la Fiscalía, los sindicalistas evitaron dar declaraciones a la prensa. Pero en la tarde la federación brindó una conferencia de prensa encabezada por Kreimerman. El dirigente sindical señaló que la manifestación del 13 de junio se realizó luego de “insistentes reclamos de nuestro sindicato de entablar el diálogo con el directorio de OSE y las autoridades sobre lo que implica el proyecto Neptuno”, que no tuvieron éxito, y por eso, se recurrió a la medida para “llamar la atención del directorio y entablar una conversación que tampoco logramos ese día”, relató.
“Luego se nos denunció ante la Fiscalía. El delito de atentado lo justifican en haber querido impedir un acto público, le dije a la fiscal que el objetivo no era ese, sino que el directorio nos recibiera y, en todo caso, fuera el directorio que detuviera el proceso”, expresó Kreimerman.
En esa línea, señaló que el hecho de que se haya concretado la adjudicación del proyecto Arazatí prueba que el sindicato no impidió el proceso. Por lo tanto, consideró que no tiene fundamento “argüir que nosotros quisimos impedir algo que en los hechos ocurrió”, y remarcó que dejaron claro a Fossati que la intención era entablar un diálogo que no se llevó a cabo.
Sobre la caracterización del delito de atentado como especialmente agravado, el dirigente sindical explicó que se debe a su condición de presidente del sindicato y “no porque haya ocurrido un hecho grave extra de lo que se conoce. De hecho, figura en las pruebas que no hay lesionados, no hubo daño al inmueble ni nada por el estilo”, aseguró.
Kreimerman señaló que “lo grave para nosotros es que se va a judicializar la acción sindical; esto en palabras de cómo nos fue planteado”, y agregó: “Se va a pretender que un juez dirima cuáles son los límites de la acción sindical”.
“Es por eso que, en palabras que nos dijo personalmente la fiscal, se nos va a formalizar y trasladar a la justicia penal. Nosotros creemos que esto es un ataque a las libertades sindicales que proviene del directorio de la OSE y del gobierno”, expresó Kreimerman.