El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley de medios todavía está pendiente de sanción definitiva, ya que falta que la Cámara de Diputados apruebe las modificaciones que se realizaron en la cámara alta. Varios de los cambios generaron polémica adentro y afuera de la coalición, sobre todo el artículo que se incluyó, a pedido de Cabildo Abierto, sobre la “imparcialidad” de la información política.
En este marco, la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República (Udelar) se pronunció sobre el proyecto de ley. En un comunicado expresó “su mayor preocupación por los cambios agregados y formato de tratamiento realizados en el Senado respecto al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes”, introducidos mediante un trámite “grave y urgente”, sin “discusión previa ni convocatoria a la comisión parlamentaria correspondiente y sin que ésta pudiera recibir y escuchar a los distintos actores interesados en la temática”. “Esta falta de debate, participación y garantías institucionales constituyen un peligroso antecedente, alejado de las prácticas republicanas”, se agrega.
Además, consideran que el proyecto aprobado por el Senado “no cumple con estándares mínimos de libertad de expresión y de calidad democrática, habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, elimina la participación ciudadana, quita toda transparencia a las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios, y compromete las políticas de promoción de la producción audiovisual nacional”.
“El proyecto habilita también la modificación, sin un diagnóstico consensuado, de la infraestructura nacional en materia de telecomunicaciones, lo que puede generar impactos en otros sectores no directamente vinculados al mercado de servicios. Cabe recordar, por ejemplo, que, en períodos de crisis sanitaria, fue esa infraestructura la que permitió la continuidad de la enseñanza en las tres ramas de la educación”, se agrega en el comunicado.
El claustro de la Udelar también llamó la atención sobre varias de las modificaciones que el proyecto le hace a la ley de medios actual, la número 19.307, que fue aprobada en el último año del gobierno de José Mujica (2014). Por ejemplo, “el aumento de los límites a la concentración, la eliminación de barreras a la extranjerización de los medios, afectando su pluralismo y diversidad, por tanto, los estándares de calidad democrática del país”.
También llaman la atención sobre “la eliminación de todas las instancias institucionales de transparencia, participación social y defensa de los derechos ciudadanos”, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual y las audiencias públicas con presentación de propuestas comunicacionales para la asignación de frecuencias de radio y televisión, “dejando en manos exclusivas del Poder Ejecutivo decisiones clave sobre la regulación de los medios”.
Además, llaman la atención sobre “la eliminación de medidas de fomento de la producción audiovisual nacional” y, por último, sobre “la peligrosa intromisión en la libertad de expresión, rayana con la censura, a través de un artículo agregado por el Senado sin discusión previa” que exige a los medios brindar “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, so pena de las sanciones previstas en la norma.