La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado en el que criticó el convenio marco firmado este martes entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para que jóvenes privados de libertad participen en instancias de formación y capacitación junto con el Ejército Nacional. El sindicato señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) son “una institución que tiene deudas profundas con el pueblo” y que “no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógico-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”.
La FUM-TEP expresó su “profunda preocupación” frente a la falta de “diálogos amplios, profundos y cuidadosos con el conjunto de la sociedad” para la toma de este tipo de decisiones, “tal como está proponiendo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”. En ese sentido, recordó que este año “se va a desarrollar el Congreso Nacional de Educación, instancia privilegiada para procesar debates y elaborar propuestas”. “Democratizar la educación supone que todas y todos los actores implicados puedan participar en la toma de decisiones”, sostuvo.
En segundo lugar, subrayó que “para la formación de niñas, niños y jóvenes existen organismos estatales encargados (ANEP, Udelar y UTEC), con la formación específica para dicha tarea, con amplia experiencia y presencia en todo el territorio nacional”, y aprovechó la oportunidad para reiterar que “desde dichos organismos hace años estamos reclamando un incremento presupuestal, el cual no se ha concretado, y es imprescindible para cumplir y mejorar las funciones de la educación pública”.
“Deudas profundas con el pueblo”
Los maestros también cuestionaron la decisión de involucrar a las FFAA en este tipo de acuerdo, en el entendido de que “se trata de una institución que tiene deudas profundas con el pueblo” porque “hay información que siguen ocultando y hay criminales que no han respondido por sus actos durante la última dictadura cívico-militar”. “Por lo tanto, no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógico-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”, expresaron.
Por último, el sindicato consideró que esta propuesta “debe ser contextualizada a la situación de violencia a la que están sometidas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, rango etario donde se concentran los índices más altos de pobreza”, sometidos a “contextos de injusticia, necesidades básicas sin cubrir, inseguridad alimentaria, falta de fuentes de trabajo, el incremento de la incidencia del narcotráfico en las comunidades, etcétera”. “La realidad de menores en situación de privación de libertad obliga a profundizar el análisis de las causas y no a impulsar medidas sin ningún tipo de fundamento”, advirtió.
En esa línea, la FUM-TEP insistió en la necesidad de “comenzar a tomar otras medidas, como la iniciativa de gravar al 1% más rico con una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio de las personas físicas”, una propuesta impulsada por el PIT-CNT y respaldada por algunos sectores del oficialismo, con el fin de atender la “falta de políticas estatales que prioricen erradicar la desigualdad de origen”, porque “la pobreza y la marginalidad son el resultado de la acumulación ilimitada de quienes se apropian de los frutos del trabajo de otras y otros”.