El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) recomendó una cosa y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó otra. El cortocircuito entre ambos organismos del Poder Ejecutivo ocasionó que el primero pidiese el retiro de una modificación a la normativa de ordenamiento territorial incluida en el proyecto de Rendición de Cuentas, todavía a estudio de la Cámara de Diputados.
El artículo 306 del proyecto presupuestal propone una reformulación del artículo 50 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308), promulgada en 2008, que regula la protección de las zonas costeras. En síntesis, la nueva redacción suprime la presentación de un “Plan Especial” de reordenamiento, reagrupamiento y reparcelación como requisito previo para la edificación en terrenos que han sido fraccionados. Hasta ahora el artículo establece que dicho plan “destinará a espacios libres los primeros 150 metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio”.
Según informó El Observador y confirmó la diaria, lo que había sugerido el MVOT era que esta cesión de 150 metros al Estado debía realizarse en aquellos terrenos fraccionados para urbanizar, dejando por fuera los terrenos rurales. Sin embargo, la redacción del artículo por parte del MEF obvió la distinción y estableció que “la faja de 150 metros determinada a partir de la línea superior de la ribera hacia el interior del territorio pasará de pleno derecho al dominio público sin indemnización alguna”.
“Cabe señalar que el texto de este artículo referido al espacio costero no fue propuesto por el MVOT”, aclaró Raúl Lozano, titular del MVOT, el martes ante la comisión especial de Diputados que analiza la Rendición de Cuentas. De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Lozano expresó que, si bien “hay aspectos sustanciales a considerar en la gestión del espacio costero”, en vista de “su vulnerabilidad y, por tanto, el riesgo evidente que significa su intervención, sugerimos retirar el artículo para un tratamiento posterior”.
Lozano planteó que “quizás” podría discutirse en un proyecto de ley aparte, “con la más amplia participación de actores involucrados en el ordenamiento territorial en todos los niveles de la administración, la academia y expertos en diferentes disciplinas vinculadas”.
Al respecto, José Luis Sciandro, abogado y docente de la Licenciatura de Gestión Ambiental del CURE, había mencionado a la diaria que el plan de reordenamiento como requisito previo para la edificación permitía “consolidar esa cesión [de los 150 metros] y prever la reordenación en algo más ambientalmente posible”, por lo tanto, “esa supresión no es un progreso, es un regreso”.
Otros cambios
Aparte del polémico artículo 306, la Rendición de Cuentas tiene otros 13 artículos que proponen cambios a la vigente Ley de Ordenamiento Territorial. Algunos de ellos, por ejemplo, apuntan a una flexibilización del proceso de categorización de los suelos, que pueden calificarse en urbanos, suburbanos o rurales. Desde Fucvam han señalado que esto favorece al “capital inmobiliario” y sus inversiones en barrios privados, particularmente debido al fraccionamiento de un terreno rural en varios urbanos.
Durante la visita del MVOT al Parlamento, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry señaló que la Ley de Ordenamiento Territorial “recién se hizo en el año 2008”, pese a que “era algo indiscutido y todos los partidos políticos eran contestes en que se necesitaba ordenar el territorio”. En ese sentido, cuestionó la intención de modificarla a través de un proyecto presupuestal: “¿Cuál es la razón de que vengan por separado estos artículos acá? Lo digo para entenderlo. ¿Es un tema de plazo? Es decir, ¿cuál es la urgencia para sacarle pedazos -que tampoco son los mismos, en algún caso- y meterlos en esta Rendición de Cuentas?”.
Acerca de la flexibilización del procedimiento para transformar las categorías de los suelos, Etcheverry sostuvo que se eliminan garantías ambientales bajo el argumento de “reducir tiempos”.
Aludido, el director de Ordenamiento Territorial, José Aranco, afirmó que actualmente la normativa “no se está aplicando” y que, en algunos casos, “se está transformando la categoría de suelo a través de otros mecanismos”. “Se están modificando directrices departamentales que son instrumentos estratégicos del departamento para modificar la categoría de suelos de predios específicos”, aseguró.
Aranco definió los cambios propuestos como “ajustes” que “derivan de la experiencia de estos 14 años de la aplicación de la ley”. “Si bien planteamos algunos ajustes a los procedimientos, tratando de optimizarlos o de adaptar la ley a la realidad que está aconteciendo en el territorio, el norte siempre es mantener las garantías”, manifestó.