El pasado fin de semana, vecinos de Rocha se movilizaron en contra de las modificaciones aprobadas por el oficialismo en la Junta Departamental al impuesto por la edificación “inapropiada”. Ahora, ese impuesto pasó a “las construcciones edificadas en inmuebles, que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o las zonas denominadas como de particular interés para la conservación”. El objetivo de los vecinos fue pedir una “amnistía” y “flexibilidad” para poder regularizar su situación tributaria y se quejaron de que no se procede por igual para todos los balnearios, sino de “forma selectiva”.
“Es una enumeración taxativa de a qué balnearios se les cobra el impuesto y a cuáles no”, expresó un representante de los vecinos en diálogo con la diaria. La comuna tiene el foco en inmuebles de Punta del Diablo, Santa Isabel, Punta Rubia, La Pedrera y La Paloma.
Ante los cuestionamientos, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo a la diaria que la modificación surge a raíz de que se detectaron muchas construcciones en la zona costera sin regularizar y pagando impuestos de terreno baldío, es decir, el impuesto mínimo.
“Decidimos hacer un relevamiento con vuelo de dron en la zona costera de La Paloma, con excepción de la barriada popular, de la zona del Barrio Parque. Decidimos hacer lo mismo también con La Pedrera, Santa Isabel, Punta Rubia y Punta del Diablo. Nos encontramos con la sorpresa de que cuando contrastamos las imágenes aéreas con las declaraciones de los padrones teníamos casi 3.500 construcciones sin declarar y tributando sumas de 8.000, 10.000, 12.000 pesos y muchas veces con inmuebles de mucho valor, incluso en primera línea costera, de inmuebles de 200 o 250.000 dólares”, expresó.
Por lo tanto, Umpiérrez dijo que les pareció que era un acto de “estricta justicia tributaria hacer la regularización de eso” y que los propietarios pasen a contribuir “por lo que corresponde, porque hay otra gente que tiene todo regularizado y paga, y en este caso había una notoria evasión fiscal de un conjunto de gente que nunca había declarado sus construcciones, pagando impuestos como terrenos baldíos”.
Consultado sobre el pedido de los vecinos, Umpiérrez expresó que la “flexibilidad” ya se otorgó. “Esto es como si pierdes el ómnibus y quieres que el ómnibus vuelva porque tú llegaste tarde. El ómnibus tú sabías qué día y a qué hora salía. En este caso, la flexibilidad estuvo dada”, enfatizó. En ese sentido, recordó que se dio un plazo desde octubre hasta diciembre del año pasado para regularizar, donde se presentaron “un gran número de regularizaciones”, y se había “dicho que a aquellos que no regularizaron se les iba a sumar un impuesto creado en la época de Artigas Barrios [exintendente del Frente Amplio (FA)]”.
Lo que dicen los vecinos
La asociación civil de vecinos y vecinas de Punta Rubia se ha movilizado desde el primer día porque la regularización del tributo “apareció primero por un concepto de multa, en 2023”. En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación, Gabriel Laino, dijo que el problema pasa por las construcciones que fueron edificadas “a vista y paciencia” de la intendencia. “O sea, durante décadas acá, en todos los gobiernos que han pasado, no ha existido fiscalización ninguna. Por lo tanto, han sido construcciones realizadas por familias, de acuerdo a su saber y entender”, expresó.
Laino dijo que no están en desacuerdo con regularizar su situación: “Tenemos claro que las casas tienen que estar regularizadas y que tienen que tener sus planos. Lo que pedimos a la intendencia es flexibilidad en cuanto a que considere como realidad lo que hay existente al 31 de diciembre de 2023, y que los arquitectos vean, hagan un relevamiento de lo que hay”, sostuvo.
Asimismo, Laino sostuvo que las construcciones que se dieron están avaladas de forma “indirecta” por la intendencia porque “nunca existió una intimación y nunca existió una fiscalización mientras se estaba construyendo”. “Entendemos que hay una responsabilidad compartida. Los propietarios sabemos que tenemos que cumplir con la reglamentación y cumplir con regularizar nuestras casas porque a partir de eso la intendencia hace un reaforo de las contribuciones y mejora su recaudación”, expresó, pero consideró que esto “no viene acompañado de ningún reordenamiento ni ninguna planificación para los balnearios”, sino que “viene con un fin exclusivamente recaudatorio”.
Por otro lado, Laino soslayó que hay “ciertas casualidades” que tienen en común los balnearios afectados. A modo de ejemplo, dijo que en Punta Rubia “son muy pocos los residentes”, por lo que la gente “ni siquiera vota” en esa localidad, “sino en otros lugares”, por ende, “el costo político prácticamente no existe”, analizó. “Lo único que existe es la posibilidad de recaudar”, insistió.
“Si lo que quiere el intendente es recaudar, en la misma zona donde está pretendiendo recaudar existen miles de padrones abandonados, que están siendo ocupados ilegalmente por personas que vienen y se asientan, y otros que ni siquiera están siendo ocupados, que están simplemente abandonados, a los que pueden acudir porque son deudores contumaces de contribución inmobiliaria. Entonces, tiene lugares por donde sacar recursos” en lugar de “ir directamente contra el buen contribuyente, de esta forma”, cuestionó Laino.
FA no descarta citar a Umpiérrez a la Junta
El edil del FA Pablo Larrosa dijo a la diaria que se trata de “un impuesto en el cual hay mucha morosidad” y que la modificación del tributo nace con un fin recaudatorio. “La problemática más grande que atraviesa Rocha son las aguas negras. Como oposición decimos que este tipo de regularización se tiene que hacer desde otro punto de vista, mirando lo ambiental”, expresó. En ese sentido, el FA no descarta citar al intendente a la Junta Departamental una vez que vuelvan del receso, que será en febrero, para escuchar sus descargos tras los cuestionamientos de los vecinos. Al respecto, Umpiérrez contestó que no tendría problema en asistir.