A principios de este mes, la diaria informó que el canciller Mario Lubetkin resolvió iniciar sendos sumarios al excanciller Francisco Bustillo y al exjefe de Jurídica Carlos Mata, tras los resultados de una investigación administrativa que constató “elementos” que permiten identificarlos como “presuntos responsables” de “hechos irregulares” en el proceso de expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset durante el gobierno anterior.
La investigación buscó concretamente determinar responsabilidades respecto de la destrucción de un documento público protocolizado que incluía las conversaciones de Whatsapp entre los exsubsecretarios Carolina Ache (Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (Interior), que probaron que el gobierno de Luis Lacalle Pou sabía que Marset era un “narco pesado” en momentos en que se tramitó su pasaporte.
Además, la cancillería remitió a la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos los detalles de la investigación administrativa.
Este jueves, El País informó que Bustillo interpuso formalmente recursos de revocación y jerárquico contra la resolución de la cancillería. El exjerarca alegó que existe “ilegitimidad” para llevar adelante este proceso y consideró que se violan principios fundamentales del derecho administrativo y constitucionales. Señaló que “los ministros de Estado no son pasibles de responsabilidad disciplinaria, la cual queda absorbida por la responsabilidad política”, y agregó que una prueba de esto es que fue cesado de su cargo “a pedido del presidente de la República”.
Alega también que no puede ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, y considera que ya fue sancionado con su “cese como ministro de Relaciones Exteriores”. “Si se me aplicara una sanción, por mínima que fuera, se estará incurriendo en una grosera violación de este principio”, sostiene.
Bustillo también argumenta que en la resolución ministerial no se indica qué hecho irregular se le imputa y afirma que “mal podía yo dar órdenes cuando estuve fuera del país desde el 25 de noviembre de 2022” y hasta el 9 de diciembre (en ese período la ministra interina era Carolina Ache).
El excanciller indica, por otra parte, que se violó el debido proceso porque no se le dio vista previa de la investigación administrativa que dio mérito al sumario. “Es claro el apartamiento de la Constitución, ya que la garantía de defensa aparece en el artículo 66 de la carta magna en favor de los funcionarios sobre los cuales recaiga una investigación administrativa. El derecho a defenderse no se limita a la posibilidad de ser oído antes de dictarse resolución –lo que, en la especie, no ocurrió–, sino que comprende también el derecho a ser enterado de la existencia del procedimiento que precede al acto, a conocer el contenido de las actuaciones. En suma, como es notorio, nada de lo debido se cumplió en este caso, lo que configura una causal de ilegitimidad por sí sola suficiente para disponer la revocación”, se argumenta en el escrito, según consignó El País.
Finalmente, pide la inmediata anulación de la resolución o la suspensión de la instrucción hasta que se le permita acceder a la investigación administrativa.