Dos días después del anuncio del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Consorcio Aguas de Montevideo, este domingo, Pablo Ferreri recibió a la diaria en su despacho de OSE. En la entrevista que sigue, el jerarca celebra el diálogo logrado en torno a la planta que se pensaba construir en Arazatí, San José, y destaca que la alternativa (la planta en Aguas Corrientes y otras obras en Maldonado) más la represa de Casupá implicarán un costo similar al del proyecto original, impulsado por el expresidente Luis Lacalle Pou.
Ferreri también defiende la ubicación de la nueva planta sobre la cuenca del río Santa Lucía, a la que califica como “superavitaria” y con una calidad de agua “buena”. De todos modos, resalta que la represa de Casupá es la obra “más importante” para este período y anuncia que el gobierno prepara para esta semana la precalificación de las empresas de cara a la licitación.
El gobierno anunció la semana pasada el descarte de la obra de Neptuno y anunció una serie de obras en la zona de Aguas Corrientes, así como en Maldonado. ¿Qué valoración política hacés de estas negociaciones y de este resultado?
El resultado fue muy bueno para Uruguay. Fue un proceso arduo de negociación entre un gobierno que entendía que la solución adoptada no era la mejor y que debía buscarse una mejor alternativa, no tomando en cuenta una obra aislada, sino un sistema de producción y distribución de agua potable en cantidad y calidad suficiente para el área metropolitana. Ese enfoque sistémico que involucra otras obras hacía que la solución adoptada [Neptuno] no fuera la que mejor encajaba, además de otros problemas. Tuvimos un período intenso de negociación, pero que yo catalogaría de muy bueno y en muy buen tono, entre el gobierno y el consorcio, que también se abocó a esta negociación en muy buen tono, yo creo que con mucho profesionalismo, con mucha cabeza abierta, con mucho espíritu de diálogo. A las dos partes lo que las convocaba era buscar una solución que entendiéramos que fuera buena para el país.
¿Es el resultado que OSE hubiera querido?
Por supuesto que esto, al estar liderado por Presidencia de la República, llevaba claramente un liderazgo y un objetivo trazado por el presidente. Yamandú [Orsi], desde el momento uno, nos dijo que el objetivo central era asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Ese era el objetivo. Y en función de ese objetivo fuimos llegando al diseño de una solución que cumpliera mejor con ese objetivo. Estoy convencido de que cumplimos con el mandato que nos dio el presidente.
¿Qué papel creés que tuvo la movilización social en este desenlace?
Como en todos los aspectos relevantes de un país, la sociedad civil juega un rol muy importante y que haya mantenido su voz en este como en otros temas es importante. Es bueno, porque también habla de la calidad democrática. Creo que un gobierno tiene que tomar en cuenta sus opiniones, pero también tiene que escuchar los aspectos técnicos de sus servicios, tiene que tomar en cuenta los aspectos profesionales, los aspectos contractuales. Vivimos en un Estado de derecho y aquí había un contrato firmado y también la opinión de las otras partes. Todo eso fue lo que hicimos y llegamos a esta síntesis.
¿Estás de acuerdo con esa visión de que Neptuno era un proyecto malo?
