Las declaraciones que hizo sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria Bernardo Legnani, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que en su momento fue postulado al organismo por el senador cabildante Guillermo Domenech, causaron malestar en Cabildo Abierto (CA). Hay quienes incluso ya solicitaron públicamente que Legnani renuncie a su cargo en el consejo directivo de la INDDHH.
A grandes rasgos, el proyecto plantea una nueva regulación de la prisión domiciliaria en la que el beneficio de la excarcelación nunca será preceptivo y siempre será otorgado por un juez, el cual deberá asignarles “especial relevancia” a distintos elementos, entre ellos, “que el formalizado tuviera 65 años de edad o más”. Se trata de una versión más integral en comparación al proyecto original que presentó CA en 2021, que concedía la prisión domiciliaria “de oficio y sin más trámites” a los mayores de 65 años y que fue catalogado como un intento de liberar a los represores de la dictadura presos en la cárcel de Domingo Arena.
De todos modos, Legnani advirtió recientemente en el Parlamento sobre un posible “factor de impunidad” en el proyecto actual, que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Desde un enfoque del derecho internacional humanitario, Legnani señaló que “este beneficio se aplica a individuos que hubieren cometido crímenes graves en el marco de la actuación ilegítima del Estado acaecida en el período de 1968 a 1985” y, entre otras cosas, sostuvo que la excarcelación de estas personas “generaría la sensación en la sociedad de que no se ha hecho justicia”.
Ante esto, la Junta Nacional de CA expresó a través de un comunicado su preocupación por las expresiones de Legnani, “que no representa en absoluto la postura del partido”. CA señaló que el proyecto actual “no recoge la propuesta original presentada por nuestros senadores” y anunció que “procederá a evaluar los descargos presentados por el Dr. Legnani en una carta que nos fue remitida para adoptar las medidas que correspondan”.
El senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo el viernes que el partido estudiará “las notas y la documentación” que envió “en su defensa” el director de la INDDHH para posteriormente adoptar una “medida”, según declaraciones consignadas por El País.
Para el Espacio de los Pueblos Libres, sector liderado por Eduardo Radaelli, la medida no puede ser otra que la “renuncia inmediata” de Legnani. Mediante un comunicado, la agrupación cabildante sostuvo que las declaraciones del director de la INDDHH “son contrarias” a la posición del partido. En diálogo con la diaria, Rossana de Olivera, secretaria general del Espacio de los Pueblos Libres y expresidenta del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, dijo que la postura que transmitió Legnani en el Parlamento “no defiende lo que está defendiendo CA desde el inicio de la administración respecto de la prisión domiciliaria”. A su entender, el director de la INDDHH “debería estar un poquito más en defensa de lo que defiende el partido en este tema que es tan delicado”.
Aunque aclaró que “será un tema que CA tendrá que dilucidar”, De Olivera señaló que la postura de su sector es que Legnani deje su puesto. “Lo que más molestó es que dice que si quienes son responsables de estos crímenes no han contribuido a la verdad, o no han mostrado signos de arrepentimiento, [entonces] otorgarles el beneficio propuesto en este proyecto no tiene fundamentos”, expresó.
Al inicio de su intervención en el Parlamento, Legnani, que no forma parte de CA, indicó específicamente que no se expresaba a título personal, sino en nombre del consejo directivo de la INDDHH, cuya postura “fue adoptada por la unanimidad de sus miembros”. Asimismo, mencionó que para el organismo el proyecto actual tiene varios aspectos que “regulan en forma muy adecuada la prisión domiciliaria”. “Simplemente se dijo que ante determinados delitos muy graves sería buena cosa que los jueces valoraran esos elementos”, apuntó Legnani, según consta en la versión taquigráfica.
La politización de la INDDHH
A mediados de 2021, decía Domenech –uno de los principales promotores del proyecto original de prisión domiciliaria– que la INDDHH era “inconstitucional” y sostenía que “la defensa de los derechos humanos” no debía transformarse en “una pantalla para defender determinadas posiciones políticas en desmedro de otras y constituirse una acción política sesgada que deforme la verdadera naturaleza de los derechos humanos”. Sin embargo, CA obtuvo, meses después, un representante en el organismo.
En aquel entonces, en agosto de 2022, organizaciones sociales presentaron un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el proceso de selección de las nuevas autoridades de la INDDHH. La abogada Valeria España, que participó en la presentación del recurso –que luego quedó sin efecto–, dijo a la diaria que el cuestionamiento de CA a las declaraciones de Legnani “muestra la intencionalidad del poder político” con respecto al organismo, que, a su parecer, “está actuando de una manera acorde a la normativa”.
España sostuvo que la INDDHH “tiene claramente un rol de control del comportamiento de los organismos del Estado y, por lo tanto, no puede estar sujeta a lo que diga un partido político”. Asimismo, aseguró que el pedido de renuncia “es improcedente”, dado que, si bien fue CA el que “propuso ese nombre, el Parlamento fue en definitiva el que lo definió”.
En efecto, tal como establece la ley orgánica de la INDDHH, los cinco miembros del actual consejo directivo del organismo fueron designados por la Asamblea General con una mayoría especial de dos tercios de los votos. La norma también establece que el cargo de director es incompatible con la actividad política partidaria y marca que los miembros del consejo directivo “no estarán sujetos a mandato imperativo ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía”.
España resaltó que la INDDHH debería mantenerse “totalmente ajena a cualquier tipo de control o silenciamiento” que provenga del sistema político, sobre todo, “por parte de un partido político promilitar que niega las violaciones a los derechos humanos”.