Tal como estaba previsto, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) ratificó este miércoles la compra de la estancia María Dolores, ubicada en el sur de Florida, en la que el gobierno prevé instalar 16 tambos y generar alrededor de 160 puestos de trabajo.
La adquisición del campo de 4.400 hectáreas por un total de 32,5 millones de dólares había sido observada días atrás por el Tribunal de Cuentas (TC), mediante una resolución que fue aprobada solamente con los votos de los ministros designados por el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Sin embargo, el directorio del INC resolvió el miércoles reiterar el gasto y dar respuesta a las observaciones del TC. Esto fue aprobado por una mayoría de cuatro votos en el directorio; únicamente se manifestó en contra el representante de la oposición, Luca Manassi (Partido Colorado).
A través de un comunicado, el INC sostuvo que la ratificación de la compra forma parte de “un compromiso adquirido con la opinión pública, las gremiales agropecuarias, la producción familiar y las nuevas generaciones de productores del país” en cuanto a desarrollar en este período de gobierno “una política pública de acceso a la tierra con fines de desarrollo rural y crecimiento económico”.
El INC destacó que la resolución aprobada el miércoles, “quizá demorada en exceso”, tiene “la fortaleza de la máxima transparencia legal y de procedimiento”, así como “el gran apoyo de gremiales lecheras, del gobierno departamental de Florida y claramente del Poder Ejecutivo en su conjunto, en particular del presidente de la República”.
Informe jurídico de Colonización contraviene el dictamen del Tribunal de Cuentas
Además de reiterar el gasto, el directorio del INC remitió una serie de informes jurídicos externos y un documento elaborado por la “sala ampliada” de abogados del instituto para responder a las observaciones del TC.
El INC compró la estancia María Dolores mediante el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 11.028, el cual establece que “todo propietario, antes de enajenar un campo (...), está obligado a ofrecerlo en primer término al INC, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago”. Según el dictamen del TC, la adquisición de este terreno en Florida fue una “compra directa”, lo cual exige una mayoría especial de cuatro votos en el directorio.
En su momento, dado que el oficialismo todavía no había designado a la totalidad de los miembros del directorio, la compra de la estancia María Dolores se aprobó sólo con tres votos. No obstante, en el informe elaborado por los abogados del INC, al que tuvo acceso la diaria, se sostiene que el uso del artículo 35 configura una “compra preferente”, que “no exige mayorías especiales”. En el documento, que fue entregado el martes al directorio del INC, se sostiene que dicha observación del TC resulta “confusa” y “contradictoria” en términos jurídicos.
En cuanto a la razón de fondo, el informe señala que, a diferencia de una “compra directa”, en la cual “se exige una mayoría calificada de cuatro votos” debido a “la mayor discrecionalidad” que conllevan este tipo de operaciones, en el caso de una “compra preferente”, el INC “se limita a aceptar o rechazar las condiciones ya pactadas entre los particulares”, y esto “puede ser válidamente adoptado por mayoría simple”.
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En diálogo con la diaria, el presidente del INC, Alejandro Henry, remarcó que “todos los informes nos dicen que es una compra pactada entre dos particulares previamente al interés del instituto, y eso es una compra preferencial, no es una compra directa”.
Sobre la observación del TC de que el instituto no tenía dinero suficiente para hacer efectiva la compra, Henry aseguró que el INC sí lo tenía: “Incluso el Ministerio de Economía y Finanzas mantenía una deuda con el instituto y teníamos el compromiso de los fondos para una vez que se firmara la escritura”, señaló.
Finalmente, con respecto a la observación del TC de que el sistema de riego del campo estaba prendado, el presidente de Colonización apuntó que la empresa vendedora levantó la prenda “a los pocos días de la observación del Tribunal de Cuentas”.
Todos estos argumentos no conformaron al director de la oposición. En declaraciones a Subrayado, Manassi dijo que “los informes jurídicos no son claros” con respecto al cuórum necesario para la compra en cuestión. “Creo que puede haber ilegalidades al respecto, por lo tanto, voté en contra convencido de que no era una buena cosa seguir adelante con el negocio”, expresó. Asimismo, Manassi apuntó que “el hecho de no tener cuórum significaría contravenir la Ley 11.029”, algo que “eventualmente podría llevar a la nulidad del negocio”.
La interpelación es “una gran oportunidad para explicarle a la opinión pública el valor de esta inversión”
Al margen del aspecto jurídico, la compra de la estancia María Dolores, anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica, ha sido cuestionada por varios dirigentes de la oposición por múltiples motivos. Aunque también ha sido defendida por algunos integrantes de la oposición, como por ejemplo el intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso.
El martes, solamente con los votos de la oposición, la Cámara de Senadores aprobó el llamado a sala al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, para que “informe acerca de la oportunidad, conveniencia, planificación, desarrollo productivo y legalidad de la compra” de este terreno por parte del INC. Será la primera interpelación en este período de gobierno.
En el comunicado emitido el miércoles, el INC afirmó que la comparecencia de Fratti ante la Cámara de Senadores supone “una gran oportunidad para explicarle a la opinión pública el valor de esta inversión”. “El Estado está invirtiendo en un activo cuyo valor crecerá, pero además permitirá el desarrollo de pequeñas y medianas industrias agropecuarias nuevas y ya existentes”, remarcó el instituto.
La puesta en marcha de este proyecto en el sur de Florida, sostuvo el INC, permitirá “algo que de otra manera sería inalcanzable: tierra para quien la quiere y sabe trabajar”, aunque “sin perder la propiedad estatal que permite acompañamiento y eventualmente corrección de rumbos”.