En agosto del año pasado, la Junta Departamental de Treinta y Tres le solicitó al Tribunal de Cuentas que realice un auditoría debido a sospechas que existían sobre irregularidades en el Municipio de Rincón, dado que en la Rendición de Cuentas del ejercicio de 2022 se había detectado el faltante de casi 15 millones de pesos que no tenían justificación en facturas.
El edil del Frente Amplio (FA) Fernando Techera dijo a la diaria que la diferencia entre lo gastado y lo facturado fue detectada en 2023. En ese entonces, se comprobó que existía el faltante de comprobantes por el gasto de casi 15 millones de pesos, en un presupuesto del municipio que es de aproximadamente 27 millones de pesos.
Del informe del Tribunal de Cuentas, al que accedió la diaria, se desprende que, ante la ausencia de comprobantes, el municipio realizó un “ajuste” imputando los gastos al rubro 7, denominado “Otras pérdidas de la operación”. El tribunal especifica que ese procedimiento contraviene lo dispuesto por los artículos 13 y 16 del Tocaf, dado que se imputaron gastos correspondientes a 2023 cuando en realidad fueron gastos realizados en años anteriores, y porque también se imputó el gasto a un rubro que no se correspondía con su origen.
El director de Hacienda de la comuna, Jorge Correa, informó en noviembre de 2024 que ese “ajuste fue necesario debido a la ausencia de registros contables actualizados que presentaba el municipio al 31 de diciembre de 2023”. “Se procedió a realizar el ajuste necesario que alineara el saldo de caja y bancos con el resultado de la conciliación bancaria y el arqueo de caja”, apuntó el jerarca.
El tribunal recalca que se registró un ajuste global que reconoce el importe de 14.583.249 pesos como “pérdida” del ejercicio 2023. El municipio justificó este faltante de comprobantes especificando que las facturas se enviaban directamente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y no a la intendencia.
En una consulta realizada por la Junta a la intendencia en enero de 2024, esta confirmó que las facturas que se envían directamente a la OPP no pasan “físicamente” por la comuna, por lo que no tenían forma de comprobar ese gasto. “Los municipios gozan de una amplia autonomía en la gestión de sus recursos”, respondió la comuna.
“Es importante destacar que los municipios, en su calidad de entidades autónomas, cuentan con amplias facultades para gestionar sus recursos y tomar decisiones en materia de gasto, contando con sus propios ordenadores del gasto y pago. La intendencia, por su parte, ejerce un rol de seguimiento consolidando la información financiera de los municipios y la suya propia, pero no tiene injerencia directa en las decisiones presupuestarias de los mismos”, añadió el organismo.
La intendencia aduce que todos los proyectos que son financiados por el Fondo Incentivo a la Gestión Municipal son rendidos a la OPP, y que la comuna fue la que detectó “irregularidades” en las rendiciones de cuenta de 2021 y 2022, que fueron dadas a conocer ante la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas.
El tribunal concluye que esta situación denota una “extrema deficiencia” en el control interno del municipio, dado que la misma persona que se encarga de ejecutar los gastos es la misma funcionaria que realiza la contabilización y el registro. Esta funcionaria fue sumariada, ante el inicio de una investigación administrativa de parte de la comuna. Entre las recomendaciones que da, el Tribunal de Cuentas pide establecer una “adecuada separación de funciones”, además de promover “arqueos sorpresivos” por personal ajeno al municipio.
Las acciones políticas que promoverá el Frente Amplio
El informe del Tribunal de Cuentas ingresó a la Junta Departamental este lunes, y la intención de la bancada de ediles del FA era tratarlo en la sesión de este martes. Debido a los tiempos, el tema no ingresó al orden del día, a pesar del intento de la bancada frenteamplista de introducirlo en un cuarto intermedio. Este procedimiento no es legal, por lo que el intento no tuvo éxito.
Además, la sesión debió suspenderse dado que un edil nacionalista abandonó la sala y la junta quedó sin cuórum. Ahora la intención de los ediles del FA es promover una comisión de investigación en la junta, aunque la cercanía de las elecciones departamentales dificultan que esto se pueda concretar, ya que entienden que tampoco habrá cuórum para instalarla.
En ese marco, los ediles están analizando con la dirección nacional del FA promover una denuncia en la Fiscalía General de la Nación.
la diaria intentó comunicarse con los ediles nacionalistas Matías Silvera y Estela Aguilar, pero no obtuvo respuesta.