Dos días después de que el gobierno anunciara que rescindirá el contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas con el astillero Cardama por “fuertes indicios” de “estafa o fraude”, este viernes se presentó la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación. Sobre las 16.30 llegaron al lugar el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; minutos antes había arribado el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez.
Los tres representantes del gobierno fueron recibidos por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Luego de hacerse con la denuncia, la máxima autoridad del Ministerio Público será la encargada de derivarla a la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación del organismo, que se ocupa de determinar los fundamentos del pedido de acción fiscal y, eventualmente, concretar su derivación a la fiscalía y turno que crea conveniente.
El vocero de Fiscalía, Javier Benech, adelantó que este proceso se resuelve habitualmente en “pocos días”. Asimismo, subrayó que por “la temática” de la denuncia presentada “posiblemente” pase a alguna de las fiscalías de Delitos Económicos.
El gobierno reafirma su posición
Luego de la entrega de la denuncia a Ferrero, Sánchez y Díaz brindaron una rueda de prensa en la que evitaron confrontar tanto con el dueño del astillero español, Mario Cardama, como con los representantes de la oposición. “Estamos cumpliendo con lo que anunciamos hace algunas horas”, aclaró el secretario de Presidencia, en referencia a la denuncia del contrato después de que se venciera la garantía de fiel cumplimiento que establecía el acuerdo, en el que se involucraba a una “empresa que al parecer es de papel”.
Sánchez enfatizó que en el escrito presentado lo que se denuncia son “hechos”. En ese sentido, puntualizó que a su entender será labor de Fiscalía convocar a “quien trajo la garantía”, en referencia a Cardama, y a “quien aceptó esta garantía”, por los funcionarios públicos de la época. “Desde nuestro punto de vista, es un profundo error de gestión haber aceptado esta garantía, pero habrá que ver qué otros elementos hay”, advirtió el jerarca.
Díaz comentó que será el fiscal del caso quien “calificará” si hay delito de fraude o estafa, aunque adelantó que desde su visión sí hay “un engaño al Estado”. El prosecretario detalló que en un inicio el contrato preveía que la garantía de fiel cumplimiento fuera de 30 meses –todo el proceso de construcción– y los 12 meses posteriores a su finalización. Aseguró que esto luego se cambió “sin ninguna motivación, sin ningún acto administrativo que justificara esa modificación”, pasando a una garantía sólo de 12 meses.
En esa nueva versión, el astillero debía “comunicar al Estado la constitución de una nueva garantía” 30 días antes del vencimiento de la garantía entonces vigente. Díaz volvió a marcar que esto no sucedió, y por eso se decidió ejecutar la garantía, lo que terminó en “la sorpresa” de que la empresa que daba ese respaldo “no existe”.
El prosecretario reconoció que, 15 minutos antes de la conferencia brindada el miércoles, el Ministerio de Defensa recibió un mail de parte del astillero que señalaba que se había hecho la renovación de la garantía, pero que se había olvidado de comunicarlo. En la renovación se había puesto nuevamente a cargo de la empresa catalogada por el gobierno como “de papel” (Eurocommerce).
Como la garantía de fiel cumplimiento “era un requisito para que el contrato entrara en vigor”, el hecho de que “no exista” lleva, según Díaz, a que se cuestione “absolutamente todo”.
La premisa de no discutir
“No vamos a debatir con el señor Cardama a través de la prensa”, aseguró Díaz sobre el reclamo del responsable del astillero de que se le hubiera comunicado con antelación las intenciones del gobierno. Sánchez remarcó, en tanto, que “no es una responsabilidad” del Estado uruguayo ir a buscar a un contratista por una nueva garantía, sino de él presentarla.
“Hasta el momento no hemos tenido ninguna conversación formal”, puntualizó Sánchez sobre Cardama. Reconoció asimismo que en el marco del contrato, y ante la realización de acciones civiles, “seguramente” se abrirán “espacios de mediación”.
“Hay todo un debate político, toda una discusión que va subiendo de tono, [y] que no es la intención del Poder Ejecutivo ingresar en eso; nosotros estamos acá defendiendo los bienes públicos que son de los contribuyentes”, sintetizó Sánchez al ser consultado por diferentes planteos efectuados en las últimas horas.
“El resto, que los políticos discutan lo que quieran, nosotros estamos defendiendo el dinero de la gente”, agregó en el mismo sentido el secretario de Presidencia, luego de volver a hacer foco en las falencias de la garantía de fiel cumplimiento, al ser consultado por eventuales juicios contra el Estado por parte de Cardama.
“En ese ringui ranga no vamos a entrar porque hay temas muy importantes, como los 30 millones de dólares que ya ha invertido el Estado uruguayo y como la necesidad que tiene el Estado uruguayo de tener patrulleras”, comentó, por último, sobre la acusación por parte de dirigentes nacionalistas de que los planteos del gobierno son “política menor”.