En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, describió este martes el punto de partida de la actual administración: hay 67.024 hogares con “al menos una carencia crítica en materia de vivienda”, de los cuales 1.447 “tienen paredes o techos construidos con materiales de desecho” y 2.895 “mantienen pisos de tierra”, según los datos del censo de 2023.
Asimismo, hay 9.447 viviendas sin “baño de uso exclusivo” y 9.041 hogares sin “sistema de evacuación sanitaria adecuado”. Todavía existen 4.058 casas sin conexión eléctrica y “un 2,7% de la población declara haber debido abandonar su vivienda en los últimos cinco años por inundaciones o temporales”. Persisten, además, 667 asentamientos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Después de exponer estos y otros datos, Paseyro profundizó en el primero de los lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat del MVOT, cuyo cometido central es atender “la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social”. “Este lineamiento pone en el centro a las personas como sujetos de derecho, priorizando la atención a quienes enfrentan múltiples formas de exclusión y desigualdad”, señaló.
En ese sentido, mencionó a “los más de 600 asentamientos identificados en el país” y a poblaciones específicas, “como niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema penitenciario”, quienes, sostuvo, recibirán del ministerio “respuestas integrales, coordinadas y sostenidas, adaptadas a las particularidades territoriales y sociales”.
Paseyro señaló que el objetivo del gobierno “es mejorar de manera inmediata las condiciones habitacionales de las familias más críticas” y garantizar al mismo tiempo “la continuidad hacia soluciones más estables”. Pero, en primer lugar, se promoverán “herramientas flexibles que permitan dar una respuesta rápida y transitoria”, sobre todo, a “las situaciones más críticas de precariedad sociohabitacional”.
La ministra adelantó en la comisión que la cartera ya está trabajando junto con la Corporación Nacional para el Desarrollo en “la elaboración de un pliego licitatorio que permitirá a las empresas privadas presentar propuestas de módulos habitacionales de fácil armado y traslado”. Explicó que estos módulos “podrán incluir dormitorios, cocina y baño, o bien combinarse entre sí para adaptarse a distintas tipologías”. “Con esta herramienta buscamos contar con soluciones ágiles y flexibles, capaces de adecuarse a las necesidades específicas de cada situación”, añadió.
Paseyro señaló que este plan se complementará con los “programas históricos” de la Dirección Nacional de Vivienda, como los convenios con los gobiernos departamentales para la realización de mejoras edilicias y la organización de canastas de materiales.
“En el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat establecimos como meta alcanzar 3.850 mejoras habitacionales para la atención de la emergencia habitacional”, pero “al finalizar el quinquenio esperamos superar esta meta”, manifestó.
La Ley de Vivienda Promovida “no estaba llegando a la población del ministerio”
Luego de la intervención inicial del MVOT, varios senadores frenteamplistas opinaron sobre el papel del Estado en el derecho a la vivienda, en general, y, en particular, sobre la Ley de Vivienda Promovida, que establece beneficios tributarios para las empresas constructoras.
“No hay lugar en el mundo donde el problema de la vivienda lo haya resuelto el mercado; el mercado resuelve un negocio y profundiza estos fenómenos de segmentación y de segregación”, aseveró, por ejemplo, Óscar Andrade.
Gustavo González, ex secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, parafraseó a un “gran urbanista de este país” y sostuvo que “la vivienda es una enfermedad selectiva que ataca a los pobres”. “Por eso, a veces me río cuando hablan de desarrollo y sólo piensan en los bolsillos del capital para hacer un monoambiente de 110.000 dólares, algo que podría alcanzar rápidamente cualquier trabajador”, ironizó, y acotó: “Por suerte, el Estado apunta a otra cosa”.
En la misma línea, Constanza Moreira dijo que, “por más que implementemos muchos programas de viviendas promovidas, sigue habiendo un déficit habitacional enorme que requiere financiamiento público”.
Blanca Rodríguez, en tanto, planteó dudas sobre la efectividad de la ley. “Básicamente parece que ha sido un motor para captar inversión privada, para generar empleo, para aumentar el stock habitacional. Sin embargo, uno ve que allí hay monoambientes concentrados en zonas céntricas. Una familia que tiene determinada configuración difícilmente pueda vivir en un monoambiente. Finalmente, quedaron afuera los sectores más vulnerables”, comentó, antes de preguntar a las autoridades “cuál es el camino” que se va a seguir con respecto a esta ley.
A modo de respuesta, Paseyro recordó que el gobierno resolvió que la aprobación de proyectos de vivienda promovida será una potestad exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas, a excepción del programa Entre Todos, que estará a cargo del MVOT. “Será el Ministerio de Economía el que promueva esas grandes inversiones”, recalcó.
De todos modos, señaló que en el MVOT existe “esa misma evaluación”, es decir, que la ley “permitió generar un stock de vivienda”, inversión y empleo, pero “no estaba llegando a la población del Ministerio de Vivienda”.