Este lunes el gobierno convocó a una conferencia de prensa para anunciar la firma de un acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central (GVC) debido al inicio de un proceso de arbitraje internacional por el incumplimiento de pagos por 160 millones de dólares en torno al proyecto del Ferrocarril Central, anunciado en febrero, a menos de una semana de la asunción del gobierno.
“La novedad es un acuerdo que logramos cerrar con el consorcio del Ferrocarril Central, fruto de una larga negociación que tuvimos que encarar cuando asumimos el gobierno”, dado que “no se llegó en su momento, en el gobierno anterior, a redondear una propuesta”, dijo el presidente, Yamandú Orsi, al iniciar la conferencia. Orsi reafirmó que fue una negociación “compleja” y recordó que “ya en la transición” les habían informado “que había algún capítulo pendiente, nada menos que vinculado con los pagos”.
“Nos toca a nosotros, en esta nueva etapa, encontrar la salida para que Uruguay pueda seguir honrando los contratos, para que lo que se tenga que pagar se pague, ni más ni menos, pero fundamentalmente para que el proyecto del ferrocarril tenga futuro, para que la producción nacional tenga futuro”, sostuvo el presidente. Además, reconoció que es una situación que no deseaban y que les hubiese gustado “que estuviera resuelta en su momento, que jamás estuviera en duda la posibilidad de que Uruguay avanzara en este proyecto”.
Oddone: “Es un tema que está pendiente desde diciembre de 2023”
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó que el acuerdo abarca el período comprendido entre el 24 de diciembre de 2023 y el 31 de marzo de 2025. El gobierno acordó un pago de 56,5 millones de dólares por la deuda correspondiente hasta el 7 de agosto de 2024, cuando todavía no tenían “el acta de funcionamiento del tren y, por lo tanto, lo que estaba ocurriendo era una circulación de prueba con alguna carga parcial”. Sobre esa cifra, un “mediador” tendrá 60 días para determinar si “es correcta o debe ajustarse”. En tanto, para el período que va del 8 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se acordó el pago de un 80% de lo que corresponde por disponibilidad, aplicando el descuento máximo establecido por el contrato y reconociendo los costos financieros “asociados a la demora del pago”.
En total, “si todos los acuerdos avanzan”, el monto será de 144 millones de dólares, lo que comprende el período hasta el 31 de marzo de 2025, explicó el ministro. “Eso quiere decir que, a partir de este momento, todas las conversaciones que vamos a tener con el consorcio, que es el prestador de servicios, que tiene que hacer un mantenimiento, tiene que ver con lo que viene de ahora en adelante. Todo lo que estaba pendiente de resolución hasta el 31 de marzo de este año está comprendido en este acuerdo”, afirmó Oddone.
El ministro subrayó que “es un tema que está pendiente desde diciembre de 2023” y que “no fue posible ser resuelto ni encaminado en 2024, por diversas razones”, todas ellas “con consecuencia fiscal para este año”. “Estamos contentos por el resultado, estamos contentos por haber alcanzado y encaminado el problema y haber generado continuidad a los compromisos que el país tiene asumidos con terceros, pero también estamos contentos porque nos libera tiempo, mucho tiempo de la ministra de Transporte, del ministro de Economía, del viceministro de Economía, dedicado a resolver cosas del pasado”, dijo el titular de Economía.
Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, consideró el cierre del acuerdo como “un momento de muchísima gratificación”, luego de “dos meses de muchísima intensidad en negociar”. “Hoy lo que tenemos es un marco de acuerdo que nos saca de esos titulares de arbitraje internacional y nos pone nuevamente en la senda de que este país respeta los contratos, los respeta en el marco del interés general, los respeta en el marco de las capacidades técnicas para que el proyecto siga creciendo y efectivamente pueda cumplir con el cometido de generar más desarrollo y divisas”, afirmó Etcheverry.
La titular de Transporte sostuvo que salen del acuerdo “fortalecidos”, ya que se establecieron “marcos claros de las cosas que deben corregirse y monitorearse y con staff técnico absolutamente consolidado en el marco de sus responsabilidades, que estaban bastante soslayados en el último período”.
A su vez, Etcheverry anunció un “canon ferroviario”, similar a un peaje, “que deben abonar los operadores que trabajen o que utilicen esta infraestructura que es de alguna manera la garantía para el mantenimiento de esta inversión que ha hecho el país”, lo cual, consideró, “debió hacerse hace un año atrás”. Los criterios para la fijación del canon se estiman de acuerdo a las depreciaciones “respecto de los durmientes, los rieles, todo el material rodante y fundamentalmente se calcula sobre la cantidad de toneladas que circulan por los trazados de la vía”, explicó la ministra.
Ruibal: el acuerdo “permite mirar hacia adelante con optimismo”
En la conferencia también estuvieron presentes los representantes del consorcio GVC. Su presidente, Jesús Contreras, dijo que estuvieron negociando “desde hace meses, y por fin, con este gobierno, se pudo llegar a un acuerdo en poco tiempo”. “Se puede agradecer todo el trabajo y la involucración de todos los equipos. Fue una negociación muy dura, pero pensamos que el acuerdo es justo y válido. Era muy importante porque es sobrevivir para nosotros, hemos llegado a un punto muy crítico de posicionamiento y no podíamos esperar mucho más. Nos están esperando los bancos, por lo cual estamos satisfechos con este acuerdo”, sostuvo.
Además, Contreras felicitó el trabajo de sus equipos internos, porque “estuvieron muy presentes”, y también a los socios, “por haber aguantado esta situación, porque económicamente fue desastrosa”.
“Lo que no te mata te fortalece”, dijo Alejandro Ruibal, director del consorcio, y subrayó que la negociación “fue larga pero en realidad fue corta”, porque se dio en pocos meses, “para arreglar un problema complejo”. “Es la obra pública tal vez más importante de la historia de este país. Todos ustedes saben, esto empezó allá por 2019; es una gran obra que no merecía terminar así. Una obra ferroviaria de altísimo nivel, construida por uruguayos –más del 90% de la mano de obra–, en la que participaron técnicos locales también”, subrayó.
Ruibal sostuvo que hoy pueden decir que tienen un acuerdo “que permite mirar hacia adelante con optimismo”, e insistió con que estuvieron “realmente muy cerca de tener que detener absolutamente todo”. “Pero la responsabilidad con la que se actuó fue lo que permitió resolver esta situación relativamente rápido”, finalizó.
En la conferencia, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, no habló, pero luego escribió en su cuenta de X: “Logramos con mucho trabajo y diálogo encontrar una salida a un problema que nos tomó por sorpresa a pocos días de asumir, un incumplimiento de contrato por parte del Estado”.
la diaria contactó a José Luis Falero, titular del Ministerio Transporte y Obras Públicas del gobierno anterior, para que dé su visión sobre el tema, pero se excusó de dar declaraciones. Dijo que pidió que le consigan el acuerdo al que se llegó “para comparar” con lo que venía negociando el gobierno anterior. “No es conveniente hacer comentarios sin tener el acuerdo al que han llegado”, finalizó.