El viernes, el diputado nacionalista Juan Pablo Delgado anunció que pediría la convocatoria a la Comisión de Vivienda del director nacional de Catastro, Andrés Recalde, para que diera “explicaciones” respecto de las irregularidades que se hicieron públicas en la declaración de construcciones por parte de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.
Según dijo a la diaria el representante, más allá de que al comienzo de esta semana el jerarca se haya referido al tema, este miércoles se formalizó por unanimidad el llamado a comisión. En lo personal, Delgado dijo que Recalde aún debe aclarar “cómo va a actuar” y “cuál es la señal” que va a dar a la “ciudadanía” la dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El llamado tiene carácter de “urgente”, por lo que la comparecencia de Recalde se está coordinando y se espera que tenga lugar en los “próximos días”.
Según explicó Delgado, en los dos casos hubo una “no actualización” en Catastro de “los metros cuadrados edificados”. En ese sentido, al no existir un “valor catastral” actualizado, tampoco se puede fijar “un valor fiscal” correspondiente a las características de la construcción. El representante remarcó que de ese valor fiscal surge el ajuste de las cifras para el pago de impuestos como la contribución inmobiliaria, el impuesto de Primaria, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las transmisiones patrimoniales, entre otros.
De acuerdo con lo informado por distintos medios, Arim fue intimado por Catastro para que actualice el registro de su casa en Solís en menos de 30 días. Según dijo Recalde este lunes a Montevideo Portal, el director de la OPP se encuentra al tanto de esta situación y la atenderá.
Ante este escenario, Delgado aseguró que, contrariamente a lo dicho por Arim en primera instancia, la intimación de Catastro deja “demostrado” que “el permiso de construcción y el final de obra son independientes a presentar una caracterización urbana”. El diputado indicó que esto último –en lo que está la irregularidad de la declaración de Arim– es responsabilidad del “propietario”, que debe presentar la información junto con “su técnico designado”, un arquitecto o ingeniero agrimensor.
El representante remarcó que tanto lo sucedido con Arim como con Cairo se encuentra regulado por el artículo 178 de la Ley 17.296. En ese sentido, si bien Recalde dijo a Montevideo Portal que no hay “ningún tipo de sanción” prevista para casos como el del director de OPP, Delgado recordó que la mencionada ley deja claro que “las infracciones que se constaten en las declaraciones que se presenten serán pasibles de las penas de que trata el artículo 239 del Código Penal”.
En ese sentido, el artículo en cuestión del Código Penal indica que quien, “con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público”, preste “una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
Ana Laura Melo.
Foto: Ernesto Ryan
La visión del oficialismo
La presidenta de la Comisión de Vivienda, la frenteamplista Ana Laura Melo, dijo a la diaria que, más allá del foco que hace Delgado en profundizar en el “mensaje institucional” que está dando Catastro en estos casos, la idea es que en la comparecencia –seguramente en sesión extraordinaria– Recalde profundice también en cómo “encontró” la dirección.
Melo enfatizó que es necesario tener “conocimiento”, por ejemplo, de cuál es el “procedimiento que lleva Catastro para tener una base de datos al día”. En ese sentido, y en referencia a algunos dichos del propio director sobre falta de información, la diputada apuntó que desde la comisión se buscará poner sobre la mesa “algún insumo” para comenzar, si fuera necesario, a establecer una “actualización” de la base de datos.
“Es importante que el director nacional nos haga una puesta a punto de cómo él ha encontrado la casa, de dónde faltan o no recursos para establecer determinadas políticas o determinadas líneas de trabajo”, remarcó Melo. Agregó que también se podrá en el centro del diálogo la posibilidad de recurrir a “algunos convenios” de control que en el pasado se establecieron con intendencias departamentales y que “han sido positivos”.