Este artículo forma parte del proyecto “Narrativas sobre denuncias falsas: una investigación sobre desinformación y violencia de género”, realizado por Mariana Cianelli, Stephanie Demirdjian, Marina Santini y Yamila Silva.
No hay manera de analizar las características, objetivos y estrategias de los grupos que promueven el discurso de las denuncias falsas por violencia de género en Uruguay sin explorar la genealogía del movimiento internacional que los arropa. Organizaciones religiosas, partidos políticos, asociaciones civiles, empresarios o influencers de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, todos conectados por un elemento común: abogar por el combate contra la “ideología de género”, un término que ellos mismos inventaron para englobar los derechos conquistados por los movimientos feministas y LGBTI+.
Son sectores que no sólo cuestionan el aborto, la educación sexual integral y toda forma de familia que no sea la tradicional, sino que además no reconocen las desigualdades de género y, por lo tanto, entre otras cosas, niegan explícitamente que exista algo como una violencia basada en género.
El concepto de ideología de género fue acuñado por la iglesia católica a mediados de los 90, pero ganó terreno, sobre todo en nuestra región, a mediados de la segunda década del siglo XXI, por intermedio de actores políticos, religiosos y sociales que identificaron como una amenaza los primeros coletazos de la cuarta ola feminista que empezaba a levantarse.
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El primero en utilizarla en un discurso público fue el expresidente de Ecuador Rafael Correa en 2014. Dos años después, en México, miles de personas se movilizaron para expresarse a favor de la “familia tradicional” y en oposición al matrimonio de personas del mismo sexo, convocadas por la iglesia católica, iglesias evangélicas y organizaciones sociales. A fines de 2016, en Perú, se fundó Con mis Hijos no te Metas, una organización que luego sería replicada en otros países latinoamericanos –incluido Uruguay– para promover la eliminación de la educación sexual en las escuelas. Un año después, en Brasil, se movilizaron con estas consignas sectores ultraconservadores que luego contribuirían a la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.
En Uruguay, los pioneros en utilizar esta terminología fueron “diversos voceros del Vaticano, como el arzobispo Daniel Sturla, representantes de los grupos evangelistas como el pastor [Jorge] Márquez y sus diputados por el Partido Nacional”, señala la investigación Políticas antigénero en Latinoamérica: Uruguay, el mal ejemplo (2019), de Lilián Abracinskas, Santiago Puyol, Nicolás Iglesias y Stefanie Kreher. El trabajo afirma que, en una época de consolidación de nuestro país como pionero en materia de derechos al aprobar leyes de aborto, matrimonio igualitario, violencia basada en género y para la protección de las personas trans, entre otras, “podría afirmarse que lo que pretenden conservar los conservadores es el sistema de dominación no sólo económico, sino también político y moral”. Y lo hacen “desde una moral que también sostiene el control material y simbólico de los cuerpos, las sexualidades y las diversas formas de expresión e identidad de género, procurando negarlas con el fin de mantener el statu quo”.
Uno de los argumentos centrales que promueven estos grupos es que lo que busca la perspectiva de género –que ellos mal llaman ideología– no es la igualdad entre géneros, sino la supremacía de las mujeres. Es decir, consideran que, una vez que hayamos conquistado todos los derechos, las mujeres, finalmente, nos haremos con el poder que los hombres ostentan desde siempre, para perjudicarlos. Por eso ven algunas leyes como una amenaza directa a sus privilegios y a sus vidas: en definitiva, consideran, implican la pérdida de poder.
La Ley 19.580 de violencia basada en género que Uruguay aprobó a fines de 2017 y los ataques que ha enfrentado desde entonces, profundizados en los últimos años, son un ejemplo muy ilustrativo de esto.
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Estos relatos son promovidos por un tipo de organización muy específico, en su mayoría de corte no religioso o no explícitamente religioso, que son los grupos de papás. Son organizaciones que “dicen dar asistencia y apoyo jurídico a padres en conflicto por la tenencia de sus hijos, muchos involucrados en situaciones de violencia intrafamiliar y con un fuerte discurso contra las normativas que procuran erradicar la violencia hacia las mujeres”, describe la investigación antes mencionada, impulsada por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). “Estos grupos logran adhesión de hombres, y de algunas mujeres, en torno al cuestionado concepto de ‘alienación parental’ para cuestionar decisiones judiciales sobre la tenencia de hijos en situación de divorcio”, agrega el estudio.
Algunos de los que se destacan en Uruguay son Varones Unidos, Stop Abuso, Familias Unidas por Nuestros Niños y Todo por Nuestros Hijos.
La investigación de MYSU describe muy bien las características de estas “fuerzas antigénero”. Habla de que se caracterizan por “la fragmentación y la informalidad de sus organizaciones”, con “poca claridad y transparencia en sus mecanismos de financiamiento”, y discursos que utilizan “un lenguaje secular (no religioso), apelando a una supuesta base científica y jurídica, aunque no siempre pueden sostenerlo, dada la religiosidad nodal de sus concepciones”. A su vez, usan como estrategia la “apropiación del lenguaje de los derechos humanos para incidir en los espacios institucionales, pero recortan su alcance al ser absolutamente inflexibles frente a los derechos sexuales y reproductivos, y muy resistentes a los derechos conquistados por las mujeres y la diversidad sexual”.
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Además, las y los autores del estudio detallan que “suelen tergiversar información para desprestigiar a sus opositores y utilizan noticias falsas e interpretaciones sesgadas para descalificar sus demandas y propuestas”, entre otras acciones para “deslegitimar y denostar los logros y movimientos por los derechos colectivos de mujeres y la comunidad LGBTI+”, con las redes sociales como vía privilegiada.
