Organizaciones vinculadas a la libertad de expresión y el manejo de datos cuestionaron en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la cámara baja el proyecto de ley de artículo único que penaliza la creación de noticias falsas contra candidatos en campaña electoral.
El documento apunta que quien durante el período comprendido por los tres meses anteriores y un mes posterior a la fecha de las elecciones nacionales “genere o difunda contenidos materialmente engañosos mediante imágenes, sonidos o videos, con el propósito de causar daño reputacional a un candidato o una desinformación notoria con relación a la campaña electoral, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.
De acuerdo con el proyecto, presentado por el nacionalista Rodrigo Goñi, “no constituirá conducta delictiva cuando resulte evidente que el contenido se trata de una sátira o parodia, o cuando se identifique claramente que el contenido ha sido diseñado artificialmente o cuando se verifiquen otras acciones a fin de evitar su confusión con la realidad”.
Asimismo, en el proyecto se aclara que quedan exentos de responsabilidad por los contenidos generados por terceros o usuarios “los medios de comunicación, administradores de sitios de internet, plataformas digitales o similares, cuando notificados de la falsedad se admita la existencia de dudas sobre su autenticidad o en su caso estos sean eliminados de forma inmediata”.
Dayana Pérez, diputada suplente del Frente Amplio (FA), señaló a la diaria que “hay cosas que ya están punidas, que no tendría por qué agregarse”. De acuerdo con Pérez, el proyecto está enfocado desde un lado “preventivo”, pero afirmó que lo punitivo, que va de seis meses a dos años, “tampoco es preventivo”.
Los cuestionamientos
Gustavo Gómez, director de Observacom, dijo que fueron a la comisión con un planteo “bastante crítico” de la propuesta. En diálogo con la diaria, señaló que comparten que se está ante un “problema importante”, pero acotó que la propuesta que está en discusión de la comisión “es una mala solución”.
De acuerdo con Gómez, no valoran intenciones, “sino más bien la redacción y lo que eso implica”. “Tenemos varios cuestionamientos. Algunos son más generales; a nivel internacional todos los organismos de libertad de expresión recomiendan no avanzar por el lado de la criminalización de las fake news para acentuar el problema de la desinformación, y este proyecto, fundamentalmente, tiene eso de imponer penas de prisión y penitenciaría frente a determinado contenido de desinformación”, indicó.
En ese marco, Gómez indicó que los políticos, que se han expuesto públicamente, “van a tener más protecciones que cualquier otra persona que pueda recibir un contenido manipulado de su imagen o su voz, es decir, también haciendo un desbalance”. Dijo que la doctrina general es que los empleados públicos o las personas que, como los candidatos y los políticos, se han expuesto voluntariamente al escrutinio público, “tienen que tener menos protección, no más”.
Según el director de Observacom, da la impresión de que la propuesta va en un camino que “no es compatible con estándares internacionales de libertad de expresión, más allá de que no es la intención de los firmantes de la propuesta”. Además, resaltó que “hay cosas que están regulando que ya están reguladas”; a modo de ejemplo, indicó que la defensa de la reputación y el honor ya tiene una legislación en Uruguay que alcanza cualquier tipo de soporte.
Por su parte, la presidenta del laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), Patricia Díaz, expresó a la diaria que no están para “nada de acuerdo” con “solucionar el problema de los desórdenes informativos en contexto electoral mediante figuras penales”. Señaló que “la idea de criminalizar la desinformación genera efectos paralizantes del discurso público y en realidad genera más problemas que soluciones”.
De acuerdo con antecedentes de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Díaz consideró que utilizar el derecho penal como respuesta a abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión “es una respuesta desproporcionada”. “No es que el tema no se deba regular, sino que no debe estar dentro de la legislación penal”, indicó.
En tanto, Raúl Echeberría, presidente de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), dijo a la diaria que coinciden en la importancia de proteger la integridad del sistema electoral. En ese sentido, dijo que se está ante “desafíos complejos” y afirmó que quieren colaborar para que “pueda haber un proyecto que cumpla con el objetivo buscado y que no genere riesgos a la libertad de expresión ni constituya barreras al desarrollo digital”.
Echeberría expresó que en comisión marcaron los “problemas” que le ven al texto actual, “pero seguramente este texto podrá ir evolucionando y mejorando. Contribuiremos en todo lo posible y haremos sugerencias más concretas”, adelantó.