La cantidad de viviendas promovidas aumentó desde 2020: casi un quinto se ubican en Cordón y la mayoría son de un dormitorio

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Con la idea de “reactivar la economía”, en palabras del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la ley de Presupuesto de 2020 el Poder Ejecutivo flexibilizó algunas disposiciones de la Ley de Vivienda Promovida –denominada originalmente, en 2011, Vivienda de Interés Social–, entre ellas la que establecía topes de precios, tanto para la venta como para el alquiler de unidades, así como la cantidad de viviendas que se podían construir bajo este régimen en un mismo edificio, y habilitó la construcción de monoambientes en esta modalidad.

Tres años después, de acuerdo con un documento interno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), al que accedió la diaria, sólo en 2023 se concretaron 205 proyectos y, desde la aprobación de la ley hay 38.932 viviendas, entre las que han sido promovidas y las que están en estudio, las cuales están contenidas en 1.524 proyectos. En los números que maneja el MVOT se da cuenta de un aumento sostenido de los proyectos promovidos desde el cambio en la normativa: de 79 ingresados en 2019 se creció paulatinamente hasta llegar a los 205 concretados a diciembre de 2023.

¿Qué ciudad se construye?

Miles de Ciudades, un colectivo que se dedica a promover la reflexión sobre temáticas de ciudad y vivienda, notó un detalle que desarrolló en una publicación en X: 6.900 de las viviendas promovidas –desde la aprobación de la ley– se encuentran en el barrio Cordón de Montevideo. Uno de sus integrantes, el arquitecto Álvaro Moreno, explicó a la diaria que la ley “buscaba que la clase media pudiera acceder a esas viviendas” con la idea de que de esta forma “se liberaran otras viviendas que puedan ser más accesibles para otras personas”, pero finalmente “se ha demostrado que terminan siendo muy caras para que la gente pueda acceder a ellas”.

Por otro lado, el hecho de que la mayoría sean monoambientes o viviendas de un dormitorio también es visto como una limitación al acceso por parte del colectivo, y señalaron que se trata de “unidades en el mercado inmobiliario que son de las que tienen mayor incidencia de ganancia” si se compara con “una vivienda de tres dormitorios” en otro barrio, por ejemplo.

La zona donde se generan más proyectos de este tipo, según un mapa elaborado por el colectivo, es la que se conoce como Cordón Soho, que muchas veces se asocia al estudiante universitario de capas medias-altas que, desde una óptica caricaturizada, toma café de especialidad. Esta imagen estereotipada de la zona, de todas formas, es algo que, según Moreno, también forma parte del “marketing” en torno a estos emprendimientos.

Ahí es donde entra el tema de “qué ciudad se construye”, porque “edificios que tengan simplemente viviendas de un dormitorio o monoambientes van generando una forma de ciudad” en una zona donde “no se está atendiendo una problemática que no se da necesariamente ahí, sino que se da en otras partes de la ciudad”, y todo esto con una “exoneración por parte del Estado”, sostuvo Moreno.

Para el comunicador Gonzalo Cortizo, otro de los integrantes del proyecto, no hay un proceso de “expulsión” de las poblaciones pero sí un “aumento del valor del suelo”. Asimismo, apuntó que “si bien el espíritu de la ley” era paliar el déficit habitacional, la normativa “como tal” estaba y está orientada a ser “un estímulo a la construcción, al empleo y a las inversiones, no tanto una política de vivienda”; por otro lado, los cambios hechos en 2020 “exacerbaron un poco más eso, amplificando a más no poder la ganancia por metro cuadrado”.

Cordón “se puso de moda”

“Sustancialmente, 65%” de los proyectos de vivienda promovida están en Montevideo, dijo a la diaria el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Aníbal Durán, quien coincidió en que la mayoría se ubican en Cordón y fundamentó esto en que “se puso de moda, porque se vende, ha sido un boom”, sobre todo los apartamentos de un dormitorio, indicó.

Consultado sobre las críticas surgidas desde el colectivo, entendió que hay “un tema filosófico”: la ley “fue inventada por Appcu en 2010 y se la dimos al entonces presidente [José] Mujica, que actuó muy diligentemente”, afirmó. El espíritu, enfatizó, no se orientaba a “los deciles más bajos, era para deciles medios y medios altos”, pero como se llamó “de interés social” se prestó “a confusiones”, consideró. De todas formas, dado que esto no quedó expreso en la ley, “por ahí nos faltó un poco de precisión en la argumentación”, reconoció Durán.

“El espíritu de la ley es dar trabajo, dar laburo”, puesto que “mes a mes sigue subiendo el número de obreros trabajando; hoy estamos en 56.000 y pico”, continuó el empresario, y agregó que si se entiende “que por cada obrero directo en obra hay un obrero indirecto fuera de obra, ahora estamos en más de 120.000 personas que dependen de esta industria”, además de los profesionales –escribanos, abogados, contadores– que emplean, lo que para Durán es “un círculo virtuoso”.

Durán dijo no verle “techo” a este proceso, porque, además, “viene mucho argentino a comprar unidades, a construir o a ser promotores”, y descartó, a su vez, que se generen procesos de especulación, “porque en general las unidades se alquilan”.

La visión del FA: un “combo bastante espantoso”

En las bases programáticas que se votaron en el último Congreso Extraordinario del Frente Amplio (FA), en el apartado sobre vivienda y hábitat se plantea que “las políticas de participación privada en el financiamiento y construcción de viviendas son necesarias para complementar la acción estatal” y se debe asegurar “que las mismas lleguen efectivamente a los sectores sujeto de la política pública” para así “revertir la tendencia a sustituir o desvirtuar una política social, generando condiciones para el desarrollo de operaciones inmobiliarias meramente especulativas”.

Alicia Artigas, que integra la unidad temática de Vivienda del FA, dijo a la diaria que tras la flexibilización de la ley “todo se dirigió a la inversión de capitales en desarrollos inmobiliarios y no a solucionar los problemas de vivienda”. El objetivo de la ley y quienes se amparan en ella es, entonces, “utilizar todos los beneficios para hacer rendir el capital”, algo que “no está mal en teoría”, pero sí que “al final los destinatarios sean rentas, argentinos que compran para alquilar” o incluso “todo lo que significa lavado de dinero, porque sabemos que el negocio inmobiliario es uno de los grandes destinatarios de lavado de dinero de narcotráfico”, lo que deja un “combo bastante espantoso”, analizó Artigas.

Hackenbruch: la ley “ha tenido un punto flojo” en cuanto “al acceso a la vivienda”

El subsecretario del MVOT, Tabaré Hackenbruch, calificó la ley de “buena” desde el punto de vista “de generar metros cuadrados de construcción, de generar empleo” en la industria de la construcción, que es “una de las más dinamizadoras y, sobre todo, la que más derrama a la sociedad”. Los números al alza que presenta la vivienda promovida generaron que “luego de que se dejara de trabajar en la planta de celulosa y en el tren, no hubiera una caída en la industria de la construcción”, señaló, en ese sentido.

“Lo que sí ha tenido un punto flojo es en cuanto al acceso a la vivienda”, reconoció Hackenbruch, en especial porque “no ha permitido un mayor acceso de las personas que quieran ser propietarias”, aunque también lo achacó a “cambios culturales”, puesto que hoy “hay mucha gente que no se ve viviendo, sobre todo las generaciones más nuevas, en un mismo barrio, o accediendo a créditos a largo plazo”.