Para medir el hambre y el consumo de alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) lo hace a través de la medición de la severidad de la inseguridad alimentaria basada en la experiencia de las personas.
La seguridad alimentaria significa que la persona tiene un acceso adecuado a los alimentos; la inseguridad leve, que tiene un acceso adecuado en la actualidad pero incierto en el futuro; la moderada refiere a que la calidad y la variedad de los alimentos están en riesgo, y un poco más allá, que hubo una reducción de la cantidad de alimentos al saltearse una comida; y la grave es que la persona estuvo sin comer por un día o más de un día.
Dicha medición, que es la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés) es utilizada desde 2022 en el informe sobre prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares. El cuarto informe fue presentado este martes por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y fue realizado en convenio con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública. Además, contó con el asesoramiento del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República y la FAO.
En la presentación, que tuvo lugar en el Comedor N°7 del INDA, la nutricionista y adjunta a la dirección del instituto, María Eugenia Oholeguy, destacó que Uruguay “que es un país con suficiencia alimentaria, sabemos que el problema no es la falta de comida, sino el acceso económico a los alimentos”.
Apuntó que “existe una brecha profunda entre las personas que pueden planificar su alimentación y quienes tienen que resolverla día a día”. Este acceso desigual “tiene consecuencias directas y graves en la malnutrición” con problemas vinculados al “retraso de crecimiento y anemia principalmente en la primera infancia” y con “una pandemia de exceso de peso que atraviesa a todas las edades”.
La directora destacó el apoyo técnico de la FAO en el informe que “ha estado trabajando con este equipo en fortalecer la metodología y en seguir pudiendo darle más uso, más profundidad a estos datos”. El índice FIES, señaló, “indaga la capacidad de las personas de acceder a los alimentos y permite identificar experiencias asociadas a los diferentes grados de inseguridad alimentaria”. La metodología del informe consiste en ocho preguntas que describen experiencias vinculadas a dificultades de acceso a los alimentos por falta de dinero u otros recursos en los últimos 12 meses, y la muestra fue de 7.216 hogares.
Ohaleguy apuntó que hay una estabilización de las cifras
Los principales resultados indican que 13,2% de los hogares, o sea 132 de cada 1.000, sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, por lo que tuvieron que reducir la cantidad o calidad de los alimentos por falta de dinero. A su vez, 143 de cada 1.000 personas vivían en esos hogares.
La inseguridad alimentaria grave se encuentra en 1,9% de los hogares, o sea que 19 de cada 1.000 hogares pasaron todo un día sin comer; 20 de cada 1.000 de las personas se vieron afectadas por esto.
Al desagregar por el nivel de ingresos, la inseguridad alimentaria se concentra fuertemente en los hogares con menos recursos. Por lo tanto, en el quintil 1, que refiere al 20% más pobre, persiste 33% de inseguridad alimentaria moderada o grave, y 5,8% de grave. En el quintil 2, la primera se ubicó en 18,6% y la segunda en 2,2%.
En cuanto a la presencia de niños, niñas y adolescentes, la inseguridad alimentaria es mucho mayor en los hogares con menores. De esa forma, en donde hay menores de seis años, la inseguridad es de 18,9% (moderada o grave) y 2,2% (grave), y en donde hay menores de 18 años, es de 16,7% (moderada o grave) y 2,4% (grave).
Oholeguy destacó que no hubo diferencias estadísticamente significativas al desagregar por región geográfica: la inseguridad moderada o grave se ubicó en 12,4% en Montevideo y en 13,7% en el interior, mientras que la grave oscila entre 1,6% y 2,4%, respectivamente, según la región.
Como valoración general, lo que surge de la edición de este año, explicó Oholeguy, es que si se observa la tendencia en cuanto a los informes desde 2022, si bien hay una disminución, tampoco “hay diferencias significativas” entre 2025 y 2024, “lo que está sugiriendo que haya una estabilización de estas cifras”.
De todas formas, sostuvo que la inseguridad alimentaria “sigue siendo un problema prevalente en Uruguay que afecta de manera desproporcionada a los hogares con menos recursos y a aquellos que tienen niños, niñas y adolescentes”. Aunque “las cifras han mostrado mejoras”, Oholeguy dijo que “se mantienen niveles que requieren atención”.
En su intervención, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, resaltó que “más allá de las mejoras” y de la comparación entre los distintos años medidos, “el punto de partida que tiene Uruguay respecto a la inseguridad alimentaria es un punto de partida que nos interpela y que nos convoca a redoblar no solamente nuestra política alimentaria, sino toda la política para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos”.
En la misma línea, la directora del INDA, Micaela Melgar, apuntó en rueda de prensa que desde la administración quieren ser “muy cautelosos en el caso de presentar algunas mejoras” ya que consideran que “lo importante es la tendencia”.
“No queremos ser triunfalistas con estos números, y queremos mostrar que son parte de un problema que tiene Uruguay que es la alimentación, la seguridad alimentaria y la soberanía, y tenemos que trabajar al respecto de esta gran causa nacional”, resaltó y agregó que “los datos no permiten hacer conclusiones ni sobre un programa ni sobre una gestión en particular”, sino que “son datos del Estado uruguayo que representan una realidad que es desafiante”.
INDA apunta a aprobar una ley marco que organice las competencias y la gobernanza de la alimentación
Otro de los objetivos de la instancia era la presentación de las líneas estratégicas del INDA para este periodo que, según describió Melgar en su intervención, “no son estáticas, están en constante construcción y revisión con un afán de mejorar cada cosa que esté a nuestro alcance”.
En ese marco, con el desafío de asegurar el derecho a una alimentación adecuada y la lucha contra el hambre, el INDA firmó acuerdos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para la promoción de comprar públicas a la agricultura familiar y la pesca artesanal; con el Correo Uruguayo para la logística y distribución de insumos, con la FAO para capacitación e investigación; y con la Suprema Corte de Justicia para la cobertura alimentaria de mujeres y niños en juzgados de familia.
A su vez, informó que uno de los objetivos es la aprobación de una “ley marco sobre el derecho a la alimentación donde se organicen las competencias y la gobernanza de este tema”. Además, Melgar anunció que el 8 de este mes se lanzará una mesa de trabajo con el MGAP, también integrada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, para abordar las compras públicas a la agricultura familiar y la pesca artesanal.