Protegidos con chalecos antibalas, rodeados de policías armados y francotiradores o bajo estrictas medidas de seguridad, los ocho candidatos a la presidencia de Ecuador cerraron sus campañas con promesas de mejorar la situación de seguridad pública. Un tiroteo se escuchó durante la caravana que encabezó uno de ellos, Daniel Novoa, aunque la Policía descartó que se tratara de un atentado contra el dirigente.

La muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que fue atacado a tiros el miércoles 9 al finalizar un acto de su movimiento Construye, atravesó las elecciones que se celebran este domingo en Ecuador, y puso en evidencia la violencia política. En los últimos dos meses, murieron en otros atentados Pedro Briones, un político local cercano al correísmo, Agustín Intriago, alcalde de Manta, y Ryder Sánchez, candidato a legislador de la alianza Actuemos. Tiempo antes, durante la campaña para las municipales de febrero fueron asesinados los candidatos a alcalde Omar Menéndez y Julio César Farachio.

Los ataques contra dirigentes se suman a un aumento general de la violencia en el país, que terminó el año pasado con 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra récord en su historia. El gobierno de Guillermo Lasso lo atribuye a un aumento del crimen organizado y el narcotráfico, al tiempo que partidos opositores, como la correísta Revolución Ciudadana, responsabilizan al oficialismo por el deterioro en la seguridad pública.

Villavicencio había denunciado que recibió amenazas de muerte, supuestamente de parte de Adolfo Fito Macías, líder de la banda Los Choneros. El sábado, Macías fue trasladado desde la Cárcel Regional de Guayaquil a una prisión de máxima seguridad, La Roca. Esto generó una protesta de otros presos, que reclaman que regrese al complejo penitenciario en el que se encontraba y afirman que corre riesgo su seguridad. En las cárceles de Ecuador fueron asesinadas más de 400 personas desde 2020, y esas muertes han sido atribuidas en su mayoría a enfrentamientos entre bandas rivales.

A partir del asesinato de Villavicencio, el gobierno decretó por 60 días el estado de excepción, y las elecciones se desarrollarán bajo ese régimen. La medida implica que las Fuerzas Armadas apoyarán durante ese período el trabajo de la Policía y se suspenden derechos como el de la inviolabilidad del domicilio.

Escenarios políticos abiertos

En el marco de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, surgió la candidatura de Jan Topić, a quien han llamado “el Bukele ecuatoriano” por sus promesas de controlar las cárceles y frenar la violencia con “mano dura”. Topić es un economista, exintegrante de la Legión Extranjera de Francia, que se define como un experto en seguridad –dirige una empresa especializada en esta materia en Ecuador– y se presenta como un candidato ajeno a la política. Su postulación por la alianza Por un País sin Miedo cuenta con el respaldo de varios partidos políticos, entre ellos el derechista Partido Social Cristiano.

“Estamos viviendo algo que jamás ocurrió en el país”, dijo en referencia a esta crisis la candidata correísta Luisa González. La exministra y exlegisladora afirma que durante los gobiernos de Revolución Ciudadana, encabezados por Rafael Correa, Ecuador era más seguro, algo que discuten sus rivales políticos.

Si bien González encabeza los últimos sondeos de intención de voto, muchos de esos estudios concluyen que la presidencia se definirá en segunda vuelta. Para que uno de los ocho candidatos que compiten en esta elección resulte electo mañana debería obtener más de 50% de los votos, o más de 40% y 10% de ventaja sobre su principal rival. De lo contrario, la definición deberá esperar hasta una nueva votación, el 15 de octubre.

Las conclusiones de las encuestas dejan un amplio margen de duda por dos razones. Una es que, de acuerdo con la ley electoral, los últimos sondeos fueron difundidos diez días antes de las elecciones, cuando todavía no había ocurrido el asesinato de Villavicencio, que sacudió la campaña electoral. Tanto es así, que el líder de Revolución Ciudadana, Rafael Correa, que atribuyó la muerte de Villavicencio a “un complot de la derecha”, consideró que este asesinato podría afectar las posibilidades de González. “Crean toda una narrativa de que nosotros habíamos amenazado a Villavicencio y somos los culpables del asesinato. Y eso, por supuesto, ha golpeado muy fuertemente nuestra candidatura y ha movido el tablero electoral”, manifestó. Villavicencio era un fuerte crítico del correísmo y había denunciado casos de corrupción que involucraban al gobierno del expresidente.

Otra razón que relativiza el resultado de los sondeos es que registraban altos porcentajes de indecisos, voto en blanco y voto anulado. Una muestra de la incertidumbre que agregaban estos factores fue la decisión de la encuestadora Cedatos de no publicar los resultados de su última encuesta, el 8 de agosto, porque no podía determinar qué candidatos ocupaban del segundo lugar al quinto en intención de voto, informó el medio ecuatoriano Primicias.

En diferentes sondeos aparecían con posibilidades de pasar al balotaje Topić y el dirigente ambientalista Yaku Pérez, así como el exvicepresidente de Lenín Moreno Otto Sonnenholzner. También figuraba en esa posición Villavicencio, a quien luego de su muerte sustituyó el periodista Christian Zurita. “A Fernando lo matan porque sabían que iba a ganar; no lo matan por lo que dijo, lo matan por lo que iba a hacer. Era una amenaza y como iba a llegar al poder, acaban con él”, dijo Zurita al medio ecuatoriano El Mercurio. “Nosotros manejábamos encuestas muy serias en las que nos decían que estábamos cerca de ganar, había un empate técnico entre tres candidatos”, agregó.

Además de elegir presidente, el domingo los ecuatorianos definirán en un plebiscito si se detiene la explotación petrolífera de la zona llamada bloque 43-ITT, ubicada en el Parque Nacional Yasuní, considerado un área rica en biodiversidad en la Amazonia. En otra consulta se decidirá si se prohíbe cualquier forma de minería en otra zona, el Chocó Andino, en la provincia de Pichincha, tal como impulsa el colectivo Quito sin Minería. Esta medida abarcaría una región de 124.000 hectáreas, en la que actualmente hay 12 concesiones en fase de exploración y otras ocho en trámite de concesión.