La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para modificar la ley de estupefacientes, en particular, la pena mínima de cuatro años prevista por ingresar drogas a las cárceles. Se trata de un tema que, en la legislatura pasada, ameritó la presentación de iniciativas similares por parte del FA, el Partido Colorado e incluso del entonces Poder Ejecutivo.
La normativa vigente rige en base al artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC), ratificado por la ciudadanía en el referéndum de marzo de 2022, que reinstauró el artículo 36 de la ley de estupefacientes de 1974. Este artículo dispone la aplicación de cuatro a 15 años de penitenciaría “cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales, o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público”.
En la exposición de motivos del proyecto del FA, impulsado por el diputado Alejandro Zavala (El Abrazo) y la diputada Magela Rinaldi (Espacio 1001), que ingresó este miércoles a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se sostiene que este cambio introducido a través de la LUC implicó “una distorsión en el régimen de dosimetría penal y una alteración del régimen general en materia de circunstancias agravantes”.
En la iniciativa se señala que la modificación “tuvo un impacto significativo en el sistema carcelario, y en particular en la vida de las mujeres privadas de su libertad”. A partir de este cambio, se agrega, “el número de mujeres encarceladas por esta causa se disparó y el hacinamiento de esta población aumentó de manera muy significativa”. Se apunta que, según datos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en julio de 2024 había 1.322 mujeres privadas de libertad, cuando en 2019 había “menos de la mitad”.
En el proyecto del FA se propone restablecer que el juez tenga la facultad de definir la pena para este delito sin la obligación de dictaminar la prisión efectiva por un mínimo de cuatro años en todos los casos. En caso de aprobarse la iniciativa, el juez deberá evaluar caso a caso si corresponde la aplicación de una medida alternativa a la prisión efectiva.
En la exposición de motivos se señala que “la mayoría de las mujeres que se involucran en este tipo de delitos son pobres”, jefas de hogar y con personas a cargo, “lo que deja en evidencia las marcadas asimetrías de acceso a recursos y poder entre los géneros”.
Se apunta, además, que “las mujeres que incurren en la modalidad de ingreso de estupefacientes a los centros penitenciarios generalmente son la respuesta, y evidencia, del sometimiento de un hombre con quien mantienen un vínculo afectivo o de parentesco”.
Para la bancada de diputados del FA, “es necesario modificar la normativa sin dejar de contemplar la reprochabilidad de este delito”. “Este proyecto no busca resolver la compleja temática de los estupefacientes, sino atacar un problema urgente y complejo que ha sido identificado pero que a la fecha no ha tenido una solución efectiva”, se sostiene en la exposición de motivos.