Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al gobierno uruguayo en la que manifestaron su preocupación sobre el alcance del proyecto de ley de prisión domiciliaria, elaborado inicialmente por Cabildo Abierto (CA), modificado posteriormente por el Partido Nacional (PN) y aprobado finalmente en el Senado, en diciembre del año pasado, con los votos de la coalición de gobierno.
En la misiva, a la que accedió la diaria, los representantes de la ONU reconocen “las enmiendas positivas que se han dado desde el primer proyecto”, presentado por CA, pero advierten que hay “ciertos elementos” en el texto aprobado por el Senado que “podrían beneficiar a aquellos individuos condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.
En primer lugar, se señala que el proyecto dispone que, “si desaparecieran los motivos que justificaron el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria”, la Justicia podrá dictaminar “la remisión al establecimiento de detención del condenado”, pero “la disposición no incluye la petición de las partes acusadoras y carece de un elemento temporal definido, lo que podría permitir la aplicación de estas sustituciones de manera indefinida hasta la culminación de la pena”.
En segundo lugar, los representantes de la ONU marcan que “durante la etapa final de formalización de la prisión domiciliaria” sólo “se contempla un intercambio entre el Ministerio Público y la defensa”, por lo que las víctimas quedan excluidas “de tomar la palabra en situaciones que podrían afectarles”.
En tercer lugar, se advierte sobre “la inclusión de términos vagos y ambiguos” en la redacción del proyecto, como, por ejemplo, “graves problemas de salud”, “condiciones biopsicosociales” o “circunstancias familiares o especiales”. Se sostiene que la aplicación de estos términos en casos de “condenados por graves violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desaparición forzada podría promover la impunidad de derecho o de facto”.
Por último, el mensaje subraya que los estándares internacionales de los derechos humanos “prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”. La carta de la ONU está firmada por Aua Baldé, presidenta del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
Según la cancillería, el proyecto tuvo “importantes modificaciones”
En nombre del gobierno uruguayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, respondió por medio de otra carta, a la que también tuvo acceso la diaria. El canciller sostuvo que el proyecto tuvo “importantes modificaciones” durante el tratamiento parlamentario, producto de “las consideraciones planteadas por los distintos grupos y especialistas”. Asimismo, Paganini reafirmó “el fuerte compromiso del Uruguay con la defensa del sistema universal de protección de derechos humanos”.
Actualmente el proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución de Diputados. Su presidente, el diputado del PN Mario Colman, apuntó a la diaria que la iniciativa “no estaría dentro de las urgentes” de la comisión, si bien puntualizó que CA solicitó “ponerlo en el orden del día”. Formalmente, el proyecto ingresó a la comisión el 20 de diciembre de 2023 y desde entonces no ha sido tratado.
Colman señaló que, en cualquier caso, la comisión recibirá a delegaciones para que den su opinión al respecto. “No hay ningún proyecto, y menos de esta magnitud, que se vote a tapa cerrada”, resaltó.
La versión original del proyecto de prisión domiciliaria entró al Parlamento en agosto de 2021. Los senadores de CA proponían la excarcelación “de oficio y sin más trámites” para las personas privadas de libertad “mayores de 65 años”. En ese momento, organizaciones de la sociedad civil señalaron que la iniciativa tenía “nombre y apellido” y pretendía beneficiar a los represores de la dictadura recluidos en la cárcel de Domingo Arena.
Luego, en abril de 2023, la senadora nacionalista Carmen Asiaín presentó un nuevo texto, que también fue acusado de querer favorecer a los presos de Domingo Arena. Finalmente, en diciembre de 2023, el Senado aprobó con los votos del oficialismo y el rechazo de la oposición un proyecto que, entre otras cosas, establece como un “elemento de especial relevancia” para el otorgamiento de la prisión domiciliaria que “el formalizado tuviera 65 años de edad o más”, en lugar de los 70 años que establece la normativa vigente.
El debate en sala
Al momento de la votación en sala, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian señaló que en el proyecto “debería incluirse a texto expreso que no podrán acceder al beneficio quienes sean imputados en un proceso vinculado al terrorismo de Estado”. Asimismo, cuestionó que se enfoque en las personas mayores de 65 años, cuanto actualmente las cárceles “están desbordadas de jóvenes sin acceso a ningún mecanismo de resocialización y reinserción”.
A mitad del año pasado, en el marco del tratamiento del proyecto, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, indicó que en el sistema penitenciario había en ese momento 90 personas de entre 65 y 69 años y 95 personas mayores de 70 años.
Por su parte, el senador colorado Adrián Peña, recientemente fallecido en un accidente de tránsito, señaló que no hay ningún preso en Domingo Arena con menos de 70 años. Por eso, aseguró que, al bajar la edad de 70 a 65 años para la evaluación de la prisión domiciliaria, “no se agrega ningún derecho adicional a los que hoy ya tienen las personas que están en Domingo Arena, que, como sabemos, muchas de ellas en su momento ya fueron objeto del beneficio de la prisión domiciliaria e incluso algunas fallecieron en prisión domiciliaria”.
Consultado al respecto, Gastón Grisoni, presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, dijo a la diaria que el proyecto aprobado “no otorga la prisión domiciliaria compulsiva”, sino que “establece una serie de requisitos, donde el juez, caso a caso, con las fichas médicas y cumpliendo una serie de formalidades”, puede autorizar la excarcelación, pero “por razones estrictamente humanitarias, como se ha venido haciendo hasta el momento”.
En tanto, Elena Zaffaroni, referente de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que, en un principio, “lo que motivó esta ley fue darles la libertad” a los represores de la dictadura recluidos en Domingo Arena, lo cual, sostuvo, “no era necesario”, dado que, en la práctica, “ya estaban teniendo prisión domiciliaria, y muchos fraguando la cuestión”.