Juan Gómez tiene previsto dejar de manera definitiva la titularidad de la Fiscalía General de la Nación a fin de mes, y tanto en el oficialismo como en la oposición “se da por descontado” que Mónica Ferrero volverá a asumir como fiscal de Corte, por lo menos hasta el próximo período de gobierno.
Gómez, que en realidad es fiscal adjunto, asumió como fiscal de Corte de forma interina en octubre de 2021, a partir de la renuncia de Jorge Díaz, quien no completó su mandato de diez años. A la espera de que el sistema político designara al sucesor de Díaz, Gómez ejerció el cargo hasta diciembre del año pasado, cuando, por motivos de salud y también de forma interina, asumió Ferrero, la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad.
Referentes del oficialismo y la oposición coinciden en que los protagonistas de la última negociación “seria” para nombrar a un nuevo fiscal de Corte fueron la frenteamplista Lucía Topolansky y el nacionalista Gustavo Penadés, quien a principios de octubre de 2023 fue imputado con prisión preventiva por múltiples delitos sexuales.
La senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian dijo a la diaria que actualmente no hay “ninguna” negociación al respecto y estimó que “seguramente” Ferrero volverá a ocupar el cargo. A su modo de ver, “no haber podido nombrar un fiscal de Corte [en este período de gobierno] es un fracaso”.
Kechichian consideró que “la primera omisión” le corresponde al presidente Luis Lacalle Pou, “que es el que debe mandar el nombre al Parlamento”. En efecto, el artículo 168 de la Constitución de la República establece que la designación del fiscal de Corte es responsabilidad del presidente “con venia de la Cámara de Senadores […] otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes”.
Según Kechichian, “el presidente no ha tenido ninguna iniciativa”. Si bien señaló que “está bien trabajar ciertos consensos antes” de enviar un nombre al Parlamento, sostuvo que Lacalle Pou “perfectamente podría haber mandando un nombre y ahí ver de negociar, [como] ya se hizo otras veces”. La senadora del FA deslindó a su fuerza política: “Yo fui coordinadora en el momento de la negociación y puedo asegurar que hicimos todos los esfuerzos; fuimos los únicos que propusimos nombres, ninguno del FA, y nada les venía bien, esa es la verdad”.
El senador frenteamplista Charles Carrera confirmó a la diaria que actualmente “no hay ningún diálogo” con el oficialismo por este tema. Afirmó que, en su momento, el FA propuso nombres de “prestigiosos juristas, fiscales y jueces”, pero “lamentablemente nunca tuvimos una respuesta favorable”.
En setiembre de 2023 trascendió que legisladores del oficialismo le hicieron la propuesta al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, pero este se negó.
Carrera sostuvo que, en la coalición de gobierno, “más que negociar, quieren imponer nombres o cambios normativos”. Esto último en referencia a la modificación de la ley orgánica de la Fiscalía (19.483) que se hizo a través de la rendición de cuentas en 2022; el cambio les adjudicó a las fiscalías penales de Montevideo la tarea de “subrogar al fiscal adjunto de Corte en el orden administrativo y jurisdiccional en casos de licencia, vacancia temporal o definitiva” y estableció que “dicho fiscal subrogante será elegido en función de la mayor antigüedad en el cargo de fiscal de Montevideo”.
El senador del FA sostuvo que la no designación de un fiscal de Corte en este quinquenio “es uno de los grandes fracasos de esta administración” y reiteró que en el oficialismo “no son muy adeptos al diálogo y al acuerdo político, sino que comparten más la imposición”.
Diferente es la opinión de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi. En diálogo con la diaria, Bianchi dijo que “se da por descontado que vuelve Ferrero” a principios de setiembre y, a título personal, opinó que “no es el momento” para nombrar a un nuevo fiscal de Corte. “Ya que estuvimos tanto [tiempo] en una situación irregular, o por lo menos precaria, hay que pasar el proceso electoral, pero esa es mi opinión”, expresó.
A diferencia de los senadores de la oposición, Bianchi no catalogó al asunto como un fracaso del gobierno, sino como “un éxito del FA en impedir al gobierno que tenga su propio fiscal de Corte”. Afirmó que existe “un juego político” y también “un defecto” en la normativa vigente.