No, no, yo quiero ser muy cuidadoso y no adjetivaría de ninguna manera. Hay distintas opciones para resolver problemas y nosotros creíamos que había una opción mejor. Para nosotros era muy importante retomar la línea estratégica que está avalada por todos los estudios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos por parte de OSE con respecto a las obras necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana y dándoles prioridad a las que se entienden que son más importantes. Para empezar, la cuenca del Santa Lucía es una cuenca superavitaria. Por allí pasa casi 18 veces más agua que la que se utiliza para satisfacer la demanda de la zona del área metropolitana. Esto no es así cuando hay épocas de sequía, por eso, dentro de las obras que son necesarias, la más importante, la más urgente, es la construcción de una reserva de agua bruta que asegure el flujo de agua y que regule el paso del agua también en Santa Lucía para Aguas Corrientes. Eso es la construcción de Casupá. La reserva de Paso Severino tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos y la represa de Casupá tendrá una capacidad de 118 millones de metros cúbicos. Es más, y este también es un dato bien interesante: un estudio realizado por un consultor de primer nivel internacional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y contratado por el gobierno anterior, realizaba un análisis de las alternativas entre Arazatí y Casupá y cómo performaban en un escenario de sequía igual o 10% peor al de 2023. Ese estudio llega a la conclusión de que Casupá hubiera evitado problemas en un escenario de sequía 10% peor, pero que no hubiera sido suficiente con Arazatí. Ahora, yo quiero ser muy franco, el objetivo que perseguía el proyecto Neptuno de asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana ¿es compartible? Sí. ¿La necesidad de hacer una planta productora de agua potable de 200.000 metros cúbicos es compartible? Sí, porque es necesaria. Había diferencias en cuanto a la ubicación.
¿Por qué no el Río de la Plata?
Para nosotros, la decisión de no construir la planta en la zona de Arazatí tiene que ver con aspectos vinculados a altos niveles de salinidad, a problemas que podían estar asociados a la presencia de bromuros, pero también había un tema fundamental, que termina definiendo, que eran los costos. El costo aproximado de la planta y las tuberías era de unos 300 millones de dólares, pero además requería obras adicionales que debían ser encaradas por OSE, como, por ejemplo, la expropiación para la construcción del pólder, que tenía un costo de entre siete y diez millones de dólares; la construcción de una planta de energía. El costo total para dejar a punto toda esta infraestructura estaba en el entorno de los 360, 370 millones de dólares. Al realizar la planta en Aguas Corrientes no son necesarios tantos kilómetros de tuberías, no hay que expropiar, no hay que hacer una planta de energía tan costosa y, por lo tanto, se reducen bastante los costos y eso permite afrontar otras obras miradas con ese enfoque sistémico. Por ejemplo, mejorar las líneas de distribución del agua, sobre todo hacia la zona este del área metropolitana, que es donde ha crecido la demanda. Todas estas obras que mencioné tienen un costo de aproximadamente dos tercios de lo que era el costo de esos 300 millones de dólares, y si sumo Casupá estaría en unos 360 millones de dólares en su conjunto, con lo cual estaría en un costo aproximado de todas estas obras similar al que tenía sólo la realización de la planta. Otro de los problemas, que también se negoció, es lo que tiene que ver con que había una parte de la operación que quedaba en manos de privados en el contrato original. En el nuevo formato que se está pensando, toda la operación está en manos de OSE, evitando problemas de operación de privados del agua, tal cual lo establece la Constitución.
¿Esas cuentas implican que la represa de Casupá saldrá unos 160 millones de dólares?
La represa de Casupá fue recosteada en el marco de una consultoría y la obra tiene un costo estimado de aproximadamente 130 millones de dólares, que son unos 110 millones de obras más unos 20 millones de expropiaciones.
Decías recién que la gestión de esa planta va a corresponder a OSE. ¿Está preparada la empresa para afrontar esa gestión?
OSE perdió cerca de 1.000 funcionarios desde 2018 a la fecha. Es un organismo que hoy tiene serios problemas de falta de personal, tiene serios problemas financieros. El descalce financiero de este año es de aproximadamente unos 70 millones de dólares. Obviamente la empresa requiere un impulso importante y estamos trabajando realmente allí. El Ministerio de Economía y la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] nos están ayudando mucho, nos han autorizado algunos créditos para generar un programa de modernización y también estamos trabajando mucho con el Ministerio de Ambiente en lo que tiene que ver con la línea estratégica de las obras y la gestión de los recursos hídricos.
Decías hace un rato que no había habido informes que señalaran al Río de la Plata como un lugar para tomar agua. Pero en 2013 un informe de Aguasur, que es una empresa en la que OSE es su accionaria primordial, lo señalaba como un lugar posible.
