La semana pasada trascendió el resultado de un estudio realizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) sobre los últimos cambios que el actual gobierno introdujo en el mecanismo de fijación de los precios de los combustibles.
Según consignó El País, el informe del CEPP, organización que surgió en 2018 a instancias de Ernesto Talvi y que actualmente es presidida por el extitular de Ancap Alejandro Stipanicic y coordinada por Matías Bordaberry –hijo de Pedro–, concluye que entre marzo y diciembre del año pasado hubo “un sobreprecio que llegó a 88 millones de dólares”, producto del “cambio de criterio” que introdujo la actual administración. “El nuevo sistema de fijación de precios vuelve a sobrecargar significativamente a los consumidores y beneficia el resultado fiscal”, se sentencia en el documento.
La respuesta del gobierno llegó este miércoles. Refiriéndose al estudio del CEPP únicamente como “información que ha circulado en los últimos días”, los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería afirmaron a través de un comunicado que la nueva metodología utilizada para la fijación de los precios de los combustibles “no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo señala que las principales modificaciones, que se aplicaron por primera vez en julio, consisten en que el ajuste se haga cada dos meses –en lugar de mensualmente– y en considerar para la fijación de los precios “un factor de ajuste” adicional de 1,5 pesos por litro de nafta y gasoil, además del precio de paridad de importación (PPI) estimado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
“La reintroducción del factor de ajuste, previsto en la normativa en el Decreto 201/021 del año 2021, fue necesaria para sostener el subsidio al precio del supergás envasado, que se encontraba sin financiamiento al inicio del gobierno”, se apunta en el comunicado.
Según el gobierno, “la recaudación anual asociada al factor de ajuste” fue de 52 millones de dólares, lo cual supone “un valor equivalente al costo del subsidio al supergás, tal como fue anunciado y previsto en la política definida”.
Asimismo, con relación al estudio del CEPP, en el comunicado se señala que “estimar este monto (ya sea anual o en el período de marzo a diciembre) como la diferencia entre el precio en planta de distribución de Ancap (PEP) y el PPI publicado por la Ursea –diferencia que ronda los 90 millones de dólares– implica incurrir en un error de sobreestimación”, dado que “el PEP tiene incluido el flete secundario correspondiente a las ventas de naftas y gasoil, de aproximadamente un peso por litro de combustible, que no está incluido en el PPI”.
En definitiva, el Poder Ejecutivo subrayó: “La metodología de fijación del precio de los combustibles no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal, teniendo el factor de ajuste el objetivo de sostener el subsidio de la garrafa”.