El Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. El Frente Amplio (FA), al igual que en Diputados, votó en contra por entender que faltó consultar a “actores sociales importantes”, como son los “técnicos que han manejado históricamente los archivos” y a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2023 y busca que cualquier persona pueda acceder a los documentos de manera “libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada, la dignidad humana y el entorno familiar de los individuos”. También se limita información que “pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros”, conforme a las leyes de protección de datos personales y de derecho de acceso a la información pública.
El senador nacionalista Javier García, quien promovió la iniciativa como ministro de Defensa, dijo que el objetivo es que las personas puedan “tener acceso a toda la información del pasado reciente en su más amplia expresión” para que cada uno pueda llegar “a las conclusiones que entienda pertinentes, sin limitaciones y sin ediciones”, de “forma universal”.
Asimismo, el proyecto propone que los archivos estén disponibles en línea. García argumentó que el “pasado doloroso, trágico, que vivió el Uruguay, que por doloroso que sea y por doloroso que es requiere ámbitos de conocimiento general y de libre acceso al bien”. Precisó que en Diputados se incluyeron dos modificaciones al proyecto original: “una de ellas, que en este acceso a la información debiera protegerse la dignidad humana”, incluyendo de manera explícita la referencia a la ley de protección de datos personales, y la mención a la ley de acceso a la información pública.
García sostuvo que en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo “estuvo preservado explícitamente en el artículo 2 que [no se podía brindar] ninguna información que pudiera generar violaciones a la dignidad humana por haber sido obtenidas bajo apremios físicos o torturas”, pero en Diputados se definió incluir esta limitación de manera explícita. A su entender, “no hay ninguna excusa o argumento que pueda obstaculizar el acceso a todas las verdades, para que cada cual con su libertad de conciencia pueda tener mayor conocimiento de un pasado doloroso, pero pasado en fin”.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo que se trataba de un “tema de alta sensibilidad”, particularmente en este mes, que “es el Mes de la Memoria”. Brenta reconoció que “en el tratamiento en la Cámara de Diputados se incorporaron artículos que garantizan el respeto por la dignidad de las personas y, por lo tanto, que habrá acceso a la información que no viole la dignidad de las mismas en situaciones claramente violatorias de los derechos humanos”.
Sin embargo, el senador del FA resaltó que si bien eso fue un avance, el proyecto “carece de un aspecto fundamental, que es la ausencia de participación de actores sociales importantes en este tema, como son los técnicos que han manejado históricamente los archivos y que tienen una larga experiencia en el mismo, y que participaron en el procesamiento de archivos que fueron encontrados en períodos anteriores, y de las organizaciones sociales que representan a las víctimas de los ciudadanos detenidos y desaparecidos”.