La asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol se reunió este jueves con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar que se pueda llegar a un “acuerdo amistoso” con el Estado uruguayo en torno a la reinvindicación de la asociación del derecho a la jubilación, al igual que a la pensión especial reparatoria (PER) que reciben las personas que fueron detenidas y procesadas por la Justicia militar o civil, y que como consecuencia fueron privadas de su libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
Desde febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene a consideración una demanda presentada por Crysol –amparada con la firma de 767 ex presas y ex presos políticos–, en la que reclama que se modifique la ley de beneficio del PER (18.033), que en su artículo 11 establece que quienes tengan jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios transitorios por incapacidad parcial no tienen derecho a percibir la pensión reparatoria a menos que opten por esta antes que las otras.
El presidente de la asociación, Gastón Grisoni, explicó a la diaria que Crysol pidió una reunión al canciller Mario Lubetkin a los efectos de solicitar que se llegue al acuerdo amistoso y que este “sea lo más amplio posible y salga a la brevedad, teniendo en cuenta la edad de los peticionados”. El motivo de la reunión con la cancillería es que, al haberse presentado la petición ante la CIDH, esa cartera actúa como interlocutora del Poder Ejecutivo.
Concretamente, Crysol reclama que el acuerdo con el Estado “se traduzca en una modificación legislativa del artículo 11”, propuesta que ya fue elaborada por la asociación y trasladada al presidente de la República, Yamandú Orsi, sostuvo Grisoni. El presidente de la asociación expresó que comprenden “las dificultades que tiene el gobierno para llegar a un acuerdo amistoso de esa naturaleza”, considerando que no cuenta con mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados, “y entendiendo que los partidos de la oposición en general han demostrado muy poca empatía emocional y política con los temas que estamos reclamando”, afirmó.
Finalmente, a la cita concurrieron el director general de Secretaría, el embajador Andrés Peláez, y la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Cristina Mansilla, por motivos de agenda del canciller. No obstante, Lubetkin se comunicó con la asociación para disculparse por su ausencia y ponerse a “total disposición de reunirse con nosotros”, al tiempo que manifestó que entendía la importancia de “avanzar a la brevedad posible en este tema tan importante”, señaló Grisoni. La delegación de Crysol estuvo integrada por Nélida Chela Fontora, Luz Osimani, Baldemar Taroco, Enrique Chalar, Carlos López y Grisoni.
Grisoni calificó la reunión como “muy buena” y “en muy buenos términos”. Destacó que la cancillería, y especialmente Mansilla, “manifestó que compartía totalmente el reclamo que se hacía desde el punto de vista jurídico” y como una de las “obligaciones del Estado hacia las víctimas del terrorismo del Estado”. Los jerarcas transmitieron, señaló Grisoni, que “estaban trabajando para compatibilizar nuestro reclamo con las posibilidades del gobierno, pero que ellos sentían que el reclamo era justo, era necesario”.
El presidente de Crysol acotó que la Ley 18.033 fue “muy avanzada” y positiva, pero este octubre se cumplirán 19 años desde su aprobación. Recordó que, a favor del reclamo de Crysol, “se manifestó sucesivamente la Institución Nacional de Derechos Humanos [INDDHH]”, primero en 2012 y luego, al cumplirse diez años, “se volvió a manifestar la INDDHH con una integración totalmente distinta y con personas que obedecían –en líneas generales– al gobierno del doctor Lacalle [Pou]. Es decir, este reclamo ha tenido un aval interesante”, sostuvo Grisoni.
“Es tiempo suficiente para que el Estado avance en esta perspectiva y reafirmar los compromisos y las obligaciones que se tienen como Estado, y al mismo tiempo hacer justicia con centenares o miles de luchadores sociales y políticos que tanto contribuyeron para que vivamos en democracia”, consideró.
Además, existe el antecedente del caso de Silvia Flores Mosquera, exiliada durante la dictadura, que denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la incompatibilidad de una pensión reparatoria correspondiente a su esposo fallecido y una pensión por discapacidad, y[la ONU instó al gobierno a darle “atención urgente” a la problemática]https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2018/11/relatora-especial-de-la-onu-observo-a-uruguay-por-quitar-pension-por-discapacidad-a-victima-de-la-dictadura/).