Las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) comparecieron este miércoles ante la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, que estudia la Rendición de Cuentas, para referirse a lo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas a ese organismo.
El proyecto de Rendición de Cuentas, aprobado en la cámara baja, le otorga más de cuatro millones de pesos. Por un lado, se le brindará una partida anual de 300.000 pesos uruguayos con la idea de que se atienda la capacitación de los funcionarios de ese organismo. A su vez, siempre y cuando sea aprobado tal como está redactado el proyecto de ley, se destinarán unos 500.000 pesos para la contratación de “profesionales y técnicos especializados”.
Por otro lado, se otorgará una partida de 677.708 pesos –en el ejercicio 2023– y otra de 2.710.834 pesos –para 2024– con el fin de “financiar una reestructura que implique transformaciones de cargos y complementos retributivos”.
Por último, se agregó un nuevo inciso al artículo 16 de la Ley 17.060, que refiere a la declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios públicos, que indica que “una vez efectuada la comunicación de la calidad de omiso del funcionario” por no haber entregado la declaración jurada en tiempo y forma, “el organismo deberá dar cumplimiento a la retención, en la primera oportunidad, de pago de salario, retribución, honorario, jubilación o subsidio, bajo apercibimiento de ser sujeto pasible de una multa de hasta 100 unidades reajustables”.
La presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, defendió el planteo original del gobierno. En una rueda de prensa expresó que plantearon la necesidad de “más presupuesto para el personal, que es lo que le falta a la Jutep”, y lo mismo para una reestructura, que esperan poder hacer este año; en caso contrario, quedaría para el ejercicio de 2025.
“Debemos reestructurar la Jutep para que pueda haber ascensos y cursos dentro del organismo. El presupuesto es muy poco, en total no llega a 30 millones de pesos. La Jutep es un organismo que necesita apoyo político para que tenga recursos humanos y financieros; si no formamos a la Jutep con la capacitación que tiene que tener, es un organismo que siempre va de atrás”, alertó Di Longo, y planteó que “los funcionarios hacen lo imposible”. Sobre el reclamo de quienes cuestionan a la institución por no avanzar en algunas denuncias afirmó: “Es porque no podemos ir a tiempo”.
Caso Sartori
Di Longo se refirió puntualmente al caso del senador nacionalista Juan Sartori, quien no presentó la declaración jurada de su esposa, la ciudadana rusa Yekaterina Rybolóvleva, como lo obliga la ley. En octubre de 2022 Sartori planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), referido al artículo 12 de la Ley 17.060 (ley cristal de los funcionarios públicos), ya que entiende que, al obligarlo a presentar la declaración jurada de su esposa, “se viola el derecho a la privacidad” y “la intimidad” consagrados en la Constitución.
Di Longo expresó que “por mayoría” se decidió el “efecto suspensivo” por la presentación de acción de inconstitucionalidad. Respecto de la declaración jurada de Sartori, expresó que en el organismo “había cinco expedientes” distintos, por lo que se “ordenaron” para que finalmente sea uno. “Se presentó pruebas al Directorio de las supuestas incongruencias de la declaración jurada y ahora se está estudiando de parte de la Asesoría Jurídica para que después vuelva al directorio y se decidan los pasos a seguir”, expuso la presidenta del organismo anticorrupción. Di Longo expresó que su idea “es poner al día la Jutep a diciembre de este año” en todos los expedientes que están atrasados, y afirmó que “jamás” sintió “presiones” desde el sistema político.
En tanto, el senador suplente frenteamplista Eduardo Brenta manifestó a la diaria que resulta “francamente lamentable y vergonzoso” para el país que a tres años y medio de gobierno, “más allá del cambio de autoridades y de la inoperancia absoluta de la expresidenta de la Jutep [Susana Signorino], la actual [jerarca] se plantee como objetivo resolver un caso que a todas luces contradice lo que la ley establece en materia de transparencia como objetivo al final del período”.
Esto “quiere decir que en la lógica de la actual presidenta de la Jutep sería un éxito que el senador Sartori permanezca cinco años incumpliendo lo que establece la ley, no sólo con relación a su propia declaración, que claramente está incompleta, sino también con relación a su cónyuge, que tal como lo establece la ley es obligatoria en tanto no se derogue la ley por parte del Parlamento”. En ese sentido, indicó que “está claro” que la presentación de un recurso ante la SCJ no tiene efectos suspensivos, por tanto la Jutep “debería declarar en falta al senador Sartori”.
Otra de las críticas desde la oposición vino de la senadora Silvia Nane, quien en la red social X –ex Twitter– publicó que las conclusiones del organismo “son preocupantes” puesto que “sólo 21 de 46 denuncias que recibieron fueron analizadas”: “No responden muchos de los pedidos de acceso a la información pública. No publican las resoluciones que adopta el directorio. Marset, Astesiano, la entrega del puerto y otras decenas de casos ponen en tela de juicio la transparencia de la gestión pública, indican que deberíamos tener una Jutep diferente, no sujeta a poder político, con criterios claros y dotada de recursos para combatir la corrupción”, escribió.
Recibimos a JUTEP en comisión de Rendición de Cuentas del Senado, y las conclusiones son preocupantes:
— Silvia Nane (@SilviaNaneFA) August 30, 2023
Solo 21 de 46 denuncias que recibieron fueron analizadas. No responden muchos de los pedidos de acceso a la info pública. No publican las resoluciones que adopta el Directorio.