La Asamblea General votará este martes la designación de un nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para suceder a Bernardo Legnani, quien renunció a mediados de junio. Será el segundo cambio en el Consejo Directivo de la institución este año, luego de que la Asamblea General eligiera a la exjueza Mariana Mota en reemplazo de Wilder Tayler, quien también dejó el cargo a fines de mayo.
En principio eran seis los candidatos propuestos por la comisión bicameral que trabaja en la designación. Sin embargo, esto cambió en las últimas horas: el abogado Óscar López Goldaracena presentó la renuncia a su candidatura. En la carta de renuncia, a la que accedió la diaria, López Goldaracena pide a la senadora Constanza Moreira, presidenta de la comisión que trabaja en este tema, que retire su nombre de la lista.
A pesar de que la postulación lo “honra”, según planteó en la misiva, López Goldaracena argumentó que su “contribución hacia una sociedad en clave de derechos humanos” será desde el “ámbito de la abogacía y de la sociedad civil como abogado, escritor y estudiante universitario”.
Según supo la diaria, una motivación para dar de baja su candidatura fue el acuerdo al que los partidos políticos llegaron para designar en ese puesto al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Diversos actores han cuestionado que los directores de la institución sean designados a instancias de los partidos políticos, en lugar de ser promovidos exclusivamente por organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos.
De hecho, en la carta de renuncia López Goldaracena escribió: “Cuando hace 20 años tuvimos el honor de comenzar a coordinar el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de ley que creó el organismo, reiteradamente advertimos sobre la necesidad de garantizar su independencia del poder político, y estamos seguros de que por ese camino se seguirá transitando”.
En agosto de 2024, la agrupación de ex presos políticos Crysol inició un proceso de promoción para modificar esa ley que motivó la institución, con la intención de dejar escrito en negro sobre blanco que la conformación del Consejo Directivo debe hacerse a partir de la sociedad civil. Para Crysol, la institución es una “gran conquista” de la sociedad, pero esta debe ser “independiente del poder político”.
En la actualidad los representantes de la INDDHH son electos por la Asamblea General y para la organización debe existir una modificación de la Ley 18.446 para que se promueva que el consejo de la institución sea elegido por la sociedad civil, y así “actuar de manera independiente y autónoma, pese a quien pese”. En un comunicado emitido el 27 de julio, Crysol criticó a los parlamentarios por promover candidatos y los acusó de “violentar” las organizaciones y “partidizar y domesticar” la institución.
“El Parlamento es un órgano político. Cuando no existen las mayorías necesarias es lógico y razonable que se lleven a cabo negociaciones que permitan alcanzar acuerdos y soluciones. Así funciona la democracia. El problema radica cuando las negociaciones prescinden de los candidatos propuestos por las organizaciones sociales, se negocia en clave partidaria y de acuerdo a los estándares de los mapas electorales, prescindiendo del único y legítimo derecho que la ley otorga a la sociedad civil”, indica la organización.
Además de Petit, y tras la salida de López Goldaracena, la Asamblea General deberá elegir entre Ana Agostino, Mariana Achugar, Daniel Bruno y Ricardo Changala. Este martes se llevará a cabo la primera votación, y la intención de los legisladores es alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para no tener que citar a una segunda instancia.