La Comisión de Lavado de Activos de Diputados recibió este viernes al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para tratar el proyecto de ley de lavado de activos que ya cuenta con la media sanción del Senado.
El diputado por el Partido Nacional y vicepresidente de la comisión Pablo Abdala expresó, en diálogo con la diaria, que fue una reunión con “nivel de consenso”. Adelantó que su partido va a “votar en general también en Diputados, así que la ley va a salir, y no descartaría que el proyecto saliera por unanimidad como salió en el Senado”.
“El país va construyendo un camino de respuesta en la lucha contra el lavado de activos, en el que todos estamos coincidiendo; lo hemos logrado encapsular por fuera de nuestras diferencias y de nuestras disputas, que las tenemos, con el gobierno”, manifestó Abdala. “El gobierno anterior dejó pronta y aprobada la estrategia de lucha contra el lavado de activos y el plan de acción, y el actual gobierno lo ratificó por decreto”, añadió.
Abdala hizo referencia a tres de las modificaciones planteadas por el Frente Amplio a las que, ya habían adelantado en la sesión previa de la comisión, que no acompañan desde la oposición. Una tiene que ver con la reducción del tope para el uso de efectivo, eso “dije que no lo iba a acompañar, porque no hay evidencia de que por esa modificación que hizo que puso la LUC [ley de urgente consideración] se hayan generado situaciones sospechosas de lavado de activos”, argumentó Abdala; “tampoco hay evidencia de que se haya dado un incremento de las operaciones en efectivo”, agregó.
En este sentido, se refirió a que, según especialistas en el tema, “esto implica alterar o modificar a través de una mayoría circunstancial en el Parlamento lo que la gente ratificó popularmente en el referéndum de marzo de 2022”, por lo que habría un tema de “legitimidad allí que los propios constitucionalistas reconocen como un aspecto a tener en cuenta”, dijo.
Otro de los aspectos en los que el diputado tiene sus reparos es en la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. “El gobierno dice que la fiscalía especializada no ha sido una buena solución porque el número de condenas ha sido muy escasos, y no ha sido muy eficaz”, explicó; apuntó a que “si tenemos un bajo número de condenas y de formalizaciones, sinceremos la discusión: es porque en realidad el sistema no está funcionando como debería funcionar”.
“Lo que más me preocupa es que aquí la están derogando, la están eliminando, pero no está claro qué viene a cambio”, expresó Abdala. “No se dispone nada nada en sustitución, [por lo que es] volver a la situación anterior, a que la fiscal de Corte va a distribuir o asignar esa competencia a los fiscales que ya existen”, agregó.
La tercera modificación que tiene discusión es la autorización de exigir e incautar información o respaldos informáticos a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft). “Yo no me opongo, entiendo que está bien, hay que fortalecer la Senclaft, pero entiendo que hay un problema de falta de garantías, [porque] se ejercen sin intervención de la Justicia”, dijo Abdala.
Abdala informó que la próxima semana la comisión se reunirá jueves y viernes para recibir a delegaciones. Se convocó al Colegio de Contadores, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el consultor Alejandro Montesdeoca. “El compromiso que tenemos es dar un tratamiento relativamente ágil”, declaró Abdala, y añadió que el propósito es que antes de fin de año, por el receso parlamentario, se apruebe la ley.
Por su parte, el diputado por el Partido Colorado Juan Martín Jorge, en diálogo con la diaria, contó que fue una reunión “muy productiva”, aunque coincide en discutir las modificaciones referidas por Abdala. Respecto de las nuevas potestades de la Senaclaft, dijo que “estamos hablando de funcionarios administrativos a los que se les está dando la potestad legal de que concurran a una oficina de cualquier profesional, [que] es un sujeto obligado, como ser un abogado, contador escribano, y se lleven la documentación”.
“Se están violando el derecho de intimidad, derecho al secreto profesional; ya tenemos normas para este tipo de cosas con la intervención del juez, como las diligencias preparatorias, ya está regulado en el Código de Procedimiento Penal”, agregó el diputado colorado.
En tanto, sobre la derogación de la fiscalía especializada, Jorge se refirió a que “en la crítica me baso en un informe del doctor Jorge Chediack de la Universidad Claeh, de que no podemos estar cambiando el sistema cada tan pocos años”.
Por otra parte, Jorge dijo que agregó una cuestión para discutir: “Que se incluya lo que se llama la ‘paga por entrega de bienes’, o coloquialmente llamada ‘dación de pagos’, que todo el mundo entendió interesante agregar eventualmente al proyecto”.