La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores sesionó de forma extraordinaria este lunes y aprobó el proyecto de ley “Lenguaje claro y comprensible. Derechos y deberes de los ciudadanos”, que establece la obligatoriedad de uso de lenguaje claro por parte de los organismos públicos y las personas públicas no estatales.
La iniciativa había sido anticipada por la senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez en una entrevista con la diaria en diciembre del año pasado, con la intención de simplificar el lenguaje utilizado por el Estado uruguayo, y fue presentada en mayo de este año. En ella se define como lenguaje claro el “estilo de escritura orientado a la transmisión de la información en forma clara, sencilla, efectiva y sin opacidad”, caracterizado por “organizar los mensajes y las estructuras de manera concreta y precisa, y por orientar el diseño hacia la comprensión por parte de las personas”.
Sin embargo, el articulado que se aprobó en última instancia incorpora tanto aspectos de dicho texto como varias modificaciones impulsadas por el senador colorado Robert Silva, que se sirven de consideraciones vertidas ante la comisión por representantes de organizaciones como la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro. También incluye cambios en lo relacionado con la integración del Consejo Asesor sobre Lenguaje Claro, una institucionalidad a la que el texto presentado originalmente encomendaba, entre otras cosas, “emitir propuestas y recomendaciones basadas en los resultados de estudios e investigaciones para la mejora de políticas, programas y servicios”.
El insumo final fue aprobado por los senadores presentes, excepto por la nacionalista Graciela Bianchi, que dijo a Montevideo Portal que el proyecto presentado por Rodríguez es “autoritario” e implica “un control de las ideas”. También adelantó que se opondrá al proyecto cuando sea tratado en el pleno de la cámara alta, donde, a priori, cuenta con el aval del oficialismo y del Partido Colorado (PC), que lo acompañó este lunes.
En diálogo con la diaria, Felipe Schipani, que suplió a Silva y votó afirmativamente, explicó que el proyecto de ley que se aprobó en comisión este lunes contempla “una movida tendiente” para que los organismos públicos “se expresen con claridad”, de manera que “el ciudadano común pueda comprender cómo se pronuncia el Estado”. Sostuvo, además, que es una propuesta que el PC comparte.
Schipani, que preside la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, destacó algunas de las modificaciones propuestas por Silva, que “tienden a una mejor redacción del proyecto”. Entre otras, subrayó que, con la nueva redacción, la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro, que “viene trabajando” al respecto, pasará a integrar el Consejo Asesor sobre Lenguaje Claro.
Agregó que se incorpora la obligatoriedad de “garantizar el derecho a las personas a comprender la información pública [y] las comunicaciones del Estado”. También destacó que los cambios aprobados plantean que estén comprendidos en la ley “no solo los organismos públicos, sino también las personas públicas no estatales”.
En tanto, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, que preside la comisión, explicó a la diaria que el oficialismo accedió a una buena parte de las propuestas impulsadas por el PC, ya que “mejoraban, complementaban o aclaraban”, e “iban en el mismo sentido” del proyecto original. “Nos parecía que era una instancia, en la medida en que había un acuerdo, para avanzar en ese sentido”, sostuvo.
Sabini destacó el “espíritu democratizador” de la iniciativa” y señaló que “las resoluciones o decisiones” que se toman desde el Estado suelen utilizar “un lenguaje que de repente no es accesible para buena parte de la ciudadanía”. En ese sentido, valoró que el proyecto favorece “el ejercicio del derecho de los ciudadanos”.
Por otra parte, se mostró crítico con las acusaciones vertidas por Bianchi, ya que, a su entender, catalogar el proyecto de ley como autoritario “sería decirle autoritario al PC, al FA y a la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro”. Además, consideró que “es una calificación disparatada, porque además el proyecto no trata sobre ideas, [sino que] trata sobre la forma en la cual se expresan las resoluciones”.
“Me parece que no hay lugar ni por la forma”, aseveró, ya que no solo “no fue un tratamiento exprés”, sino que “el proyecto no habla sobre las ideas de las instituciones o de las personas”. “Como siempre, creo que se acude al agravio frente a la falta de ideas”, caracterizó. “Me parece sumamente antojadiza la calificación”, reiteró.