Lo que te decía es que en cualquiera de sus estudios no se definía como un lugar prioritario o el más eficiente por un tema de costos, y, por lo tanto, se recomendaba ubicar la planta en la cuenca de Santa Lucía. Es importante el rigor técnico porque se habla de problemas de única fuente y es correcto si se toma el agua sólo de un lugar, pero la cuenca de Santa Lucía es muy grande y si se toma el agua de distintos puntos de la cuenca pueden llegar a ser distintas fuentes. El salto de calidad que va a tener el área metropolitana cuando estén terminadas las represas de Casupá y la nueva planta potabilizadora junto con las mejoras en la distribución hacia el este pone al área metropolitana en una dimensión absolutamente diferente.
Yo quisiera destacar los mensajes que recibí y los voy a comentar porque pedí expresamente autorización para hacerlo. Arturo Castagnino, el gerente general anterior, que fue uno de los principales impulsores de la ubicación de la planta en la zona de Arazatí, me manifestaba que hay que celebrar porque son buenas noticias que finalmente se construya una nueva planta de agua potable. Me lo planteaba en términos de felicitaciones y diciéndome que ganó el país. Comparto plenamente esas expresiones: lo más importante ahora es ponerse a trabajar para concretar todos estos aspectos que mencionaba anteriormente.
Tengo entendido que esta semana se presentan los lineamientos previos de los estudios ambientales de Casupá. ¿Cómo se está planificando?
Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Ambiente, que va a tener un desafío importante porque tendrá que hacer los estudios ambientales o complementar los estudios ambientales ya hechos para Casupá, pero, a su vez, lo que tiene que ver con los estudios ambientales para la ubicación de esta nueva planta de agua potable en la zona de Aguas Corrientes y para la reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico. El ministro [Edgardo] Ortuño lidera un equipo muy comprometido, tenemos plena confianza en eso y estamos trabajando, obviamente, de manera muy estrecha. Esta semana se comienza con la precalificación de empresas para la licitación.
¿Piensan que todo este sistema de obras se va a terminar en este período?
A las obras hay que realizarlas lo más rápido posible porque, en definitiva, son necesarias para el país. La planta de agua potable tiene un período de construcción de 30 a 36 meses y esperamos que realizando las autorizaciones ambientales este año en los primeros meses del año que viene esas obras ya puedan comenzar. En el caso de Casupá es diferente porque hay que licitar y adjudicarla, por lo cual estamos calculando que las obras comiencen más bien sobre finales de 2026, principios de 2027, pero también esperamos que sobre fines del período quede pronta la represa, y luego hay que llenarla. Pero esto no debe estar pensado en términos de período de gobierno, sino en términos de las necesidades de la gente.
¿Cómo es la calidad del agua del Santa Lucía?
Según los estudios que están disponibles, la calidad es importante, es buena. Estamos trabajando muy en conjunto con el Ministerio de Ambiente para generar mejoras, algunas que les corresponden a ellos y otras a nosotros en lo que tiene que ver con la medición de la calidad del agua en la cuenca del Santa Lucía.
¿Cómo tomaste la reacción que tuvo el expresidente Lacalle Pou responsabilizando al gobierno por esta decisión y hablando de la posibilidad de una nueva sequía?
No voy a comentar los dichos de un expresidente. Los presidentes y expresidentes de Uruguay son figuras dignas de respeto por parte de todos. Sí creo que corresponde decir que esta decisión fue basada en aspectos técnicos. Creo que es un error de apreciación decir que si construimos Casupá vamos a estar peor preparados para una sequía que con Arazatí, porque Casupá nos brinda una mejor alternativa que Arazatí. Mejor dicho: Arazatí no hubiera sido suficiente en un escenario de sequía como el de 2023, o sea que Arazatí no era una solución para los eventos de sequía de esa magnitud. Esto no lo digo yo, no lo dice el gobierno, lo dice el estudio que ellos encargaron.