La conveniencia económica y la legalidad de la compra de las 4.400 hectáreas que conformaban la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización estuvieron en discusión en el Parlamento durante semanas. Tras la interpelación en el Senado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por este tema, se conformó una comisión preinvestigadora en la órbita de Diputados. A inicios de setiembre, con votos de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA), se decidió postergar el tratamiento de la aprobación de la investigadora para después de aprobado el presupuesto quinquenal, por lo cual el resto de la oposición decidió optar por la vía penal.
Los diputados Juan Martín Jorge (Partido Colorado) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentaron una denuncia que fue respaldada además por blancos e independientes. Finalmente, algunos días después de presentada la denuncia, se confirmó que esta quedaría en manos del fiscal Alejandro Machado. Luego de dos meses, a mediados de noviembre, la diaria informó que fiscalía le solicitó a Colonización actas de resoluciones y el expediente de la compra para iniciar el proceso de trabajo.
Este martes, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó una moción para tratar el miércoles 10 la conformación de la investigadora por la compra de María Dolores (el presupuesto se vota el día anterior).
A mediados de noviembre, el diputado Jorge comentó a la diaria que analizaba la posibilidad de una investigadora bajo la premisa de que ya no están los votos para esa acción, dadas las manifestaciones públicas del diputado cabildante Álvaro Perrone sobre que “ya no tiene sentido” una investigadora cuando hay una denuncia penal.
Sin embargo, en las últimas horas, fuentes de CA manifestaron a la diaria que el partido no tiene “nada definido”. “El tema ya está en la Justicia, no sé si los otros partidos de la oposición van a insistir; habrá que dialogar y ver qué dicen”, comentó la fuente cabildante, dejando abierta la posibilidad de votar la investigadora.
“No, no tiene sentido”, había manifestado a la diaria sobre la investigadora, en el mismo marco, el diputado Salle. “Si el tema ya está en la órbita de Fiscalía –que no es la órbita en la que debería estar, pero dadas las circunstancias está allí–, no tiene sentido una investigadora parlamentaria”, agregó entonces el líder de IS.
La discusión actual
Las declaraciones de Perrone sobre el “sentido” de la investigadora, así como las manifestaciones de los diputados impulsores de la denuncia penal, parecían apagar cualquier posibilidad de conformación de una investigadora. Sin embargo, con una fecha sobre la mesa para el tratamiento del tema, algunas cosas han cambiado y varias voces se suman a la pertinencia de la investigadora. Por ejemplo, Rodrigo Goñi, uno de los diputados blancos que siguió más de cerca el proceso de la denuncia penal, confirmó a la diaria que su partido sigue apostando a la investigadora.
“Todos nuestros argumentos, fundamentos y posturas, siguen siendo iguales o más fuertes”, comentó el representante. “Más allá del tema de las irregularidades, creo que el negocio sigue demostrando su irracionalidad por donde se lo mire”, complementó.
Recordó que la denuncia penal fue consecuencia de que no se haya votado la investigadora y agregó que “por supuesto” las dos cosas pueden ser paralelas.
“La investigación parlamentaria tiene otros objetivos, no es simplemente buscar ilícito penal, es buscar las responsabilidades políticas”, detalló.
Si bien otros diputados nacionalistas se sumaron a esta tesitura en diálogo con la diaria, uno de ellos reconoció que entiende que el caso “quedó cerrado con la denuncia penal”. En el caso de los colorados, y más allá de lo manifestado tiempo atrás por Jorge, un diputado indicó a la diaria que entiende que la razón de la investigadora sigue “firme”. El representante aseguró, sin embargo, que se trata de una visión “personal” que se contrastará al regreso de los demás legisladores titulares que en la actualidad se encuentran en distintos viajes fuera del país.
Los argumentos a favor y en contra de la investigadora
Luego de terminado el trabajo de la comisión preinvestigadora, el informe en minoría, presentado por el diputado nacionalista Domingo Rielli, señaló, entre otras cosas, que “el monto involucrado, la naturaleza de los recursos y el eventual impacto sobre la legalidad y la gestión patrimonial del Estado confieren a este asunto una relevancia institucional de primer orden”.
Asimismo, agregó que “los puntos denunciados –como el presunto sobreprecio del 40%, la ausencia de informes previos obligatorios, la eventual falta de crédito presupuestal o la renuncia del presidente del INC por incompatibilidad–, de verificarse, configuran irregularidades graves que comprometen la transparencia y la legalidad”.
Por su parte, el informe en mayoría de los diputados frenteamplistas Carlos Reyes y Gabriel Tinaglini hizo referencia a que la denuncia “se desprende de conjeturas y suposiciones, en términos imprecisos”. Con relación a la necesidad de mayorías especiales para aprobar la compra, para los diputados “no corresponde” crear una investigadora, ya que esta “no puede fundarse en la disparidad de criterios jurídicos de un denunciante sobre un determinado punto con relación al ente autónomo”.
Sobre el costo de la estancia, los legisladores resaltan que esto se fundamentó “en una confluencia de factores técnicos, legales y de oportunidad estratégica que demuestran la legalidad, pertinencia y buena administración de la operación”.