El avance del narcotráfico en la región, y en especial en la política, mostró su cara en las elecciones primarias de Ecuador, que terminó con un candidato presidencial asesinado por una organización criminal y unos comicios con candidatos yendo a sufragar con chalecos antibalas. En Colombia, mientras tanto, el hijo del presidente Gustavo Petro fue encarcelado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; en su declaración ante la Justicia confesó que parte del dinero que ingresaba fue para financiar la campaña de su padre, algo que el propio Petro dijo desconocer.
Sin ir más lejos, en Rosario, Argentina, el avance del flagelo continúa, mientras que en Uruguay se teme que pase lo mismo, en un contexto en el que el ministro del Interior Luis Alberto Heber supo preguntarse qué tenía que ver el narcotráfico con la política, a días de que se lo interpelara porque el Estado uruguayo brindó un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, que aún continúa prófugo.
La idea de aprobar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos se plasmó en un proyecto en la pasada legislatura; si bien el Frente Amplio (FA) tenía las mayorías para aprobarla, el por entonces diputado frenteamplista –hoy en filas del Partido Nacional (PN)–, Darío Pérez, no dio los votos y de esa forma naufragó hasta este período, en el que la coalición gobernante se comprometió a cambiar algunos puntos.
En base al proyecto del FA, todos los partidos iniciaron el recorrido para llegar a un consenso unánime. Por ejemplo, los legisladores de la coalición gobernante presentaron un “semáforo”. En verde, por un lado, estaba lo aceptado del proyecto presentado anteriormente, mientras que en amarillo eran los puntos negociables, y en rojo en los que no había tregua. Desde el principio hubo algunos acuerdos, uno de ellos fue que se aprobara previo a que iniciara la campaña electoral porque iba a instruir sobre la misma, pero ya iniciado el segundo semestre de 2023 –año preelectoral– los ánimos no son los mejores, teniendo en cuenta que sólo hubo dos reuniones.
El diputado del FA Carlos Varela expresó a la diaria que su colectividad política “siempre aceptó” que era un “proyecto perfectible”, por lo que no tenían problemas en negociar. No obstante, a poco más de dos años de haber empezado su tratamiento, “lo que nunca llegaron fueron los aportes de la coalición”, que eran los artículos que “querían modificar”. “Más allá de que en más de una oportunidad fijaron determinadas fechas como compromiso para hacerlo, nunca lo hicieron”, agregó.
Para el legislador opositor, “nunca existió la voluntad de que el proyecto saliera” por parte de la coalición, y consideró que con la “realidad” que se vive en Uruguay y en América Latina “es más que necesario que cuando lo presentamos en su momento”: “Es un hecho objetivo que en la región está avanzando el narcotráfico, también en el Uruguay, y que hay experiencias sobradas a nivel internacional que intentan siempre vincularse con los gobiernos o con los partidos, aparte de otro tipo de organizaciones. Creo que en Uruguay ese riesgo hoy no se está corriendo, pero que sería imprescindible que los partidos políticos dieran una clarísima señal a las sociedades de que están dispuestos a controlarse y a dejarse controlar en un tema tan delicado como los recursos financieros”.
Puesto que la Corte Electoral (CE) –organismo fiscalizador– no cuenta con recursos suficientes, Varela opinó que aprobar una ley “sin un control efectivo no va a tener sentido”. A todo esto, dio cuenta de que en la última reunión que mantuvieron en la comisión se dijo “explícitamente” que tal vez lo más “conveniente” sería dejarlo para 2029.
Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez expresó a la diaria que les “complicó” que la mayoría de los miembros de la comisión de financiamiento son los que trabajaron en la reforma jubilatoria y, luego, en Rendición de Cuentas. En ese sentido, adelantó que van a tener una reunión de la subcomisión “para ver cómo seguimos”, pero aseguró que tienen la idea de “avanzar” y “ponernos plazos para presentar el anteproyecto y luego poder discutirlo”. Es probable que la semana próxima haya una reunión de los diputados de la coalición que integran la comisión.
¿Se pudo haber hecho más? Los riesgos del narcotráfico
En diálogo con la diaria, el politólogo Daniel Chasquetti opinó que desde el FA tampoco se hizo mucho esfuerzo por presentar un proyecto alternativo. “Podría haberlo hecho a partir de ese documento marcado en rojo, verde y amarillo, pero no lo hizo. Entonces, la sensación que te queda es que en realidad la coalición de gobierno nunca tuvo muchas ganas de cambiar, como que están conformes con la ley de 2009. La fueron estirando, es como una táctica dilatoria”, mientras que la oposición, “no tuvo una actitud muy proactiva”: “Creo que faltó más compromiso con el tema; si la mayoría está conforme con el status quo , el pronóstico es muy simple: no va a haber reforma”. Advirtió que Uruguay es un lugar en el que hay tránsito de droga como también lavado, tal como establece la última evaluación de riesgos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “Parece bastante claro que es un problema regional. Incluso debería ser como una política privilegiada del Mercosur enfrentar eso. A nosotros, cada tanto, nos va tocando. Y desde Uruguay, muy inmersos en la política doméstica, lo vemos como episodios aislados, pero está todo muy vinculado. Lo que yo pienso que va a ocurrir, tarde o temprano, es que en algún momento vamos a descubrir alguna campaña electoral financiada con dinero sucio. O sea, pienso que tarde o temprano va a haber un escándalo, y ahí sí vamos a modificar esto”.
Chasquetti expresó que al no aprobarse esta norma “decepciona un poco” porque, en el fondo, cree que “no están entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo” en referencia al avance del crimen organizado.
En tanto, el académico aseguró que “no va a haber cambios” en esta legislatura porque en la Rendición de Cuentas no hay recursos para la CE. “También era mi crítica al FA en el 2018, porque no hicieron algo básico, que era aprobar una partida para que la CE efectivamente controlara”. A eso se suma que el organismo tiene otras funciones como la organización de comicios, además de ser un tribunal electoral. De todos modos, sostuvo que la CE “tampoco estuvo muy ofensiva” en pedir más recursos.
Por su lado, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública y extitular de la secretaría antilavado, señaló que “en casi toda la región ha habido problemas por plata del narcotráfico que se ha detectado que ha financiado campañas políticas y partidos”.
Gil Iribarne expresó que el ciudadano tiene derecho a saber de “dónde saca la plata” su partido. A modo de ejemplo, citó que “si UPM financia tu partido y estás en contra de la presencia de la pastera tenés derecho a saber que tu partido tiene ese financiamiento. Lo mismo si lo financia un frigorífico y vos sos vegano”.
“Pero la parte más grave es la del ingreso de dinero del crimen organizado en la política, porque eso no es gratuito. Suele ser a cambio de favores y a cambio de poder; creo que el gran problema es que ya la norma actual es mala, le faltan cosas pero las que tiene no se cumplen y todo indica que no va a haber ningún cambio en esa norma en el futuro cercano”, lamentó, y agregó que “si no salió hasta ahora, no va a salir en el año electoral”.
En ese marco, cree que un “incentivo” para avanzar en esta ley “sería que vieran el riesgo del crimen organizado”: “Yo creo que no lo ven y está claro cuando dicen, como dijo algún ministro, que el narcotráfico nunca se va a meter en el Parlamento. Si tenés esa visión no tenés ningún motivo para transparentar definitivamente los partidos. Yo no la comparto”.