El ensañamiento con la 19.580
La abogada especializada en género e infancias y corredactora de la Ley 19.580, Alicia Deus, asegura que “este relato de que las mujeres mienten, de que las denuncias falsas son por venganza, de que ahora solamente con lo que dice la mujer se condena al varón” forma parte de una estrategia basada en una “ideología antiderechos, que no es sólo en Uruguay”.
Deus, que recientemente fue designada para integrar el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en representación de Uruguay, sostiene que “molesta que las mujeres puedan tener, en caso de la ley, herramientas para poder enfrentar la violencia basada en género” y que eso es “clarísimo” en el ámbito penal. En ese sentido, explica que hoy en día no sólo la ley de violencia de género, sino otras normas, como el propio Código del Proceso Penal, “tratan de cuidar que no se destruya a la víctima en el proceso”, y “eso molesta en el ámbito penal a los defensores que estaban acostumbrados a ir en coche cuando se trataba, por ejemplo, de un delito sexual”, que son los casos que suelen ser “los más impunes”, porque “es una palabra contra la otra” y “las pruebas son muy difíciles de lograr”. “Entonces, ahora que se le da valor a la palabra de las víctimas, lo que se dice es que tiene más valor lo que dice la mujer que otras pruebas y que se está violando el debido proceso y el derecho a la defensa”, explica la experta a la diaria.
En este escenario, resume, “lo de las denuncias falsas es una estrategia y la idea es instalar un relato” que “les sirve a los antiderechos para volver atrás en algunas de las conquistas que han logrado las mujeres al cabo de los años”.
Sobre esta base se construyeron los distintos proyectos de ley que buscan modificar artículos de la ley de violencia de género. La iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, por ejemplo, plantea en la exposición de motivos que “las denuncias falsas son actualmente un hecho notorio en el proceso actual y que no brinda garantías para las partes”, sin aportar datos que lo fundamenten.
El ensañamiento contra la norma se debe “justamente a los contenidos de la ley que tratan de abarcar los distintos aspectos [del problema]: la atención, la prevención, ir a los cambios más culturales, más estructurales, con lineamientos para todas las áreas del Estado”, puntualiza Deus, que cree que la intención de quienes impulsaron los proyectos es “derogar” la ley, pero “no se animan” a proponerlo.
Entre las disposiciones específicas que estas iniciativas quieren reformar está el artículo 46, sobre valoración de la prueba, que establece que “el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento”.
“El artículo 46 limita la revictimización, le da lugar a la palabra de los niños”, enfatiza la abogada. Que quieran modificarlo, a su entender, refleja “que esta gente no sólo va contra las mujeres, sino también contra los niños, contra [la existencia de] el abuso sexual en los niños, y por eso también quieren eliminar la educación sexual en la educación”. “Realmente creo que lo que buscan estos grupos es mantener el patriarcado en todos sus términos y eso de que cada casa es un mundo, que no hay que meterse y que los de afuera son de palo, entonces reina la impunidad de la violencia y del abuso sexual”, consideró.
Lejos de quedarse dentro de las fronteras uruguayas, este discurso se ha replicado en otros países, especialmente en la voz de referentes políticos. En abril de 2024, por ejemplo, el relato de que las mujeres hacen denuncias falsas por violencia de género se hizo viral en las redes sociales de Bolivia, después de que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez –que no se identifica con la ultraderecha, sino que pertenece al Movimiento al Socialismo–, dijo en plena sesión parlamentaria que la ley de violencia de género (Ley 348, aprobada en 2013) “es prácticamente una ley antihombres”.
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Más cerca, en Argentina, la senadora Carolina Losada (de la Unión Cívica Radical) presentó en noviembre de ese mismo año un proyecto de ley que agrava las penas para el delito de falsa denuncia, con especial énfasis en aquellas vinculadas con acusaciones relacionadas con “la integridad sexual y la violencia de género”. El gobierno del presidente Javier Milei no demoró en mostrar su apoyo a esta propuesta y, por intermedio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que el endurecimiento de penas para este delito está incluso previsto en la reforma del Código Penal que anunció que hará la administración libertaria.
Antecedente: el debate por la ley de tenencia compartida
La primera vez que el tema de las denuncias falsas por violencia de género apareció explícitamente en el debate público fue mientras se discutía la ley de corresponsabilidad en la crianza o de tenencia compartida, aprobada en abril de 2023, pese a las advertencias de muchísimas organizaciones sociales, organismos internacionales y personas que intentaron ponerle freno.
Durante el debate, que se extendió 18 horas y finalmente dio luz verde al proyecto en la Cámara de Diputados, el entonces representante Diego Echeverría, del Partido Nacional (PN), dijo que uno de los cometidos de la ley era “evitar que denuncias falsas o motivadas por conflictos de adultos puedan causar una alienación parental, muchas veces irreparable”, en referencia al falso síndrome de alienación parental (SAP).
Otro que se pronunció al respecto fue el exdiputado Javier Radiccioni, también del PN, que aseveró: “Acá se abusó, por parte del Frente Amplio, de una ley de violencia de género para permitir el abuso, mediante denuncias infundadas muchas veces, para que se impidiera que los padres pudieran ver a sus hijos”.
El SAP está estrechamente vinculado al relato sobre las denuncias falsas por violencia de género, ya que quienes lo difunden pretenden mostrar que las mujeres manipulan a las niñas y niños para que inventen que sufrieron abusos y violencia, y que eso deriva justamente en denuncias que son falsas.