Estaba previsto que el Frente Amplio (FA) tomara postura el lunes en su Mesa Política sobre el plebiscito que impulsa el sector colorado Ciudadanos para regular el ingreso de funcionarios a gobiernos departamentales; sin embargo, la decisión se postergó para este miércoles porque las bases frenteamplistas pidieron más tiempo para tomar postura.
Aunque todavía quedan unos días antes de que culmine el plazo constitucional, este 27 de abril, para presentar el proyecto con las firmas de los legisladores y habilitar la consulta popular, el tiempo es poco y el FA debe alcanzar una postura unificada a contrarreloj. Una especie de “solución salomónica” que se ensayó fue acompañar la iniciativa con la condición de que se vote junto con las elecciones departamentales de mayo de 2025 en lugar de octubre, pero no llegó a concretarse porque no tenía el respaldo de las bases del interior.
En paralelo, desde la semana pasada funciona a la interna de la coalición de izquierda una comisión que trabaja en una propuesta de papeleta que, en caso de acompañar el plebiscito, sería la que el FA le propondría a Ciudadanos a modo de condición para dar las firmas. Si bien aún está en veremos y los sectores no han tenido vista del texto, el borrador llegó al Partido Colorado de forma extraoficial en las últimas horas. Según supo la diaria, Ciudadanos estaría dispuesto a aceptar todas las disposiciones.
El documento se ha trabajado con técnicos y asesores de la fuerza política en materia legal y recoge propuestas que ya se han hecho desde los sectores que están dispuestos a acompañar el plebiscito, pero, de todas formas, podría quedar en la nada si es que el FA no alcanza un acuerdo para respaldar la consulta popular. En la Mesa Política, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Nuevo Espacio se posicionaron en contra y están “aislados” con respecto al resto de los sectores, según supo la diaria.
La propuesta puede naufragar con que se alcancen los votos negativos de un tercio de los 24 integrantes de la mesa, es decir, ocho votos. El PCU y el Nuevo Espacio suman cinco entre ambos pero podrían recoger votos de las bases de Montevideo o del interior. Una fuente del PCU dijo a la diaria que la visión sigue siendo negativa con respecto al plebiscito, pero que si el FA “empuja” y quedan solos, se buscará una “alternativa”. De todas formas, valoró que el hecho de que Ciudadanos tenga el texto y otros sectores del FA no es algo “complejo” que “dinamita” la posibilidad de encontrar “una salida”.
En tanto, a las coordinadoras de Montevideo se les dio un informe oral con los lineamientos del trabajo de la comisión, pero tampoco tuvieron acceso al documento, aunque las fuentes consultadas por la diaria difieren respecto al grado de conocimiento que tenían sobre la entrega del borrador a Ciudadanos.
El contenido
El texto que llegó a manos de Ciudadanos propone modificar el artículo 59 de la Constitución y especificar que “para el ingreso de funcionarios al Estado, a los gobiernos departamentales, a los entes autónomos y los servicios descentralizados” sean “preceptivos los concursos públicos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.
De no ser por este medio, los ingresos podrán ser “a través de sorteos convocados y celebrados de acuerdo a los mismos principios”. De todas formas, el borrador aclara que quedan exceptuados “los cargos que hayan sido definidos por ley con carácter de particular confianza”.
El artículo regirá para los funcionarios que trabajen en el Poder Ejecutivo, “con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales”; en el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura”, es decir los jueces, “que de todas formas quedarán sujetos a las garantías previstas en la Constitución en materia de ingresos y ascensos”; en el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y los servicios descentralizados.
El texto también añade al artículo 61 de la carta magna que “los ascensos deberán realizarse a través de concursos” en los que “se procure una razonable ponderación entre la capacidad técnica, los méritos y antecedentes de los funcionarios”.
Además, se añade una “disposición especial” por la que los cambios introducidos para el artículo 59 regirán para “la designación de personal por la República Oriental del Uruguay en las Comisiones que conforme junto con otros Estados” y “procurará, a su vez”, que “la designación de personal por tales comisiones sea con arreglo a procedimientos competitivos de selección”.
En una nota aparte de la propuesta, se argumenta que una reforma que “sólo exija concursos públicos para el ingreso de funcionarios en los gobiernos departamentales generaría una asimetría en la Constitución respecto del resto del Estado”, porque “mediante una ley o una norma estatutaria se podrían quitar los concursos públicos para el ingreso de funcionarios en todos los organismos del Estado” al no haber “una norma constitucional que lo exija”.
Este planteo unifica lo que se ha propuesto desde el Partido Socialista de expandir la propuesta más allá de los gobiernos departamentales hacia la administración central, y desde la Vertiente Artiguista de incluir al Poder Judicial. El Movimiento de Participación Popular, además, había agregado lo referido a las comisiones binacionales.